La Copa América comenzará finalmente el próximo domingo en Brasil, después de que la Corte Suprema rechazó este jueves tres recursos que intentaban impedir el torneo de fútbol suramericano por la altísima incidencia del COVID-19 en el país.

El último escollo judicial que restaba para la celebración del torneo cayó en el Tribunal Supremo, que en una decisión mayoritaria ratificó la jurisprudencia ya sentada por la corte en el sentido de que la última palabra sobre eventos deportivos en plena pandemia la tiene cada uno de los gobernadores de los 27 estados del país.

En términos futbolísticos, el fallo caminaba hacia una “goleada”, pues los primeros seis de los once miembros de la corte que votaron rechazaron las tres demandas contra el torneo intentadas por dos partidos políticos y un sindicato, con lo que le dieron carácter definitivo a la sentencia.

En esas acciones se alegaba el descontrol de la crisis sanitaria en un país que ya suma casi 480.000 muertos y que estaría a las puertas de una nueva ola pandémica, como argumento para impedir la realización del campeonato que reunirá a diez selecciones de Sudamérica.

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La única salvedad que puso el tribunal es que sea presentado un protocolo de seguridad, que según la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) será similar al de otros torneos que se celebran en Brasil y la región, que mantienen a las delegaciones en rígidas “burbujas” y con partidos disputados sin público.

La decisión del Supremo estuvo apoyada en el voto de la instructora del caso, Carmen Lucia Antunes, quien subrayó que ya en sentencias anteriores el tribunal había determinado que gobernadores y alcaldes tienen la potestad de suspender o liberar actividades en sus territorios, sean económicas, sociales e incluso deportivas.

En este caso particular, Antunes dijo que “a ellos cabe definir, hacer cumplir y controlar los protocolos para que no haya una 'copavirus', que sea fuente de infecciones y transmisión de nuevas cepas”.

Apuntó además que las autoridades locales, “si fuera el caso”, podrán ser responsabilizadas en el futuro “por sus decisiones administrativas” y las consecuencias que eventualmente generen.

La jurisprudencia que dio base al fallo ha sido condenada en diversas oportunidades por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien acusa a gobernadores y alcaldes de haber “destruido empleos” al suspender actividades económicas para contener el COVID-19.

Sin embargo, esa misma base legal permite ahora la celebración de un torneo que el ultraderechista Bolsonaro no dudó en aceptar una vez que Argentina y Colombia desistieran de organizarlo.