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“Tuvo ánimo homicida”: La cuestionada condena contra uno de los presos del estallido social de San Antonio
Después de un año y dos meses en prisión preventiva, el martes 13 de abril, Jordano Santander Riquelme (36) y su familia conocieron la sentencia a la que fue condenado la cual suma más de siete años. Después de largas audiencias por zoom en el Tribunal Oral de San Antonio, esa tarde la justicia estableció que Jordano había cometido los delitos de daños reiterados, receptación y homicidio frustrado contra un PDI. Tania Parada, su pareja, lo vio tranquilo por la cámara. Era inesperado, pero aun así él trató de darle ánimo en la conversación que tuvieron después.
"Sigue firme en su lucha, sabe que es injusto", dice Tania.
Antes de ser detenido, Jordano trabajaba como repartidor de gas en San Antonio y vivía junto a Tania y su hijo de 12 años. Se habían sumado activamente a las manifestaciones por el estallido social durante esos meses. La manifestación del “súper lunes”, el 3 de marzo de 2020, fue el día clave. Al igual que en el resto del país, las movilizaciones se activaron en la ciudad y Carabineros fue reforzado con funcionarios de la PDI para dispersar los focos de protesta. Jordano junto a tres amigos, Claudio Bravo, Jorge Hernández y Patricio Alvarado, fueron en su auto al cuartel de la PDI y a la Fiscalía donde dispararon balines metálicos contra la mampara de sus puertas principales y los vidrios. Un guardia –dice la sentencia– fue el que anotó la patente con la que luego pudieron ubicarlos.
Esa noche Jordano recibió el llamado de Tania avisándole que habían entrado a robar a la casa de una vecina. Él se devolvió para ayudarle y se ofreció para ir a buscar el televisor que le habían robado por el centro y el muelle de San Antonio. Iba con los mismos amigos en camino, cuando vio a una camioneta que lo quería chocar y otro vehículo por delante. A los minutos, detuvo su vehículo cuando se dio cuenta que eran policías, aunque no andaban con logos. Al momento de su detención, uno de los funcionarios de la PDI señaló que Jordano habría tratado de atropellarlo.
Los cuatro, en su declaración posterior, denunciaron que fueron golpeados hasta llegar al cuartel de la PDI, los hicieron arrodillarse, les apretaron las esposas y le decían que lo iban a matar. Los golpearon fuertemente en la cabeza: a Claudio le reventaron un oído y a Jorge le produjeron un TEC cerrado. Una vez en el penal, los mantuvieron desnudos en el calabozo por casi una hora. Por estos hechos, presentaron una querella por torturas contra los funcionarios policiales.
Las inconsistencias
Desde ese momento, Jordano quedó en prisión preventiva en la cárcel de San Antonio. La Fiscalía lo acusó bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado por atacar el cuartel de la PDI y la Fiscalía, además, del delito de recepatación por portar en su maletero productos de saqueo de una farmacia -los mismos por los que acusaron a los otros tres hombres- y por homicidio frustrado. Los daños a ambos edificios los avaluaron $4.000.000 en total, mientras que al vehículo en $500.000. Por esto la pena para Jordano fue de cinco años y un día por el homicidio frustrado, 540 por los daños calificados y 300 días receptación. La sentencia fundamentada en los testimonios exclusivamente dados por funcionarios de la PDI y la Fiscalía, ha dejado, sin embargo, dudas e inconsistencias para su defensa. [Revisa aquí la sentencia completa]
Betsabé Carrasco es una de las abogadas del caso, es experta en derechos humanos y ha tomado otras tantas causas ocurridas durante el estallido social. Explica que las incongruencias dicen relación con el “ánimo homicida”, que los PDI declararon durante el juicio, que Jordano habría tenido para embestir su auto contra ellos. Lo que señalaron ante el tribunal fue que al no lograr impactar a uno de los funcionarios policiales que buscaba detenerlo, lo hizo contra su auto. Las imágenes captadas, sin embargo, no son coincidentes: el vehículo de Jordano no muestra abolladuras; mientras que el de la PDI se encuentra chocado. Por otro lado, agrega Carrasco, el funcionario policial que atestiguó no tenía ningún tipo de lesiones.
[caption id="attachment_658348" align="alignnone" width="2560"] Auto de Jordano Santander/auto de funcionarios de la PDI.[/caption]
“Hay tres testigos que dicen que Jordano le tiró el auto a este funcionario. El “ánimo homicida” no es un delito, sí el homicidio frustrado, pero eso es lo que declararon los funcionarios (…) Aquí no es que no haya pruebas, sino que a juicio nuestro es que no son contundentes ni concordantes para acreditar que existió esa intencionalidad de querer matar a un funcionario policial y condenarlo por eso”, señala Carrasco. También explica que ese día los policías portaban metralletas UZI, mientras que los hombres no tenían ningún tipo de armamento en el vehículo.
El camino de la defensa ha sido presentar en estos días un recurso de nulidad argumentado que con dichas pruebas no se puede arribar a la condena. Otro antecedente que suma es que la Fiscalía y PDI fueron los que llevaron la investigación, cuando también la PDI fue denunciada por torturas. “No hubo un tercero imparcial que a analizara la situación”, advierte Carrasco.
Ley de Indulto en comisión de “Seguridad Pública”
El caso de Jordano Santander fue expuesto este miércoles en la comisión de Seguridad Pública del Senado, a propósito de la discusión por la tramitación del proyecto de ley que busca indultar a los detenidos por hechos ocurridos durante el estallido social. El proyecto dio su primer paso en la comisión de Derechos Humanos del Senado siendo aprobado a finales de enero. Sus impulsores, entre ellos los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz y Alejandro Navarro, lo definen como una salida política a los partícipes de la revuelta social que ha impulsado el proceso democrático posterior, además, como una medida de reparación ante las extendidas prisiones preventivas y faltas en el debido proceso. Por otro lado, sus detractores han dicho que se trata de una “amnistía impropia” que concedería libertades a personas acusadas por hechos graves.
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Jorge Ulloa, padre de Diego Ulloa acusado de desórdenes públicos y de porte de elementos incendiarios y uno de los voceros de los presos y presas durante el estallido, dice que no tenían contemplado que el proyecto pasara por la comisión de Seguridad, que más bien ve como una estrategia para retrasar lo más posible su tramitación. “Hemos conversado con partidos políticos, tenemos respaldo de organizaciones sindicales y sociales para levantar apoyo”, dice. Los casos en los que se ha dedicado mayor debate han sido los que involucran homicidios frustrados, precisamente como el de Jordano. “Aquí no hay funcionarios policiales heridos, son interpretaciones de ellos mismo en las que se sustentan las condenas”, acota Ulloa.
El abogado Jaime Fuentes, que asesora a familiares de presos del penal Santiago 1, explica que de esta comisión participarán expertos en derecho penal con enfoque de derechos humanos, como integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la académica de la Universidad de Chile, Mirna Villegas. “Estamos confiando que no estaríamos otorgando libertades a homicidas, ni violadores, lo que tratamos de establecer es que en una sociedad democrática debe existir un debido proceso como corresponde. El 90% de los chicos son estudiantes universitarios, trabajan o tienen familia, es decir, aportan a la sociedad, el hecho de decir que son un "peligro de la sociedad" cuando no tienen antecedentes atenta contra el delito de presunción de inocencia que establece la Carta Fundamental”, plantea.
La comisión está conformada por los senadores Francisco Huenchumilla (DC), su presidente, quien estaría llano a aprobar su idea de legislar, Jaime Quintana (PPD), José Miguel Insulza (PS), Marcela Sabat (RN) y Felipe Kast (Evópoli).
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