El sector energía es el responsable del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, por tanto, uno de los más urgentes de modernizar en el contexto de la Emergencia Climática que apremia a las sociedades humanas en la actualidad. En ese sentido, en el 2020 nuestro país se comprometió a lograr la carbono neutralidad en 2050, alcanzando su peak de emisiones en 2025, lo cual quiere decir que en los años que restan, Chile debería incluir la disminución del uso de hidrocarburos entre sus acciones para llegar a un punto en que las emisiones sean casi nulas.

El escenario parece desafiante si se considera que al día de hoy los combustibles fósiles sustentan cerca de un 60% de la capacidad instalada nacional en base a energías térmicas (gas, carbón y petróleo), mientras que un 40% del total de la generación bruta de electricidad proviene de la quema de carbón por parte de las centrales termoeléctricas, según señala el Atlas del Carbón 2020: hechos y cifras de un combustible fósil (versión latinoamericana), documento recientemente publicado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

El dilema de la descarbonización

La urgencia por acabar con el uso del carbón aumenta al observar que todas las centrales termoeléctricas se concentran en cinco zonas del país, las cuales se han denominado “Zonas de Sacrificio” por la carga ambiental a la que están sometidas y en las que se identifican las comunidades de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Ventanas y Coronel.

Por estos y otros motivos, en junio de 2019 el Gobierno anunció el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón, el cual comprometió el cierre de todas las centrales termoeléctricas carboníferas al 2040, y consideró una primera fase para apagar ocho de las 28 unidades presentes en el territorio nacional.

Esta primera etapa avanzó en el cierre de las primeras cinco unidades termoeléctricas hasta 2020, según identifica el capítulo de Energía del Balance Ambiental 2020 de Fundación Terram, y aunque actualmente hay otros seis cierres comprometidos al año 2024, aún no existe una fecha clara de cierre para el resto de 17 unidades del sistema e, incluso, en 2019 se inauguró una nueva central –y la más grande construida a la fecha- en Mejillones, en medio de la aprobación de este ambicioso plan.

[Te puede interesar]: Retrocesos, avances y desafíos para las Zonas de Sacrificio

“Si bien es cierto que este primer año el plan ha anticipado que se apaguen unidades adicionales, esto solo confirma lo que desde Fundación Terram y otras organizaciones hemos afirmado reiteradas veces: el plan, pudo haber sido mucho más ambicioso desde el principio y, de esa forma, presentar un cronograma de cierre y desmantelamiento total de las centrales al 2030 o incluso antes, al 2025, como propone un proyecto de Ley que ahora se está tramitando en el Congreso”, señala Gary González, economista de Fundación Terram.

Asimismo, desde la coalición Chao Carbón, red que reúne a 16 organizaciones socioambientales de todo el país, apuntaron al subsidio que propuso el Gobierno para sustentar el cierre de estas centrales, denominado Estado de Reserva Estratégica, el cual considera mantener funcionando estas unidades hasta incluso cinco años después de apagadas, para ser utilizadas en caso de emergencia, lo cual será subvencionado por el Estado. Este subsidio “genera un manto de duda sobre si Chile finalmente habrá eliminado el carbón al año 2040”, señala por su parte González desde Fundación Terram.

Por otro lado, uno de los conflictos latentes en el uso del carbón, es la explotación de este recurso en Isla Riesco, en la Región de Magallanes, comunidad que se mantuvo en una larga lucha para limitar el uso de tronaduras en la Mina Invierno -propiedad de los grupos Angelini y Von Appen- hasta 2020, luego que la empresa anunciara paralizar definitivamente las faenas de la mina y el Complejo Portuario Isla Riesco, tras la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia de suspender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y ordenar iniciar un proceso de participación ciudadana para el uso de tronaduras.

Si bien la empresa no ha renunciado a su RCA, este hecho marca un precedente en el uso del carbón, ya que constituye el yacimiento más grande en Chile de este combustible fósil, y es uno de los principales proveedores de materia prima para las termoeléctricas que aquejan a las Zonas de Sacrificio.

El desafío de las renovables

En paralelo al plan de descarbonización, el impacto de las energías renovables no convencionales (ERNC) parece ser cada día mayor, sin embargo, aún su protagonismo no es tal para cubrir todas las necesidades energéticas que tiene el país, estancando así el paso de un modelo sustentado en los combustibles fósiles (con sus archiconocidos impactos ambientales) a uno más sostenible en el tiempo. Es así como al día de hoy, estas alcanzan una capacidad instalada equivalente al 24,8% del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Uno de los instrumentos que pretende potenciar la transición energética es el Impuesto Verde, el cual se reformó en 2020 a través de la Ley de “modernización tributaria” (Ley Nº 20.210),  sumando nuevas industrias afectas a este impuesto y estableciendo que las empresas tegan la posibilidad de compensar sus emisiones para no pagarlo. Sin embargo, desde la ONG nacional enfatizan que este sigue siendo demasiado bajo (cinco dólares por tonelada de CO2), y que las industrias continúan prefiriendo pagarlo, a implementar tecnologías que disminuyan su impacto.

[Te puede interesar]: Organizaciones de la sociedad civil inician proyecto sobre Transición Justa en América Latina

Otro desafío en esta materia es gestionar adecuadamente la nueva apuesta nacional por el hidrógeno verde, el cual consiste en extraer hidrógeno (H) utilizando un método llamado “electrólisis”, el cual necesita agua y energía. “La energía proviene de fuentes renovables como la solar o eólica, lo que le permite al hidrógeno adoptar su carácter de “verde”, haciendo referencia a la huella de carbono que deja el proceso de su obtención cuando no se produce en base a combustibles fósiles”, señala Fundación Terram en su Balance.

“Sin embargo, aún deben resolverse algunos problemas, como son la gran cantidad de agua que se utiliza en el proceso, así como la forma en que se almacena y transporta el mismo hidrógeno”, enfatiza Gary González, como uno de los puntos débiles de esta alternativa.

Con todas estas dificultades, al día de hoy Chile es uno de los países con más potencial y proyección para producir este tipo de energía en Latinoamérica, la cual podría incluso llegar a exportarse. Sin embargo, antes que ello, queda esperar para ver si estas, entre otras promesas, se convierten en una realidad que logre dar un respiro a las Zonas de Sacrificio del país.

[Te puede interesar]: El hidrógeno verde ¿es la solución al cambio climático?