En 2018 el movimiento feminista se tomó las universidades del país exigiendo la salida de profesores y compañeros acusados de ser abusadores sexuales, entre otros temas que las estudiantes pusieron en debate. La Universidad Católica del Norte no fue la excepción. Al interior del plantel, las estudiantes se organizaron en una Asamblea de Mujeres que trabajó durante dos meses un extenso petitorio de medidas con perspectiva de género. Era la primera vez que se discutía sobre el tema.

Camila* es una ex estudiante egresada de la carrera de Geología que participó activamente de este proceso. Cuatro años antes había sido víctima de abuso sexual por un compañero de su carrera al que decidió denunciar.

“Esto no se lo había contado a nadie porque me daba vergüenza, pensaba que era mi culpa y todas esas cosas que una piensa cuando cree que no la van a escuchar. No podía tampoco ir a preguntarle por qué había vuelto si era un abusador. Hasta que, con la movilización, en una asamblea, una chica pregunta por él, por lo que había pasado y dijo que era un peligro para nosotras. Nos imaginábamos lo que pasaría con las salidas a terreno donde nos íbamos a acampar por 10 días o más”, relata a El Desconcierto.

Después de un largo proceso se llegó a una resolución que exigió al estudiante presentar un certificado emitido por un profesional de salud mental que acreditara estar en condiciones para continuar con su proceso académico. Él había congelado un semestre y después se reintegró. Por la información que tenía Camila, hasta ese momento él no había cumplido con ninguna de esas exigencias. Tampoco sabía de las medidas que tomarían para no encontrárselo en los mismos espacios de la universidad. Esto se lo comunicaron a las autoridades académicas que, sin embargo, no le dieron ninguna solución.

Las denuncias por abuso se manejaban con total hermetismo al interior de la universidad, tanto que muchos académicos no se enteraban de estas situaciones. Más aun, Camila cuenta que tampoco tenían habilitado un mecanismo para las denuncias hasta que ellas les hicieron saber lo imprescindible que era.

En esa búsqueda de acelerar estos procesos, lograron generar un canal de comunicación con una de las profesoras de postgrado, Adriana Aránguiz. Ella era profesora de Doctorado e integrante de la Comisión de Género de la carrera. Además, era una profesora muy reconocida por sus investigaciones entre las alumnas en una carrera donde la mayoría de los referentes eran hombres.  Romina* otra ex estudiante y actual geóloga egresada de la universidad, la recuerda como una persona acogedora, en la que pudieron confiar cuando sus compañeras comenzaron a develar casos de violencia. “Nos ofrecía ayuda: ‘chicas si necesitan abogados quizás podemos encontrar algo’, nos decía y así con todos los temas”, precisa.

A esto, Camila complementa: “Jamás dijo algo como ‘lo voy a pensar’ o ‘hay que averiguar’, siempre dijo hay que hacer algo y las voy a ayudar. Desde el primer momento me apoyó. Yo me sentí más aliviada porque cuando fui a hablar con Adriana estaba muy deprimida. En ese momento estaba aún con psiquiatra, psicóloga, de tanto que habíamos peleado en la universidad. Hablé con todo el mundo, con el decano, con la directora general de pregrado, con el director general estudiantil, la coordinadora, con el deportivo de la universidad y nadie podía hacer nada, nadie quería hacer nada. Todos me decían que era terrible, pero que no podían hacer nada. La Adriana fue la única que no me dijo eso. Fue la única que dijo hay que hacer algo y vamos a seguir insistiendo. Sentí un alivio al sentir que alguien de verdad nos quisiera escuchar”.

Correos y salida

Fue así como Adriana comenzó a insistir a las autoridades académicas para que respondieran sobre estos sumarios que demoraban tanto tiempo, que las estudiantes egresaban y nunca veían solución a sus problemas. Redactó reiterados correos exponiendo el incumplimiento de estudiantes que habían sido acusados y la falta de medidas de protección. “La dilatación en la ejecución de su sanción ha ido magnificando una sensación de impunidad entre las estudiantes de la carrera. Desde ayer en RRSS (Instagram) circulan denuncias de muchas de las víctimas de este sujeto. Se menciona a la UCN, y en particular a la carrera de Geología y a su jefe de carrera como encubridores del sujeto. Les informo y pongo en vuestro conocimiento con el propósito de que se tomen las medidas necesarias para hacer cumplir esta sanción, ya que el estudiante está ad portas de titularse”, se lee en un correo electrónico que redactó el 27 de julio de este año al Departamento de Ciencias Geológicas.

La respuesta, entonces, la dio Eduardo Campos, Director de Departamento Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas: “Hola Adriana, espero que te encuentres bien de salud junto a tus cercanos. En relación a tu correo agradezco la información que nos transmites, lamentablemente no está en nuestras manos evaluar el nivel de cumplimiento de las sanciones en la resolución que señalas”, fue parte de la respuesta.

[caption id="attachment_626950" align="alignnone" width="1024"] Adriana Aránguiz, trabajo en terreno.[/caption]

Adriana insistió y habló directamente con el profesor guía que tenía este alumno en su proceso de titulación para cerciorarse si estaba al tanto de las medidas que debía presentar el estudiante. Ella recalcó que estos delitos de acoso por parte del estudiante no eran pasadas, sino que existían denuncias recientes, la última de marzo de 2020. “Jóvenes que señalan que las había hostigado en lugares públicos donde acostumbra masturbarse frente a ellas. Si bien el alcance de lo que decidas se circunscribe a una sanción docente que aún está pendiente, dado que no ha sido ejecutada a la fecha”, remarcó Adriana Aránguiz.

También lo hicieron como Mujeres Autoconvocadas en una carta dirigida al rector Jorge Tabilo, en agosto pasado. Aquí insistieron en que las víctimas no denunciarían bajo las condiciones de inseguridad e inefectividad de los procesos. “Nos suelen pedir que instemos a nuestras compañeras(os) a realizar las denuncias formales, pero no podemos hacer eso con convicción si sabemos que serán sometidas(os) a un proceso innecesariamente doloroso y re-victimizante, que no tendrá los resultados deseados”, manifestaron.

Pasaron algunas semanas, sin ningún cambio a la vista de estudiantes y profesoras, y Adriana fue notificada de su despido el 14 de septiembre de este año. “Como académica hicimos una carta abierta que salió en los diarios regionales y sistemáticamente he ido apoyando a estudiantes como encargada de género de posgrado”, cuenta. Su desvinculación también la asocia a un episodio previo que asegura haber provocado un ambiente hostil para ella al denunciar a su jefe directo por acoso laboral. Luego de esto se hizo un sumario, pero solo la cambiaron de unidad académica. "Mi condición académica se vio desmejorada por este cambio, porque no tenía acceso a hacer clases de pregrado y no podía dirigir tesis”, asegura.

Para ella el verdadero motivo del despido fue su activa preocupación en estos casos de acoso sexual y su participación en el colectivo feminista formado al interior de la universidad. Mientras que la universidad se acogió artículo 161° del Código Laboral por despido por necesidades de la empresa, argumentando que respondía al “complejo escenario económico y presupuestario actual que impacta a nuestra institución” por la crisis de la pandemia que hacía necesario reducir el presupuesto.

La salida de Adriana causó sorpresa al interior de la carrera de Geología, sobre todo para la Asamblea de Mujeres, de la que ella participaba, y para los estudiantes de doctorado a quienes les hacía clases. A los días de su despido este último grupo hizo pública una carta donde manifestaban su descontento por esta situación que provocaría problemas, advirtieron, para el programa considerando que Adriana formaba parte activa de la acreditación y dirección de tesis. Por otro lado, un punto relevante que hicieron notar es que era la única mujer dentro del comité y su desvinculación produciría el incumplimiento de cuotas mínimas de género dentro del comité que quedaría conformado sólo por hombres.

No es el único caso

Una situación del mismo tipo le ocurrió a Eva Reyes Gacitúa, doctora de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que trabajaba hace casi diez años en el Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte. Ella fue desvinculada en marzo de 2019 luego que presentara antecedentes sobre un presunto caso de acoso sexual por parte de un profesor del plantel. Documentos que le hicieron llegar y que puso a disposición de las autoridades competentes.

“Tomé la documentación, la fui a dejar a la universidad, hablé con el abogado y me fui de vacaciones. Cuando llegué a trabajar en marzo despiden al profesor involucrado y me despiden a mí. Me dan la documentación de haber cometido abuso sexual y de otra joven de una universidad anterior [en la que estuvo]”, relata.

Eva demandó a la universidad y ganó la tutela laboral, que establecía su reintegro, pero la universidad apeló. Finalmente, el resultado del proceso judicial falló a favor de ella porque se comprobó que existió discriminación. Ahora debe ser reintegrada a sus funciones.

Al igual que Adriana, Eva Reyes fue parte de las trabajadoras de la universidad que adhirieron en 2018 al movimiento feminista y firmaron una carta pública exponiendo las falencias del plantel para hacerse cargo de estos casos. “Cuando mi jefe supo, no estuvo de acuerdo, me indicó formalmente que no estaba de acuerdo, y me pidió incluso que hiciera un escrito para enviarlo a las redes sociales pensando de otra manera y eso dije que no lo iba a hacer”, cuenta.

[caption id="attachment_626949" align="alignnone" width="1024"] Eva Reyes Gacitúa[/caption]

Su visión es que “cualquier profesora que está involucrándose en el tema, en base a la defensa de la dignidad de los derechos humanos para las mujeres, hemos sido consideradas una amenaza y hemos sido desvinculadas, ahí está también el caso de Adriana”, agrega.

Una de las estudiantes consultadas considera que el despido de las profesoras tiene que ver con el apoyo a las causas feministas. “Lo que estoy viendo, como ex estudiante y con hartas amigas en otras carreras, es que están tratando de sacar bajo cualquier excusa a cualquier profesor que intente apoyar en las asambleas, porque cada profesora que nos muestra apoyo termina teniendo problemas. Y las otras que no muestran apoyo, saben que si lo hacen les va a pasar eso mismo”, relata.

Violencia en espacios académicos

La violencia de género en espacios académicos no son situaciones aisladas. El movimiento feminista de 2018 visibilizó algo que la academia por años ignoró, un debate que plantea Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile: “La academia hacía como si no existiera y solo existía cuando las mujeres en conversaciones privadas se contaban lo que les había pasado, cuando eran estudiantes o ayudantes. Hoy dejó de ser un tema tabú que no se pueda abordar, porque hay mecanismos para abordarlo”, dice.

La violencia que se da en estos espacios es la muestra de un fenómeno estructural, aclara: “mientras exista desigualdad, va a haber violencia”. "A partir de los movimientos este problema se ha visibilizado mucho más, dicho de otra manera, ha transformado en un problema porque antes era ignorado o tolerado. Hoy tenemos una respuesta institucional que antes no teníamos, es suficiente, no, eso de todas maneras, pero también tenemos que valorar lo que hemos logrado. Estas son peleas históricas”, resalta Carmen.

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Si bien hay universidades que han aplicado programas de género que buscan hacerse cargo de los casos denunciados y prevenir acoso sexual, es una realidad muy heterogénea en el mundo universitario, dependiendo de cuan avanzado o no esté la discusión sobre el tema. “En las universidades no se conocían ni los problemas ni su dimensión, ocurre de manera muy oculta, primero prácticamente no había denuncias, ni tampoco estudios que demostraran la existencia. Entonces, un primer paso ha sido realizar estudios internos y hacer una política de la prevención de la violencia”, señala.

Estos programas, plantea Carmen, debería considerar un plan sistemático de actividades de prevenciones, talleres, coloquios, encuentros donde se explica, se debate, se muestran las cifras, también tiene cursos de formación en términos de género y derechos humanos, un plan de capacitación para funcionarios donde se trabaja acoso laboral y sexual y la creación de mecanismos especializados.

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La Universidad Católica del Norte fue contactada para este artículo para profundizar en los motivos de la desvinculación de la profesora Adriana Aránguiz. Su respuesta fue que “se efectúo con estricto apego a lo señalado en el artículo N° 161 inciso primero del Código del Trabajo” y que el reclamo formal que ella presentó ante la Inspección del Trabajo de Antofagasta, “se encuentra finalizado con firma del finiquito respectivo”.