OPINIÓN | Invitados de piedra: Las transmisoras eléctricas y su relación con los territorios
Los ejecutivos de las compañías de transmisión eléctrica y en general quienes promueven el modelo de extractivismo energético, suelen quejarse públicamente de las demoras que ellos consideran injustas o injustificadas en el desarrollo de sus proyectos de inversión. En particular, acusan un “abuso” por parte de la ciudadanía, de la judicialización de los procesos de evaluación ambiental y de las servidumbres.
Así por ejemplo, en el año 2012 cuando se discutía la nueva Ley de Transmisión, el instituto Libertad y Desarrollo iniciaba una publicación señalando que “El desarrollo del sistema de transmisión ha enfrentado una serie de dificultades en el último tiempo, producto de las demoras en las tramitaciones ambientales y en la obtención de concesiones y servidumbres eléctricas, la creciente oposición ciudadana al desarrollo de líneas, la falta de holguras en el sistema y las consecuentes demoras en la realización de las obras.”
Ocho años después, y pasados cinco años desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Transmisión, en el número 246 de la Revista Electricidad, Sebastián Fernández, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec, aún situaba entre los tres primeros desafíos de la regulación ambiental (de diez que son incluidos), textualmente los siguientes:
“1. Mejoramiento al estudio de franja troncal, de manera de hacerlo más flexible, menos costoso y que genere menos interferencia de oportunistas. Además, que este estudio efectivamente otorgue los permisos que requiere el concesionario o, a lo menos, dé certezas respecto de los plazos y condiciones para su obtención.
- Acortar los plazos asociados a la tramitación de concesiones eléctricas.
- Establecer herramientas efectivas que impidan la paralización de las obras utilizando cualquier subterfugio” (El destacado es nuestro).
Sin embargo, esta crítica, a veces directa y a veces solapada dirigida hacia terceros, omite que en un modelo pro-inversión que le otorga todas las facilidades a la empresa, es extremadamente reducido el repertorio de herramientas (o subterfugios, diría Fernández) con el que contamos los/as afectados/as por estos proyectos para defendernos de las enormes intervenciones que nunca quisimos y por las que nunca nadie nos preguntó.
Por otra parte, asumir que las personas que dedican horas, días, meses y hasta años de su vida para defender el territorio de un proyecto que no generará ningún beneficio local, lo hacen solo por oportunismo, deporte, hobby o ambición, demuestra una frivolidad y falta de empatía que solo se puede entender como parte de la desconexión que vive la élite respecto del resto del país. Abismo que no pueden disimular ni contratando a un pelotón de jóvenes consultores/as de aspecto cándido haciendo “relacionamiento comunitario”.
Estas empresas se harían un favor si es que en vez de victimizarse vieran que es la deficiencia de los estudios de impacto ambiental y las negociaciones a nivel particular y comunitario, lo que determina aquella tendencia en la que la sociedad civil, contando con la infinitésima parte de los recursos de los que disponen estas empresas, decida hacer frente a este desbalance absoluto de poder con las pocas herramientas de las que dispone.
Esas comunidades y esas personas que a la vista de los ejecutivos somos movidas por el ocio, el capricho o la ambición, en realidad estamos dispuestas a ese sacrificio para defender nuestros territorios, antes que aceptar un proyecto en los términos que se nos plantea. La expectativa de quizás perder mucho en el camino es más atractiva que dejar que la empresa haga lo que quiera, porque lo que perderemos difícilmente será peor que lo que la empresa intenta hacer.
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Al quejarse de la judicialización de sus proyectos, los ejecutivos reconocen involuntariamente la mediocridad de su trabajo para con los territorios. El caso del proyecto de Transelec de la Línea de Transmisión Nueva Tineo – Nueva Ancud, es un buen ejemplo en este sentido. Aquí, en lo que va del proceso de evaluación ambiental se ha podido ver un juego arriesgado y especulativo por parte de la empresa; el de entrar en la evaluación ambiental demostrando un mínimo esfuerzo posible, en todo ámbito, científico, técnico y comunitario, apostando a la indiferencia o a la pasividad de los actores del territorio.
Nadie puede negar que el de Transelec es un pésimo proyecto, con deficiencias feroces tanto en la línea de base como en el diseño, lo que ha sido reconocido tanto por las instituciones evaluadoras como por la ciudadanía que concretó más de 150 ingresos de observaciones a la participación ciudadana.
Por cómo funciona el sistema de evaluación, este simulado “auto-boicot” por parte de los titulares de proyectos de esta envergadura se ha vuelto tan tendencial como la judicialización de los procesos, y por más que se quejen luego los ejecutivos, lo hacen porque reporta claros beneficios a sus intereses. Por ejemplo, resulta conveniente para ellos restringir el marco de los esfuerzos y los compromisos contenidos en una RCA solo a aquellas pocas cosas que la ciudadanía – y parte de las instituciones con mayor vocación territorial- con sus limitaciones técnicas y económicas pueden identificar como errores, debilidades o injusticias.
Por otra parte, es más fácil aparentar mejoras y agotar las instancias de revisión durante la evaluación si es que se parte desde más abajo en términos de calidad. La clave para el titular parece ser presentar lo suficiente para que el proyecto no sea rechazado anticipadamente, pero no lo suficiente como para que la ciudadanía pueda conocer y entender oportunamente cuál es el proyecto real y los impactos a los que finalmente se enfrentarán, al menos hasta que ya sea muy tarde.
Esto es tan claro en el caso de Transelec, que incluso un grupo de consultoras/es que fue contratado para levantar un importante elemento del componente de biodiversidad, denunció a través de las observaciones ciudadanas que su trabajo no había sido incluido en el informe ¿por qué la empresa decide hacer esto y no presenta información relevante pese a tenerla? ¿Cuánto más omite la empresa en su estudio de impacto? ¿Por qué no revela, por ejemplo, buena parte de sus metodologías?
Independiente de las respuestas a estas preguntas, la estrategia de la empresa tiene una consecuencia muy concreta; la ciudadanía termina viéndose restringida en sus posibilidades de expresión a través de la participación ciudadana tanto en forma como en contenido ¿por qué les extraña entonces a los ejecutivos que los proyectos se judicialicen si ellos mismos han hecho esfuerzos por transformar la participación ciudadana en algo banal, superfluo y teatral?
Transelec se presentó en el territorio de Chiloé vendiendo una imagen de inmejorables vecinos, benevolentes a más no poder. Sin embargo, ¿qué vecino puede ser bueno y al mismo tiempo ocultar información sobre los planes que van a afectar la vida de todos los demás vecinos? ¿Qué buen vecino dice que llega para ayudar cuando viene a hacer un rentable negocio?
Además, la metáfora del vecino, que dicho sea de paso es de verdad usada por los representantes de la empresa, es fantasiosa y muy insuficiente para describir la real relación de este proyecto con el territorio. Para las comunidades y personas que habitan un territorio rural, que se relacionan día a día con su paisaje y que dependen recíprocamente de él, estas grandes inversiones no llegan para instalarse en el “sitio de al lado” – como lo haría un buen o mal vecino-, sino que vienen a imponer sus planes dentro de la propia casa de estas comunidades, es decir, en el seno de su espacio vital. Esto es especialmente importante en el caso de las comunidades huilliches que han construido un sistema complejo de relaciones con su entorno, especialmente llenas de significado simbólico y material del cual depende la reproducción de su vida comunitaria.
En definitiva, Transelec se ve a sí mismo como un buen vecino, pero al ocupar el espacio vital de muchas personas sin que nadie del territorio los haya llamado, se comporta en realidad como un invitado de piedra, y como el peor de ellos; llega para quedarse sin ser invitado, imponiendo su visión y destruyendo lo más íntimo de los proyectos y las formas de vida de quienes habitan desde antes estos hogares, estos territorios y, no conforme con eso, los llama oportunistas.
Y se meten en estos espacios de vida de la peor forma posible, cultivando la mentira, la manipulación y la desconfianza. Esta miopía, o quizás la facilidad con la que se engañan a sí mismos con la gran mentira que son sus políticas de sustentabilidad, les impide entender que la judicialización de los proyectos, que implica enormes costos y sacrificios para las comunidades locales, es enteramente responsabilidad de ellos y de la calculada mediocridad con la que intentan jugar sus cartas para alcanzar la mayor rentabilidad, con el mínimo esfuerzo. ¿Quiénes son, entonces, los oportunistas?
