No hay duda de que los últimos meses han significado un desafío para las mujeres en distintos ámbitos. Sin embargo, desde fines de agosto estamos frente a una situación crítica sobre la cual no ha existido una respuesta a la altura.

El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre un lote defectuoso de pastillas anticonceptivas Anulette CD, donde una píldora placebo se encontraba en el lugar de una con principio activo y viceversa, además de la falta de comprimidos. Hace pocos días, desde la misma institución se inició el sumario sanitario y ordenaron el retiro de los lotes defectuosos, tras haber identificado otro error en los anticonceptivos de la misma marca. Hasta ahora, se sabe que el lote B20034A (con vencimiento 01/2022) y el B20035 (con fecha de vencimiento 01/2022) presentan problemas.

Aunque se ha alertado de esta urgencia en materia de salud reproductiva a través de los medios, redes sociales y de forma física en consultorios, las matronas llamaron a quienes consumen el medicamento a asistir lo antes posible a consulta médica, y se retiraron del mercado las pastillas en cuestión. Nada nos asegura que la información haya sido recibida a tiempo por las mujeres que consumen Anulette CD y –lo que es más grave– que este grave error no haya provocado embarazos no deseados.

Es por esto que se requiere una respuesta integral del Estado hacia las mujeres que se vieron afectadas, primero, implementando una estrategia de búsqueda y notificación a aquellas mujeres que recibieron este anticonceptivo en el sistema público (ya que esta marca es la que se suele entregar en los Cesfam) y, segundo, respondiendo a los posibles embarazos no deseados que se generen como resultado de esta inexcusable negligencia, permitiendo el aborto seguro a las víctimas de esta situación.

Actualmente, nuestra legislación permite el aborto en tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Claramente, una legislación acotada y restringida como ésta no contempla una situación de negligencia como la que enfrentamos, pero un embarazo forzado por fallas en la disposición de los comprimidos que deberían prevenir la gestación tiene el mismo impacto en la vida de esas mujeres que cualquier otro embarazo forzado. Un embarazo no deseado y una maternidad forzada son una tortura que tiene un impacto brutal sobre nosotras, sobre nuestro entorno e incluso sobre los hijos o hijas que se reciben.

La alerta que presenta este caso interpela a los sectores más conservadores que se niegan al aborto, que no entienden que no estamos todas en las mismas condiciones. Ellos dicen preferir educar en sexualidad, alegan que hay suficientes métodos para prevenir el embarazo y acusan que es responsabilidad de la mujer conseguir las pastillas en los consultorios. ¿Qué dirían en este caso, cuando se intentó prevenir por todos los medios posibles la gestación y, aun así, por un error superior y totalmente ajeno a su voluntad, la mujer se debe enfrentar a un embarazo no deseado? Probablemente, ante esta afrenta nuevamente se escuden en la inconstitucionalidad de cualquier medida que vaya en la línea que hemos planteado y, así como lo hicieron tras la aprobación de las tres causales al recurrir al Tribunal Constitucional, no habría que extrañarse que acudieran a él en caso de aprobar la alternativa del aborto.

Por eso, y por otras muchas razones, es tan necesario “Aprobar” el camino hacia una nueva Constitución: es deber del Estado garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, a través de una Constitución que incorpore la sexualidad y la reproducción como un ámbito de los derechos humanos. Sus compromisos internacionales obligan a ello, la sociedad y las mujeres lo requieren. Un error garrafal, como el que ocurrió con Anulette CD, podría ser reparado teniendo en cuenta las realidades, deseos y necesidades quienes sean víctimas de la situación: permitiéndoles el acceso al aborto a quienes así lo requieran.

Incorporar el debido resguardo de los derechos de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos será una de las tantas luchas que las feministas daremos en una eventual Convención Constitucional –que, dicho sea de paso, garantiza el principio de paridad– y lo haremos mancomunadamente, con diálogos y alianzas, para efectos de lograr esa agenda común a favor de nuestra autonomía como mujeres.