Este miércoles en la noche, y luego de que se constatara que dos efectivos de Carabineros se vieron involucrados en un episodio en una residencia de menores en Talcahuano, que terminó con dos de ellos baleados, la oposición en bloque volvió a cuestionar la permanencia del director general de la institución, Mario Rozas, en su cargo.

Tras calificar como una situación “de la mayor gravedad e inaceptable” el baleo a dos adolescentes de un recinto que se encuentra bajo la protección del Sename, terminó por costarle la salida a un ya debilitado Rozas, quien desde que asumió en el cargo suma diversos episodios que lo han mantenido permanentemente en tela de juicio y que incluso motivaron la arremetida de la oposición que se alineó y desde la Cámara impulsó una acusación constitucional que terminó significándole la renuncia al cargo de ministro del Interior a Víctor Pérez, pese a que el libelo finalmente no prosperó.

Su mandato no alcanzó a enterar dos años. Y es que tras asumir el 22 de diciembre de 2018, le correspondió estar al frente de la institución en relevo del saliente Hermes Soto, quien dejaba su cargo tras el crimen de Camilo Catrillanca por el que actualmente se encuentran procesados siete ex funcionarios de Carabineros y un abogado de la institución policial.

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Lo que vino después fueron meses sin mayores problemas para su gestión. Hasta que comenzó el estallido social, el 18 de octubre del 2019. Ese día marcaría su mandato mientras la gente se agolpaba en las calles manifestándose contra el gobierno de Sebastián Piñera. Entre los hechos más significativos que marcaron su cuestionada labor al frente de la institución se cuentan:

La mutilación de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai: En distintas circunstancias, tanto el joven estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como la madre con residencia en San Bernardo, resultaron con pérdida total de su visión en violentos episodios que involucraron la acción directa de personal de Carabineros actualmente en proceso por su responsabilidad en los hechos. En el caso de Fabiola, los daños causados por agentes del Estado trascienden a su irreversible ceguera e incluso le han significado una seguidilla de operaciones que han amenazado seriamente su vida.

Casi 450 personas con daño ocular en distintos grados: De acuerdo al registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el momento se registran 445 víctimas producto de la acción de la policía uniformada en distintas situaciones vinculadas al estallido social.

Cuatro ministros del Interior en medio de su cuestionada permanencia: A lo anterior se suma una importante rotación en la cartera que tiene a su cargo la responsabilidad de la institución que hasta este jueves lideraba Mario Rozas. El primero en dejar su puesto fue Andrés Chadwick, quien abandonó el palacio presidencial en octubre del 2019, luego de lo cual fue acusado constitucionalmente en un libelo que terminó con su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

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Su sucesor fue el Evópoli Gonzalo Blumel, quien se mantuvo en la secretaría de Estado hasta julio del año en curso, cuando fue relevado en el cargo por Víctor Pérez, quien no alcanzó a permanecer en La Moneda tres meses y terminó renunciando el 3 de noviembre en medio de una acusación constitucional que no prosperó, pero que fue impulsada por los cuestionamientos a su labor en lo específicamente circunscrito al mando de Carabineros.

Su salida redundó en el nombramiento de Rodrigo Delgado hace dos semanas en Interior, gestión desde donde finalmente se impulsó el cese de funciones de Rozas.

Paro de camioneros: En agosto último y en medio de una cuestionada movilización del gremio en plena pandemia, la labor de la entidad uniformada fue nuevamente cuestionada por su trato a trabajadores de este sector, quienes bloquearon carreteras y amenazaron el abastecimiento del país mientras la policía uniformada era acusada de reaccionar pasivamente frente a la gravedad de los hechos advertidos.

Caso puente Pío Nono: El primer viernes de octubre último, mes en que se conmemoraba el primer aniversario del estallido social, un joven de 16 años fue embestido en medio de una manifestación en los alrededores de Plaza de la Dignidad, lo que precipitó su caída al río Mapocho desde el puente Pío Nono, un hecho por el que actualmente se encuentra dado de baja e imputado el hasta ese momento funcionario de Carabineros, Sebastián Zamora Soto.