El 15 de octubre recién pasado se votó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa, liderada por Camila Rojas y otres diputades del Frente Amplio y la oposición, agrupaba varios proyectos presentados con anterioridad y apuntaba a crear lineamientos generales sobre educación sexual con una perspectiva integral desde los primeros niveles educativos hasta la educación superior.

Así, se aspiraba ampliar el campo de la educación sexual para incluir aspectos que van más allá de elementos de salud pública (el enfoque actualmente predominante), como la afectividad, el combate a la violencia de género y la no discriminación por orientación sexual o identidad/expresión de género.

La tramitación del proyecto tuvo participación de autoridades del Ministerio de Educación y audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, derivando en cambios de la formulación original y el anuncio de reserva de constitucionalidad por parte del oficialismo. Así, algunos de los contenidos del proyecto que expresaban posiciones de avanzada en materia de ESI fueron modificados y se estableció un quórum orgánico constitucional para algunos de sus artículos.

Las audiencias realizadas durante la discusión del proyecto en la Comisión de Educación, al igual que el debate en sala, fueron un muestrario de los argumentos predilectos del conservadurismo local. Frases que, leídas sin contexto y de forma aislada, llegan a sonar caricaturescas, pero que fueron pronunciadas con la convicción de quien parece estar en una lucha existencial y que demuestran, lamentablemente, que el estado de la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos en nuestro país es en extremo precario.

Mientras algunos de los “expertos” del oficialismo afirmaban que la ESI “comenzó en ideólogos de las Naciones Unidas” y de que promueve “modos perversos (parafílicos) de sexualidad”, el grueso de los diputados que votaron en contra (incluyendo a Jorge Sabag, de la DC) repitieron de manera idéntica la consigna de que se trataba de un proyecto “anti-liberal” que intentaba sexualizar a niñes y adolescentes, negándole a los padres el derecho preferente a la educación de sus hijes. La farsa llegó al punto del ridículo cuando el diputado Sebastián Álvarez (Evópoli) atacó la inclusión del concepto de género en el título del proyecto y la promoción del respeto a la diversidad como medidas totalitarias.

Semejantes argumentos, propios de los delirios paranoides de la derecha más conservadora, deberían preocuparnos aún más cuando ellos se apoyan en una interpretación restrictiva de los preceptos consagrados por la Constitución autoritaria que ha sido desafiada por la movilización popular de octubre. De tal suerte, el oficialismo (y los diputados “opositores” que con su acción u omisión respaldaron dichas posturas) se escudó en la libertad de enseñanza, en el derecho preferente de los padres y en la libertad de culto para oponerse a un proyecto que no hacía más que instalar nociones curriculares básicas, definir mecanismos de implementación y reconocer el derecho de niñes y adolescentes a una educación que involucre la sexualidad, la afectividad y la no discriminación.

La tramitación del proyecto reveló con claridad los límites que tiene la Constitución de 1980 en lo referido a derechos: poder absoluto de los padres y silencio completo respecto de niñes, adolescentes y sectores oprimidos de la sociedad. Pero no se trata de la única barrera de la actual Constitución a la ESI. Cuando en el futuro debamos contar la historia de la lucha por la educación sexual tendremos que explicar que en un año como este, en el que se nos dijo una y otra vez que no era necesaria una nueva carta fundamental, un proyecto de siete artículos y sin gasto fiscal fue rechazado a pesar de tener 73 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. El quórum excesivo de 4/7 para algunos de los artículos llevó a archivar el proyecto: no habrá debate alguno sobre la materia durante un año. Un lapso en el que continuará el alza de casos nuevos de VIH en adolescentes, los embarazos no planificados, las agresiones y hostigamientos a estudiantes LGBTIA+. Todo producto de una Constitución que impide cualquier acción impulsada por el Estado que promueva y garantice derechos.

¿Qué efectos tiene el rechazo del proyecto de ESI en el marco del proceso constituyente? El primero de ellos es la urgencia de debatir y posicionar contenidos feministas y disidentes para la nueva Constitución. La pobreza argumental y el dogmatismo ideológico de la derecha y de los sectores más conservadores nos revela que, para ellos, la Constitución es una de las piedras angulares de un orden político heterocispatriarcal. Lejos de ser algo abstracto y lejano, la Constitución tiene consecuencias prácticas evidentes. Las disidencias sexuales y de géneros necesitamos propuestas programáticas que derriben de una vez por todas el sistema político construido por la Constitución de Pinochet. Sin embargo, no se trata sólo de los contenidos, sino de la necesidad de contar con delegades constituyentes que puedan defenderlos desde su experiencia, sin mediaciones heterocis y en alianza con las fuerzas transformadoras.