El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) analizó en su sesión plenaria las denuncias e informes de los graves daños detectados tras el reciente intento de instalar una antena de telefonía móvil en la cumbre del Cerro Grande La Compañía, en Graneros.

En dicho sitio se encuentra- entre otros elementos- un pucará reconocido como Monumento Histórico en 1992 y que a su vez es Monumento Arqueológico por el solo ministerio de la ley, el cual constituye una de las edificaciones más australes que se conservan del Imperio inca.

En razón de ello y de todos los antecedentes analizados, el CMN acordó en forma unánime enviar los antecedentes al Ministerio Público, haciendo la denuncia por el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo 38 de la Ley 17.288; remitir el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe las acciones judiciales pertinentes en representación del CMN contra quienes resulten responsables; y oficiar también a la Superintendencia del Medio Ambiente, realizando la consulta respecto del proyecto y el ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la sesión se informó que las obras de instalación de la antena fueron paralizadas por el CMN el 8 de junio, y que ya hay una investigación en curso ordenada por la Fiscalía de Graneros a cargo de la PDI. Adicionalmente, los consejeros analizaron en detalle el informe sobre los daños verificados en el sector, tanto por los trabajos de excavación para la colocación de la antena como por la afectación de elementos constitutivos del paisaje cultural.

[Te puede interesar]: Graneros: Denuncian que empresa telefónica destruyó patrimonio histórico para instalar antenas

Los consejeros recibieron en su sesión del miércoles 23 de junio al alcalde de Graneros, Claudio Segovia, quien formuló la primera denuncia por intervención no autorizada en el Monumento; a los arqueólogos María Teresa Planella y Rubén Stehberg, investigadores expertos en los sitios arqueológicos del cerro La Compañía; y a Luis Maldonado Croquevielle, representante de la Sociedad Agrícola Mesquihue Ltda., propietaria del cerro. El dueño -tras lamentar la afectación que ha sufrido el monumento- manifestó formalmente su voluntad de donar al Estado el sector en que se emplaza el pukará y los demás rasgos arqueológicos asociados, por la vía de la conformación de una mesa de trabajo.

Al respecto, los consejeros valoraron la apertura de una vía de solución, y por eso acordaron “constituir una mesa de trabajo para avanzar en lo concerniente a la entrega del bien al Estado”. Además, se acordó abordar en dicha instancia la “delimitación, protección, reparación, recuperación arqueológica y ambiental y puesta en valor (del sitio), analizando las materias relevadas por la Comisión Asesora Regional de Monumentos Nacionales (como el retiro de antenas, educación, difusión y participación comunitaria), con participación del CDE y de las entidades regionales”.

La mesa de trabajo y sus integrantes se definirán y constituirán en los próximos días.