La seguridad de los periodistas venía disminuyendo en Chile desde antes del estallido social de octubre de 2019 y se mantiene endeble en la actualidad, aunque la pandemia redujo las manifestaciones, alertó este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Pese a que las manifestaciones públicas se han reducido mucho por la emergencia sanitaria, la violencia contra la cobertura periodística no ha disminuido”, señaló la SIP en su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami.

Aunque a menor escala, las movilizaciones no han cesado, desde que el 18 de octubre de 2019 comenzara en Chile una ola de protestas contra la desigualdad y en reclamo de reformas socioeconómicas, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, con denuncias por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

El organismo expuso que los periodistas y comunicadores se han visto expuestos en todo este tiempo a acciones violentas al cubrir manifestaciones.

Ello “ha llevado a que en su mayoría no porten distintivos del medio al que pertenecen, capturen imágenes en lugares distantes o con cámaras públicas, o simplemente opten por usar teléfonos inteligentes”.

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En su informe, la Sociedad apuntó además a la violencia que se vive en el centro-sur del país por el conflicto mapuche, adjudicando las agresiones a “grupos radicalizados” que han afectado a los periodistas.

En este sentido, la SIP dio cuenta del ataque que sufrió a finales del pasado marzo un equipo de TVN, cuando Iván Núñez y Esteban Sánchez fueron interceptado por un grupo que les cuestionó haber entrevistado a Héctor Llaitul y cinco minutos después fueron atacados con armas.

El organismo internacional repasó que el equipo recibió múltiples impactos de bala en la camioneta en que viajaban. Tres disparos alcanzaron a Sánchez, camarógrafo del canal estatal, quien quedó en estado grave y perdió la visión en un ojo.

Espionaje a periodistas

El informe de la SIP también deja constancia de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de un presunto caso de espionaje de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) iniciado en 2017 y que habría afectado a un grupo de periodistas que investigaban casos de corrupción al interior de la institución castrense.

Este espionaje especialmente tendría en el punto de mira al periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario fraude conocido como “Milicogate”.

“Si bien se trata de hechos que todavía deben dilucidar los tribunales y que en general tienen carácter reservado, llama la atención el silencio de las autoridades políticas pese a la gravedad de las denuncias”, señaló la SIP.

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Según lo que conoce la sociedad internacional sobre la denuncia, funcionarios de inteligencia habrían interceptado -con autorización judicial obtenida con antecedentes supuestamente falsos-, los teléfonos de periodistas, y solicitado los registros públicos de Weibel y sus familiares.

El Ejército señala que las labores de inteligencia se ajustan al marco legal y están sometidas al control de las autoridades civiles, con la revisión de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados, y que no puede legalmente referirse a estas actividades de forma pública.

De acuerdo con la SIP, fuentes cercanas al Ejército agregan que el foco de la intervención no habría sido el periodista, sino la fuente, que era un oficial en servicio activo.

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