Crecí en Paine, una comuna al sur de Santiago conocida principalmente por la producción de sandía. Como buena painina, no sólo esperaba que entrado el verano en la casa se repartieran los trozos al postre, sino que me tocaba, además, ver todo el proceso que realizaban mis vecinos para cultivar y cosechar. Lamentablemente, desde hace algunos años cada vez son menos las familias de la comuna que, entrado septiembre, se ponen a sembrar. La razón es simple: si bien la sandía es una fruta que crece sin dificultad, necesita mucha agua para su crecimiento, pero a medida que avanzan los meses del año los paisajes de Paine y la provincia del Maipo se ven cada vez más áridos y el río más estrecho.

Al imaginar esta escena, podríamos pensar que el agotamiento de los recursos hídricos de las zonas rurales de la Región Metropolitana se debe exclusivamente al cambio climático y la sequía o el desarrollo de la agricultura tradicional. Pero esta tesis se refuta al visitar el sector: mientras algunos predios se secan rápidamente, hay otros con el pasto verde y produciendo como si nada. Los primeros son de familias del sector. Los segundos, de la agroindustria. Así, podemos apreciar que estamos ante un problema de distribución y extractivismo, pues de las 14 comunas que conforman el Distrito 14, la única que no ha sido decretada por el Ministerio de Obras Públicas como Zona de Escasez Hídrica es Alhué.

El problema, evidentemente, supera la existencia de las industrias agrícolas, ganaderas y de ripio del sector, pero la evidencia científica nos permite entender que la desregulación de estas empresas ha acelerado el avance del cambio climático y la sequía en nuestras comunas. Esto no sólo se expresa en las zonas rurales de Santiago. De acuerdo al último Balance Hídrico Nacional desarrollado por expertos de la Universidad de Chile para la Dirección General de Aguas, las cuencas de Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre un 13 y un 37% y estima que, a nivel nacional, la escasez de agua aumentará en un 50%. Las temperaturas, en consecuencia, aumentarían alrededor de 2,5°.

Con todos estos antecedentes podemos entender que el cambio climático es una realidad y debe ser una prioridad para el país establecer formas de desarrollo conscientes con el entorno, además de regular con urgencia el uso y la distribución del agua, porque la actual Constitución ha privilegiado la libertad del empresariado por sobre las necesidades económicas de quienes habitamos por años las comunas periféricas de la Región Metropolitana. Por dar un ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, que obliga a las empresas a destinar parte de sus utilidades en proyectos que aporten a los lugares donde están establecidas, no logra menguar el impacto ambiental mi social de la escasez hídrica. En otras palabras, la falta de agua en los sectores rurales no se traduce sólo en un déficit para el día a día, sino que ha arrancado espacios para la distensión de las comunidades e incluso obliga a las familias a cambiar su actividad para la generación de ingresos.

Como pasó con el río Angostura, lugar donde generaciones de personas alguna vez jugamos, pasando de ser un lugar de recreación popular y hábitat de muchísimas especies a una acequia, quebrando con una tradición local de generaciones, terminando con cientos de familias que vivían de la agricultura y debieron dejar el rubro para trabajar en la ciudad. A este escenario hay que sumarle que, en estos momentos, la única herramienta con la que contamos las comunidades locales para defender nuestro entorno, nuestra vida y nuestra cultura es la movilización social, pues las instituciones están creadas para darnos la espalda. Hace pocos años se presentó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una planta de la CCU que hubiese secado más aún las cuencas del sector. Fue gracias a la movilización de muchas paininas y paininos, que nos opusimos y organizamos en torno a la instalación del proyecto y logramos que se diera marcha atrás a la iniciativa.

Por este motivo es tan importante abrir nuestra democracia en la Convención Constitucional generando espacios de participación vinculante para las comunidades locales, creando mecanismos donde la ciudadanía sea un actor clave en la toma de decisiones que afecten nuestro entorno, garantizando los derechos necesarios para el bienestar social y económico del país, partiendo por garantizar el acceso y el derecho al agua.