Varias son las causas que actualmente se encuentran en tribunales alusivas a lesiones a las que se vieron afectos decenas de protestantes que, en el contexto del estallido social de Chile, se convocaron en distintos puntos del país, siendo el caso de Plaza de la Dignidad el centro neurálgico del movimiento que amenaza con reactivarse post pandemia.

Los avances en materia judicial, han sido pocos y, en muchos casos, nulos.

Un claro ejemplo de este poco auspicioso panorama es la situación por la que atraviesa G.A, quien a ocho meses de resultar herida por un elemento contundente en medio de las protestas en la rebautizada Plaza Baquedano, un caso que la justicia investiga si corresponde a una bomba lacrimógena accionada por Carabineros, fue sometida a una nueva cirugía, en este caso de reconstrucción de cráneo, ilustra un artículo de La Tercera.

Desde el 10 de diciembre, cuando resultó herida, ha transitado desde la Posta Central a la Clínica Indisa, desde donde llegó al Hospital San Borja Arriarán.

En estos meses, la fiscal de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Norte, Ximena Chong, ha estado investigando las circunstancias de sus lesiones, por las que hasta la fecha no hay formalizados.

“La fiscal Ximena Chong ha pedido varias diligencias, una orden amplia, informes fotográficos, planimétricos, se ha tomado declaración a testigos. Hay un sumario interno, pero ninguno de ellos todavía arroja resultados y tampoco hay formalizados”, declara su abogada, Alejandra Arriaza, al medio citado.

Y la adolescente es su única representada. Arriaza patrocina también a 25 lesionados en contexto de protesta, entre los que se encuentra Héctor Gana Sandoval, un obrero que incluso permaneció en coma tras resultar herido en la misma manifestación a la que asistió la menor de 16 años.

Ninguna de estas causas, ni otras tristemente célebres y emblemáticas de la revuelta social, como las de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, evidencian avances judiciales.

La lentitud en la tramitación de las causas judiciales del estallido social, es un tema largamente analizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ha hecho parte en un total de 2164 querellas.

De acuerdo a un informe interno que el 30 de mayo se hizo llegar a consejeros del INDH, un material que fue elaborado por el departamento jurídico de esta institución en función de antecedentes entregados por el Ministerio Público, sólo hay formalizados en un 0.9% de las querellas presentadas por este organismo.

La cifra, habla específicamente que de las 2164 querellas presentadas a lo largo del país, hasta el 30 de mayo había 21 formalizados.

El informe también certifica un bajo número de diligencias por concepto de estas acciones judiciales. De las 2164 causas, se ha tomado declaración a 764 víctimas, lo que equivale al 35,4% de los casos.

Otro antecedente alude a que 643 de las querellas que ha presentado el INDH corresponden a caso de la Región Metropolitana y de acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario de circulación nacional, sólo hay 14 formalizados en esos casos, mientras que hasta la fecha del informe se habían tomado 64 declaraciones.

Una situación dramática es la que enfrentan heridos de otras regiones, donde la lapidaria estadística habla de cero formalizados.