A través de un extenso documento publicado durante la tarde de este martes, la Contraloría General de la República confirmó la detección de 54 funcionarios en la Municipalidad de San Ramón, liderada por el alcalde Miguel Ángel Aguilera (PS), con antecedentes por crímenes o delitos simples.
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Contraloría: Sumario confirma la contratación de 54 personas con antecedentes penales en la Municipalidad de San Ramón
El ente fiscalizador logró establecer, a través de una acuciosa investigación, que la entidad liderada por el alcalde Miguel Ángel Aguilera (PS) mantiene vínculo laboral con decenas de personas cuyos antecedentes transgreden la normativa legal, a lo que se adiciona un millonario desembolso respecto del cual no existe respaldo que lo acredite.
En este sentido y de acuerdo a una nota que publica CNN, el ente fiscalizador reportó la existencia de 18 trabajadores a honorarios contratados pese a tener condenas por crímenes o delitos simples. A ellos se adicionan 36 contratados con anotaciones por crímenes o delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.
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Adicionalmente, se constató que ninguna de esas contrataciones se encuentra registrada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
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Paralelamente, Contraloría logró detectar que, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, cuatro servidores contratados mantenían vínculos de parentesco con funcionarios de cargos directivos, jefe de departamento o concejal, lo que de manera evidente viola lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
Millonario desembolso sin respaldo municipal
Respecto del ámbito financiero, se estableció además el desembolso de la millonaria suma de $5.503.888 por concepto de prestación de servicios a honorarios, gastos sobre los que la entidad no disponía de respaldos.
En consecuencia, la entidad a cargo del alcalde Aguilera deberá finiquitar los vínculos contractuales con situaciones de inhabilidad en un plazo de 60 días hábiles.
Considerando la envergadura de toda la información levantada, los reveladores antecedentes recopilados por el órgano fiscalizador se enviaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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