Parece un  momento propicio para poner el dedo en la llaga. Estoy por completo de acuerdo con la opinión de Camila Vallejo y con la opinión de una gran cantidad de ciudadanos que aprecian que los 2/3 como quórum constituyente, que en realidad se debe entender como 1/3 de quórum de poder veto, no puede ser una definición previa a la misma instancia encargada de dar valor soberano al conjunto de normas constitucionales.

Esta definición previa de quórum coloca el proceso generatriz de la nueva Carta Magna como un excelente ejemplo mundial de carencia de legitimidad, si se entiende que el pueblo es quien por excelencia ejerce la soberanía, asunto que queda claramente establecido en el artículo quinto de la actual Constitución y que no ha sido ni transformado, ni eliminado.

Una nueva Constitución Política que pretenda establecerse con total legitimidad y que exprese la soberanía de los ciudadanos, quienes se entienden capacitados para definir por sí solos el tipo de contrato social que desean definir, debe establecer sus mecanismos de legitimación asambleísta (léase “convencionalista”) de manera autónoma y soberana, porque es la base fundamental desde donde se desprenderá toda pretendida imperatividad.

Una Convención Constitucional decente y digna, debe definir en su sesión preliminar el marco normativo esencial para tomar los acuerdos para los que ha sido instituida.

Sin duda que 1/3 de poder de veto, o lo que es lo mismo, 2/3 de quórum constituyente, es una fórmula que exagera hasta el absurdo el sentido democrático del peso de una mayoría y termina consagrando el poder obstruccionista de una minoría. No obstante, el problema de fondo y lo que le hace una cuota ilegítima, no es su valor de desequilibrio, sino su pre-establecimiento sobre la base de la anulación anticipada de la voluntad soberana del pueblo representado en la instancia convencional.

Estamos al borde de iniciar un proceso de gran irresponsabilidad histórica, porque no sólo los chilenos sabemos, sino que todo el mundo está en conocimiento de las maniobras de baja política que se coordinaron en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y que definió un proceso a espaldas de lo que realmente pide el grueso de los ciudadanos en un claro movimiento destituyente.

El reciente plebiscito no representa, bajo ningún punto de vista (ni siquiera para quienes son gestores de la agenda que implica el proceso constituyente), la elección de un mecanismo que se legitime en la voluntad soberana, sino una simple maniobra espuria con nítido espíritu de extorsión; una colusión escandalosa de una casta de poder atrincherado en la institucionalidad, cuya legitimidad ha sido abiertamente abolida por la manifiesta voluntad de los ciudadanos.

Los resultados del plebiscito -en su consulta primera- son inapelables: Apruebo. Y la consulta segunda: Convención Constitucional, aun cuando aplastante, un simple  acto de posicionamiento táctico derivado de las circunstancias pandémicas y de los mecanismos de desarticulación política de masas, enmascaradas de medidas sanitarias, con un estado de excepción que más que cuidar la salud de los chilenos, lo que pretende es salvar en la UCI, el andamiaje institucional del neoliberalismo que el pueblo desea desbaratar de una vez por todas.

¿Pero cuál es el dedo en la llaga? El dedo, la sal, la pimienta y el limón en la herida, es la evidencia de que hoy la institucionalidad por sí misma no tiene ninguna posibilidad de cambiar las condiciones plebiscitadas, porque no se puede, cambiar las reglas del juego desde una decisión unilateral del Poder Legislativo, asunto que tampoco es un sacramento, porque está claro que este mismo poder se pasea la soberanía popular con desparpajo, cuando así lo estima y le conviene. PERO el problema es que en esta ocasión se las jugará por hacer como que defiende la decisión ciudadana, porque la fuerza de la ciudadanía no está en el Congreso, ni se representa en lo que ordena el resultado del plebiscito, sino que está en la calle y no basta con el Partido Comunista, encaramado ya por hartos años en las cumbres de la burocracia, y unos cuantos aliados dispuestos a trabajar por un proceso transparente y de una real soberanía ciudadana, para direccionar las decisiones concertadas por el resto de fuerzas políticas dominantes del Parlamento.

Y aquí es cuando esta demanda de eliminar la antidemocrática rayada previa de cancha del quórum de 2/3 cae con toda su acidez sobre la herida.

¿Cuál es la herida? Pues aquella que cruza transversalmente a los partidos que han nacido de la cuna social de quienes hoy demandan los cambios y exigen la soberanía: hoy queda en total e histórica evidencia la distorsión estratégica del repliegue del trabajo partidario, separándose de su base social, convergiendo en la escasa o nula capacidad de dirección de los movimientos de masas, encerrándose en la agreste arena legislativa, que pertenece con todos sus amarres y todos sus afluentes de corrupción, al dominio de quienes no les interesa cambiar -pero ni un poco- las reglas del juego que ahoga los intereses del campo popular.

Así es que si la ciudadanía, si el pueblo de Chile, quiere un proceso que no esté atrapado en una estrategia obstruccionista de sus intereses, con un 2/3 predefinido, puede y debe aprovechar el oleaje que hoy hace Camila Vallejo y el Partido Comunista, pero no puede esperar que esta demanda se gane en el Poder Legislativo, por sí sola. Eso no ocurrirá. La moción de Vallejo no es más que una seña, un saludo a la bandera, si no se acompaña por la presión real del pueblo movilizado.

Con pandemia o sin pandemia, la única vía posible de cambiar aquello que se ha definido en el plebiscito es una nueva ola de presión insostenible de los ciudadanos en la calle, para dar el paso que puede establecer un nuevo escenario y conquistar la base para operar, en la mejor condición posible, en el proceso constituyente. Presión por una segunda consulta para redefinir el mecanismo. ¿Por qué no, si la ciudadanía se une y lo exige? ¿Quiénes son ellos, esa horda hambrienta de poder, sin crédito ciudadano, apropiándose de la historia?

De mantenerse el proceso constituyente sin ofrecer a los ciudadanos lo que es un deber ante su demanda, puede todo acabar en un acto de abierta irresponsabilidad, que termine dejando al país en el mismo caldo de cultivo de las desigualdades, la injusticia y la discordia, para seguir esperando el momento para lograr lo que le abra un futuro propio, superando las herramientas jurídicas que le maltratan permanentemente.

Lo que se pactó el 15 de noviembre de 2019 fue una elusión de la demanda popular; una carta para dejar las cosas lo mejor paradas para los poderes protegidos por la Constitución pinochetista y su corsé hecho en estos años de duopolio, esencialmente dominado por el poder del capital sin riendas, que ha saqueado hasta los sueños de una gran mayoría de chilenas y chilenos.

La ciudadanía debe comprender: aún no está el horno para bollos; aún no podemos sentarnos a discutir una nueva Constitución. Faltan las garantías para que la mayoría haga lo que debe hacer en materia de contrato social y ello hay que ganarlo en la calle.

Gracias Camila Vallejo por el intento. Esperemos que, más que los legisladores, los que entendamos lo que hay que hacer seamos nosotros, el pueblo, labrando nuestro destino, porque está demasiado claro que el Poder Legislativo no es la vía. Puede llegar a serlo, pero no lo hará en una sesión de toma de conciencia, porque la conciencia que impera en las Cámaras del Estado es principalmente la contra-conciencia ciudadana.