La comunidad científica al igual que la de la Salud, y que la ingenieril (confección de ventiladores mecánicos), ha estado desde el principio pendiente de la nueva infección corona-viral. Además de la incesante labor de la ciencia de datos (dependiente de la liberación de estos desde el MINSAL), una red de universidades se (auto)coordinó, a fines de marzo, para transformar laboratorios de investigación en laboratorios de análisis clínico utilizando diagnóstico basado en PCR para la detección del “patógeno".

La subsecretaria de Ciencias comentaba, el 18 de abril, a La Tercera, que “[ha] vivido con emoción su voluntad [de la comunidad científica nacional] de ponerse a disposición, incluso mucha gente lo único que quiere es ser parte de esa red. Es una comunidad comprometida con la sociedad y quiere demostrarlo, eso es tremendamente valioso”.

¿Podrían declaraciones así esconder futura liviandad en materia de autoridad científica? Es indiscutible que el altruismo y la cooperación emergen en crisis, y que el negocio emocional de la filantropía caritativa también, pero frente a la necesidad técnica de aumentar el nivel de testeo en caso de una nueva pandemia, ¿deberían existir planes de coordinación que el Ministerio ya se encuentre coordinando/pensando?

Al igual que existen normas de tránsito, regulaciones en torno a la emisión de contaminantes o protocolos frente a tsunamis, en medio de una catástrofe similar, si la disponibilidad de equipos (técnicos y humanos) se planifica de manera óptima literalmente se pueden salvar más vidas. Para que exista sinergia, coordinación entre distintas instituciones es necesaria. La tarea podría ser del ISP, el nuevo Ministerio de Ciencias (MICITEC), laboratorios con termocicladores (incluso otros laboratorios con espectrómetros de masa o dispuestos a usar otras tecnologías), y cualquiera otra entidad atingente. Sin embargo, aquellas son particularidades técnicas; lo relevante acá es la planificación.

El tiempo dará luces sobre la eficacia del diagnóstico en los laboratorios académicos, pero es pertinente considerar que la voluntad técnico-altruista de parte de la comunidad científica no existe en un vacío, y que depender solamente de ella frente a emergencias sería imprudente. La preocupación no es baladí considerando el manejo de la pandemia por parte del MINSAL (y el gobierno en general): una combinación entre negligencia y altanería.

Las autoridades fueron irresponsables con la transparencia y desagregación de datos epidemiológicos, lo que trajo roces con sectores de la comunidad científica. “[E]l Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), una de las entidades más relevantes del sector académico que integra la Mesa de Datos del coronavirus impulsada por el Ministerio de Ciencias, [informó el] congelamiento de su participación en la instancia con fuertes críticas al rol del gobierno -y en particular del Ministerio de Salud- en la disponibilización de información”.

La situación se coronaría en septiembre con el rechazo del Parlamento a la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud señalado como responsable de “vulnerar gravemente los derechos a la vida e integridad física y psíquica” de miles de personas además de no respetar los principios constitucionales de probidad y publicidad”. La Fiscalía, por su parte, el 30 de septiembre recibía el testimonio de una ex funcionaria del MINSAL que declaraba: “Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer… El informe (epidemiológico) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho”, aquello enmarcado en la querella en contra del Presidente y el ex ministro de Salud (también otras autoridades) por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia.

Sumado a un insensato MINSAL y a un MICITEC sin peso político, la intención de reactivación-económica-terciaria (malls y colegios) por parte del gobierno ofrecía flamantes zanahorias y nada de garrotes. No estaba dispuesto a transar ideológicamente porque sabía que el discurso se cuela en la ciudadanía: ¡Hay que producir!

Por esto es que, a pesar de la gravedad de los perjuicios sanitarios y el abandono de la ciudadanía chilena a la democracia del mercado, lo que ofrece la catástrofe por Covid-19, en particular a las tecnociencias, es una oportunidad de memoria colectiva. Después de que pase la tormenta las lecciones estarán bien frescas.

Es evidente que la ciencia es otra pieza más en el tablero de tecnócratas que mueven las fichas de la austeridad. Incluso es contextos pandémicos. Los ajustes de presupuesto, en sus constantes vaivenes, y las batallas legales/morales por recortes es pertinente denunciarlos, pero el conversar sobre cambios estructurales es también necesario. Recientemente, lágrimas vuelven a ser derramadas (algunas, de cocodrilo) por el amargo deja-vu. Ad portas a la conmemoración de un año del estallido social de octubre de 2019, el gobierno anunciaba la restructuración financiera clásica. La ciencia volvía a ser una de las aristas que a través de retóricos maquillajes permanece estática.

¿Cómo se convence a una autoridad déspota de que cierto gremio es relevante, si se está apelando a una moral clientelista? ¿Convencer a un gobierno con un Proyecto-País rentista de arrojar más alpiste a una comunidad científica que no le entrega inmediatez? ¿Convencer a quienes anteponen la legalidad a la sensación de justicia?

En pandemia el gobierno actual no ha sido ingenuo. Aprovechó la crisis sanitaria para enrejar el ícono de la protesta social post estallido. El Presidente jugueteó a fotografiarse en él cuando las calles estaban vacías. Hace poco, en tiempos de conmemoración, la estatua del General Baquedano siendo retocada a menos de 24 horas después de ser intervenida, es signo de que cuando existe intención escatimar en coordinación no tiene sentido.

Sumada a su evidente preocupación frente a la desobediencia civil, el temprano secretismo de datos epidemiológicos, por parte del gobierno, pronosticaba el quiebre con la Mesa de Datos. Conjuntamente, quisieron proponer un inédito “carnet de alta” basado en escasa evidencia científica; tal vez asumiendo que no habría (re)contagio. Recientemente, desde La Moneda, frente a acusaciones por manipulación de datos, los errores se purgaron a través de blindaje al ex ministro de Salud. La discusión la dan por terminada.

El gobierno, con sus acciones da señales de no considerar relevante la inversión en Investigación y Desarrollo (I & D), pero tuvo que depender de la colaboración de la Academia para aumentar el diagnóstico de Covid-19. Por otro lado, las diferencias entre el testeo privado y el público (costos, logística, colapso) fueron, en su momento, escondidas tras discursos chovinista-arrogantistas: ¡Lo estamos haciendo muy bien; quienes nos critican no entienden nada!

¿Les temblaría la billetera fiscal para aplicar salvavidas a bancos y grandes empresas que se asuman indefensas en medio de la crisis? La pregunta contrasta la realidad del arrojar migajas de salvataje indignantes. (Al mismo tiempo en que la repartición de cajas ocurría con deleznable verticalidad paternalista la olla común se hacía presente como organización popular). Con evidente gatopardismo, tras aprobar el retiro del 10% de los Fondos de Pensiones (impulsado desde la sociedad civil como una medida desesperada de salvataje), el gobierno “reitera[ba] que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda Reforma Previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de los ciudadanos”.

Coherentemente, aplicaron un redireccionamiento de recursos en Ciencia y Tecnología (C & T). La ANID, vigente a partir de enero 2020, anunciaba el 27 de abril que “con el fin de combatir el avance de la Covid-19, de enfrentar sus impactos y de adoptar medidas que apunten a reducir gastos y financiar programas sociales y sanitarios, el gobierno anunció un plan de austeridad que involucra reasignación presupuestaria a todas las carteras y servicios del Estado”. Si de eficiencia se trata, la asignación de más 2 mil millones de pesos chilenos en el nuevo “Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (covid-19)”, anunciado por la misma ANID, le caía como anillo al dedo al Ejecutivo, pero, ¿cómo justifica su discurso de austeridad frente a los casi 60 mil millones desembolsados en la adquisición de dos fragatas antiaéreas clase Adelaide a la Real Armada Australiana? Es probable que, en la psique gubernamental, el fortalecer nexos geopolíticos a través de la adquisición de armamento trae dividendos.

En la austeridad liberal chilensis un apretuje del cinturón en Defensa (casi 5 veces más de gasto que en Investigación y Desarrollo) no tiene sentido. Es por eso por lo que, incluso en medio de una pandemia, no nos debería sorprender que el hilo se corte por ahí. ¿Para qué apagar el mar de llantos de una comunidad científica desarticulada que no representa amenaza alguna? Por supuesto, esto no anula el hartazgo ciudadano. Al contrario: es más leña al fuego en la hoguera de la deslegitimada institucionalidad.

En este contexto es en el que es pertinente leer recientes declaraciones del ministro del MICITEC. Quien nunca trató directamente con becarios de doctorados nacionales afectados en 2019, pero que en 2015 firmaba una carta criticando los presupuestos de C&T (disponible en su página de laboratorio), sostiene que “estamos frente a un escenario presupuestario muy complejo donde hay un déficit fiscal, recesión económica, hay muchas necesidades en temas económicos, en temas sociales, y el presupuesto 2021 se ha establecido como un presupuesto del empleo y la reactivación”. El presupuesto propuesto podría no tener un efecto relevante sobre el nuevo Ministerio de Ciencias en términos financieros, pero justifica la suspensión del concurso Becas Chile apoyándose en una vaga fundamentación: la supuesta incertidumbre en torno a universidades internacionales recibiendo estudiantes de forma presencial; además, no atiende la vergüenza que significa que las extensiones de sueldos, de 6 meses, para becarios internacionales al final de sus programas de estudios quede cancelada.

¿Debería un ministro de Ciencias cuestionar situaciones científicamente aberrantes como el patético informe del “Big Data”, manifestarse molesto por deshonestidades técnicas como el manejo de datos-Covid por parte del MINSAL, y no permanecer silente frente a cuestiones como el cuestionamiento gubernamental al informe de la Universidad de Chile sobre la composición de proyectiles utilizados por Carabineros frente a la protesta social durante el estallido? ¿Qué hay de la precarización del estudiantado de postgrado (dentro y fuera del país)?

Técnica, moral y políticamente hablando, el nuevo Ministerio de Ciencias, inclusive con un actor científico capitaneando, ha sido un reflejo del peso muerto de la historia post estallido.