El 9 de abril se dio un paso fundamental en el involucramiento de Chile en la lucha contra el cambio climático, relacionado con su parte de los compromisos para lograr el objetivo de mantener a raya la temperatura planetaria.

La frustrada organización de la COP25 programada para principios de diciembre de 2019 en Santiago, que producto del estallido social se trasladó a Madrid, había sido la ultima oportunidad del gobierno de Sebastián Piñera para visibilizar su compromiso ambiental global. La rebelión social de octubre dejó fuera de juego la discusión climática puertas adentro de no ser por la Cumbre Social para la Acción Climática (al alero de la SCAC) y la Cumbre de los Pueblos que se desarrollaron en paralelo a la cita mundial en España.

Ese 9 de abril la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt presentó el informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC, por sus siglas en inglés) de aquí al 2030. El documento reúne los objetivos, metas  y planes de acción tendientes a disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y preparar a los territorios ante el incierto escenario climático futuro.

Son, como reconoce la propia ONU, “el núcleo” de la lucha climática actual y de la “consecución de los objetivos del Acuerdo de París a largo plazo”, que en lo fundamental buscan limitar el calentamiento global a no más de 1.5 a 2 grados Celsius desde la Revolución Industrial.

El lanzamiento, virtual a esas alturas, fue promocionado con elocuentes frases del propio gobierno, que las calificó de “metas y compromisos ambiciosos” para que el país “avance a paso firme en la transformación hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, con grandes ventajas sociales, ambientales y económicas para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Sobre esto, es preciso entender que son dos los aspectos fundamentales en torno al calentamiento global: la mitigación, que concentra las acciones para reducir el aporte antrópico de emisiones de GEI que profundizan el calentamiento global; la adaptación y resiliencia, que buscan preparar a la población para hacer frente de mejor forma a ese futuro que ya llegó.

Glaciares: Ausentes de la NDC

La actualización de la NDC es un avance. Sin embargo, el informe excluye toda mención a la necesaria protección de los glaciares, asociados a la seguridad hídrica. Una ausencia absurda, considerando que la provisión de agua es prioritaria para la producción de alimentos, “la salud humana, la producción de energía, la productividad industrial y la biodiversidad, y además es la necesidad más básica del ser humano”, según reporta la ONU para el Cambio Climático. Tampoco habla de hielo, nieve ni criósfera en sus más de 50 páginas.

Esta negligencia no es casual.

En julio de 2018 los senadores Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (PPD) e Isabel Allende (PS) presentaron un proyecto de ley de protección de glaciares, luego que el gobierno desechara en junio una propuesta anterior que alcanzó a tramitarse durante 4 años en la Cámara y fuera aprobada en su Comisión de Medio Ambiente. El proyecto de Girardi, Órdenes y Allende hoy está estancado en la Comisión de Minería y Energía del Senado, luego que en marzo asumiera el UDI Alejandro García Huidobro. Este legislador apoya la intervención minera en glaciares, y se ha aliado con el gobierno en una normativa laxa en la materia.

La conducción actual de dicha comisión es relevante. La principal disputa para una ley que realmente proteja estas fuentes de agua dulce enfrenta a las comunidades y organizaciones ambientales con las empresas del Consejo Minero junto a sus sindicatos .  Además del actual gobierno, por cierto.

Es este escenario el que no da claridad sobre cuándo el Senado podría reiniciar la tramitación de este estratégico proyecto. Más aún en días de crisis sanitaria en que el agua es elemental.

Minería vs. Glaciares

El cóctel minería y glaciares es tóxico. Y no distingue entre empresas chilenas y extranjeras, privadas y estatales, propietarios y trabajadores. Transversal es la unión de los mineros para torpedear los proyectos que abogan por la protección de estas reservas estratégicas de agua.

El caso de la canadiense Barrick Gold, a través de su proyecto Pascua Lama, fue simbólico. Sus exploraciones en la cuenca alta del río Huasco, en Atacama, destruyeron entre 1981 y 2000, y en forma irreversible, el 62% del Glaciar Toro 1 y el 71% del Glaciar Toro 2.  En tanto Los Pelambres, de la chilena Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, durante años ha impactado la cuenca superior el río Choapa. De 15 glaciares rocosos en el área, cuatro desaparecieron casi completamente por el lastre y otros 2 fueron intervenidos por caminos.

La estatal Codelco, por su parte, es la minera que ha causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Entre 1990 y 2008 destruyó 2,1 km2 de glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua por los depósitos de lastre e infraestructura minera, perdiéndose entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de agua. Y entre 1991 y 2000 removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año.  Y lo sigue haciendo con la continuidad de las operaciones de la División Andina.

En la región Metropolitana la mina Los Bronces, de la británica Anglo American, se emplaza en la naciente de cursos hídricos que alimentan los ríos Mapocho y Maipo. Entre 1988 y 2005  Anglo American destruyó casi un 1 kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca alta del río San Francisco, que  desemboca en el río Mapocho, provocando una pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua. Hoy la minera pretende seguir destruyendo glaciares con el proyecto de ampliación de Los Bronces hacia la cuenca del río Maipo.

Entre Codelco y Anglo American ponen en riesgo el abastecimiento de agua de los 7 millones de habitantes de Santiago. Una amenaza, piensan muchos, que debió ser evaluada en las respectivas evaluaciones de impacto ambiental y que no debió ser  omitida en la recientemente presentada actualización de la NDC 2020-2030 de Chile.

La primera ola: Al ritmo de Barrick Gold

La lucha política y ciudadana por proteger los glaciares en Chile cumple ya 15 años. Una década y media en la cual el trabajo institucional por resguardar las reservas de agua que penden de las altas montañas ha estado en manos del Congreso, labor muchas veces forzada por comunidades y organizaciones ciudadanas preocupadas, entre otros aspectos, por la vulnerabilidad hídrica del país y la amenaza que se enfrenta con el cambio climático.  Pero a pesar de los esfuerzos ciudadanos y parlamentarios, estas iniciativas no han avanzado debido a la oposición de los distintos gobiernos y de la minería.

En estos 15 años se han presentado 6 proyectos de ley, varios de los cuales han buscado proteger los glaciares de la destrucción de la minería, actividad que los impacta de forma directa al dejar estériles sobre su superficie; al removerlos para la construcción del rajo o los caminos; y a través de las vibraciones y el polvo que producen las tronaduras y que aceleran su derretimiento.

Las primeras tres mociones parlamentarias surgieron luego de las alarmas por la aprobación, en 2004, del proyecto de megaminería Pascua Lama de Barrick Gold, que incluía la remoción de los glaciares en la cuenca alta del río Huasco. Esta situación hizo evidente su desprotección.

En una revisión de los proyectos presentados, muchos coinciden en la protección de los glaciares por constituir un respaldo de agua dulce estratégico para todas las cuencas donde se localizan, con miras a la mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

El primero en tramitarse fue elaborado por el diputado Leopoldo Sánchez (2005), que establecía la prohibición de ejecutar actividades extractivas en glaciares. El proyecto no avanzó, siendo archivado el año 2009.

En 2006 el senador Antonio Horvarth presentó una iniciativa similar que fue votada en general, pero con indicaciones. Luego de esto fue archivada en 2010. El legislador por Aysén posteriormente solicitó su desarchivo, sin embargo la oposición del gobierno de Piñera y el empresariado minero bloquearon su avance.

Un tercer intento se hizo en 2008, con una moción del senador Guido Girardi, que a los pocos años fue archivada. La paralización del proyecto Pascua Lama le quitó presión y contingencia a la protección de los glaciares hasta 2014.

La segunda ola: La música la pone Codelco

Fue al partir el gobierno de la Nueva Mayoría que se inicia una segunda ofensiva ciudadana y parlamentaria para proteger los glaciares, motivada por la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por parte de la estatal Codelco con el fin de avanzar en la expansión de Andina 244 en la cuenca alta del río Aconcagua y que pretendía afectar 25 glaciares prioritarios para el abastecimiento de agua de la región de Valparaíso.

El proyecto de ley que más avanzó fue el de la denominada Bancada Glaciar y liderado por el diputado Daniel Melo. Su objetivo  también fue resguardar los glaciares como reservas y  respaldo hídrico ante el avance del cambio climático y los impactos de la minería. En 2015 esta moción fue modificada por una indicación sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet que patrocinó el proyecto, pero cambiando partes importantes de la propuesta original.  Finalmente y luego de ser aprobado en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, su tramitación quedó paralizada al  ingresar a la Comisión de Hacienda donde el sector minero la bloqueó a través de gestiones del subsecretario de Hacienda de la época Alejandro Micco, por lo que el oficialismo nunca lo puso en tabla. El proyecto fue abortado en 2018, durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, cuya ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos retiró el patrocinio a la iniciativa el 20 de junio de 2018. Con esto, la moción perdió viabilidad política.

En enero de 2018, a la luz del adverso escenario, Melo había insistido con una quinta propuesta que a través de una modificación al Código de Aguas que impedía la constitución de derechos de agua sobre glaciares. Uno de los elementos positivos de este proyecto es que no requiere de patrocinio del Ejecutivo. La idea de legislar ya fue aprobada por la sala por 142 votos, y pasó a tramitación a la Comisión de Medio Ambiente para resolver las indicaciones presentadas.  Dicha votación se ha dilatado por casi 2 años.

El último  proyecto de ley  para proteger los glaciares, cuyo autor es el senador Guido Girardi, fue presentado el 4 de julio de 2018, replicando los fundamentos de sus antecesores. Nuevamente la iniciativa ha generado una férrea oposición del gobierno, junto a las propias mineras, logrando el envío de la moción a la Comisión de Minería, donde actualmente se encuentra detenido y enfrenta  un escenario poco auspicioso para su tramitación.

Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, “el bloqueo de este gobierno a los proyectos de ley, que tanto en la Cámara como en el Senado intentan proteger los glaciares, así como la omisión de su protección en la NDC presentada por Chile a la ONU, pese al reconocimiento en dicho documento de la actual vunerabilidad hídrica del país y su agravamiento con el cambio climático, son inexcusables”.

La ecologista expresa que “el gobierno, al parecer, no logra vincular la protección de los glaciares con la seguridad hídrica actual y futura. Por un lado celebra los estudios sobre la criósfera, constituida por estas reservas estratégicas  de agua dulce, pero por el Ωotro mantiene su apoyo a proyectos extractivos que afectan los glaciares y obstaculiza la legislación que los salvaguarda”.  Concluye que  “lo ocurrido con la NDC es una muestra más de aquello”.

En tanto el médico y montañista chileno, Mauricio Purto, ha denunciado la falta de fiscalización y complicidad de las autoridades con la destrucción de los glaciares y zonas de cordillera. En particular  ha cuestionado  las faenas de Los Bronces de Anglo American, en la comuna de Barnechea, en Los Andes a la altura de Santiago. Por redes sociales ha acusado a la minera de realizar “tronaduras en los glaciares de La Paloma. Han destruido todo el glaciar el Rincón, han construido un túnel debajo de la montaña sin permiso. Y su relave es un peligro. Todo ilegal”.

Durante el presente año, el gobierno ha debido decretar entre febrero y abril cientos de comunas del país como zonas en estado de escasez hídrica, entre ellas todas las de la provincia de Chacabuco, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, las que dependen del río Maipo como San José de Maipo, Pirque , Puente Alto, Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, el Monte, e incluso las asociadas al río Mapocho como Vitacura y Lo Barnechea, donde se localizan las faenas de Anglo American.

A ello se suman las cientos de comunas en escasez hídrica desde 2019.

Además están las regiones desde Coquimbo al Maule. Es todo el centro del país ha debido ser declarado en emergencia agrícola.  “¿No es esto aún una señal evidente para asumir la responsabilidad de proteger las reservas de agua dulce y terminar con la captura de la política por parte del empresariado minero?  ¿Será que este mismo sector ha logrado que se excluya la protección de los glaciares de los compromisos de Chile de adaptación al cambio climático, como evidencia la NDC?” se pregunta Larraín.

La preocupación no es aislada. El proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, ingresado  por el Ejecutivo en enero de este año y que se tramite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se concentra fundamentalmente en la mitigación de emisiones y poco en la adaptación. Una advertencia que Espacio Público ya había realizado, al señalar en un informe sobre el anteproyecto que en las metas se debía “corregir el sesgo hacia la mitigación: Integrar con mayor claridad y fuerza el objetivo de la adaptación como eje orientador de la ley: es lo que más nos incumbe como país”.

Como una forma de alertar sobre este complejo escenario, para el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró el 5 de junio, se realizó el lanzamiento de un video, una cartilla y una infografía que explica detalladamente el aporte de los glaciares a la seguridad hídrica y el impacto del extractivismo minero en su preservación.  En la actividad realizada vía ZOOM, comentaron el material los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC), junto al secretario de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho Ignacio Verdugo, la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo Marcela Mella y el director ejecutivo de la Fundación Glaciares Chilenos Felipe Espinosa.

Todos y todas llegaron a una sola conclusión.  No solo por el cambio climático sino que incluso por la crisis sanitaria, es urgente de proteger los glaciares como reservas de agua dulce. Algo que el gobierno, incluso en las actuales circunstancias, se niega a aceptar.