La llegada del coronavirus ha evidenciado la profunda crisis estructural que presenta nuestro país, agudizando las contradicciones y desigualdades sobre las cuales se construyeron las bases del modelo chileno, que hoy muestra de manera más explícita cómo se reproduce a través de la precarización y ataque permanente a la vida.

Esta realidad se ve particularmente plasmada en el sistema de pensiones en Chile, que ha evidenciado una deslegitimación cada vez más fuerte de la población. Esta deslegitimación responde a la grave crisis previsional en la que desembocó este sistema, y por la convicción cada vez más patente de que no podrá ser superada a través del mismo.

Según el último estudio de Fundación SOL, hoy se pueden observar los verdaderos resultados del sistema de capitalización individual impuesto en los años 80, producto que ya se cuenta con generaciones que cotizaron durante toda su vida laboral en este sistema. Los resultados son estremecedores: de las 127 mil personas que se jubilaron durante 2019, el 50% logró autofinanciar apenas una pensión de $49 mil o menos, y el 50% de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, la mayoría de su vida laboral, solamente logra autofinanciar una pensión de $243 mil o menos, lo que se encuentra muy por debajo del actual Salario Mínimo cifrado en $320.500.

Este escenario se ve explicado por algo que se ve cada vez más claro: Chile no cuenta con un verdadero sistema de seguridad social, por lo que las pensiones quedan sujetas a un mercado de cuentas individuales construido a través de un ahorro forzoso. Esto se traduce en que el sistema de pensiones se rige puramente por lógicas individuales, siendo uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con mecanismos de solidaridad en su pilar contributivo. Así, tanto las lógicas individuales como aquellas propias de los mercados bursátiles serán las que definirán los montos finales de las pensiones, sin asegurar estándares mínimos de dignidad ni sobrevivencia.

Chile cuenta con un sistema de contribución definida, pero no de beneficio definido, es decir, en el que todos saben cuánto se debe contribuir mes a mes en las AFP, ya que el monto de la pensión a recibir no dependerá directamente de los años cotizados ni de la base salarial presentada durante la vida laboral de las personas. En cambio, los y las afiliadas se ven enfrentadas a un sistema profundamente imbricado, que cuenta con mecanismos confusos de cálculo, que la mayoría de las veces son muy complejos de entender. El objetivo del citado estudio es dilucidar aquellos procesos que determinan los montos de pensión, demostrando sus principios y comportamientos.

Se observa que el sistema de pensiones en Chile, lejos de ser una herramienta que permita una redistribución social a través de componentes solidarios, profundiza las desigualdades previamente instaladas al castigar características personales como el sexo, la edad, y la conformación de los hogares. ¿Cómo se dan estas profundizaciones?

En primer lugar, se castiga a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres: en una sociedad en que se encuentran en espacios de mayor precariedad, tanto dentro como fuera de sus hogares, el sistema de pensiones reafirma esa posición, al disminuir su monto de pensión por presentar una característica inherente a su sexo: una mayor esperanza de vida frente a la de los hombres. Por otra parte, las personas que presenten una pareja como beneficiaria, también serán castigadas frente a aquellas que no la tengan, y ese castigo será mayor a medida que la edad de la/el cónyuge sea menor. La misma lógica se da con las hijas e hijos que figuran como beneficiarias/os al ser menores de edad, o menor de 24 años si presentan estudios regulares; la penalización al monto de pensión de las personas afiliadas será mayor a medida que la edad de estos beneficiarios sea menor. Finalmente, la edad del propio afiliado/a también jugará un rol definitorio en el monto de la pensión: así, por ejemplo, una mujer de 60 años que haya cotizado los mismos años y ahorrado el mismo saldo durante su vida que una mujer de 65 años, recibirá una pensión mensual menor que la segunda, a pesar de que haya comenzado a trabajar de manera remunerada antes, y que ya se encuentre en su edad legal de jubilación.

Al comprender los mecanismos de determinación de las pensiones en Chile, es posible calcular para cuánto alcanzan los saldos presentados por aquellas personas afiliadas cercanas a la edad de jubilación. El estudio “Pensiones sin Seguridad Social” muestra que el monto de la pensión para un saldo de cuenta individual dependerá de la modalidad de pensión elegida, de las variaciones del mercado bursátil y de las características personales, pero que, en términos generales, se puede calcular que si una persona ahorró cerca de $ 100 millones, podrá autofinanciar una pensión de alrededor de $ 400 mil más o menos.

Teniendo ese dato en mente, al observar la distribución de los saldos de cuentas individuales de hombres entre 60 y 65 años, y de mujeres entre 55 y 60 años, se devela una realidad demoledora: en el caso de los hombres, el 28,8% registra menos de $10 millones, lo que alcanzaría más o menos para una pensión autofinanciada de $ 40 mil; 3 de cada 4 de ellos tiene menos de $50 millones, lo que más o menos se traduciría en una pensión autofinanciada de $ 200 mil. Sólo un 11,1% presenta un saldo superior a $ 100 millones. En el caso de las mujeres, la situación es más dramática: el 61,7% registra menos de $10 millones, y 9 de cada 10 mujeres tiene menos de $50 millones; sólo el 2,6% de ellas acumula más de $ 100 millones, es decir, un monto que permitiría autofinanciar una pensión de apenas $ 400 mil.

El sistema de cuentas individuales entrega pensiones de miseria, y lo seguirá haciendo independiente de los cambios paramétricos que puedan ser implementados, ya que la rentabilidad de los fondos ha venido disminuyendo históricamente, y se espera que la tendencia se mantenga.

Frente a un sistema de pensiones que fracasó, la crisis estructural evidenciada por la llegada del coronavirus entrega una oportunidad para pensar de manera colectiva y democrática en un verdadero sistema de Seguridad Social que asegure una vida digna a todas las personas, permitiendo una redistribución efectiva de la riqueza y una desmercantilización de los derechos sociales.