Hace unas semanas, el 24 de abril, un equipo de investigadores y profesionales interuniversitario difundió el informe “Propuestas Educación: Trabajo Interuniversitario Mesa Social 3B COVID 19”, en donde el concepto principal era que la educación debía enfocarse en el bienestar de estudiantes y sus familias, y de las y los trabajadores de la educación. Entre otras medidas, el informe sugiere la suspensión del SIMCE durante el 2020. El informe recomienda “enfocarse en evaluación diagnóstica interna de los aprendizajes y no en evaluación estandarizada externa”. Esta idea coincide con la opinión de distintos actores del mundo pedagógico y educativo, que además hace rato vienen criticando al SIMCE. ¿Qué sentido tiene tener una medición de cobertura curricular como el SIMCE en estas condiciones de pandemia, con escuelas cerradas y con soluciones de emergencia que intuimos que acrecentarán las desigualdades educativas?

A pesar de las recomendaciones, el Ministro de Educación y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad han anunciado que el SIMCE 2020 se aplicará de igual forma, con un currículo priorizado. Es decir, nuevamente tenemos a un gobierno que prefiere desoír lo que la sociedad pide como mínimo para organizar algo de bienestar. Nos aseguran que será una evaluación diagnóstica, pero ¿no fue así acaso la del 2019? Aun nadie ha visto esos diagnósticos. Se nos dice que el SIMCE será una evaluación formativa. Es decir, enfocada en el apoyo situado al aprendizaje de cada estudiante. Pero ¿está la Agencia capacitada como institución para hacer una evaluación formativa?

Cuando el Ministro Figueroa asumió, señaló que habría cambios respecto a la conducción de la ex-ministra Cubillos. Sin embargo, esta medida da cuenta que tenemos un ministerio que parece seguir la doctrina confrontacional de Cubillos, evitando atender las demandas sociales en educación y generando más conflictos que resolviendo educativamente esta situación de pandemia. Pareciera que seguiremos con un Ministerio de Educación más preocupado de usar la educación como una batalla ideológica que de asegurar condiciones para que el sistema pueda responder a la emergencia otorgando certezas que apunten al bienestar social.

Lo más sensato sigue siendo reducir las presiones sobre las escuelas y sus comunidades este año y volcarse a una preparación de la educación para enfrentar la crisis social que le seguirá a la pandemia. No podemos despilfarrar recursos, como los $18.000.000.000 que están presupuestados para la medición de aprendizaje, con un SIMCE que a todas luces sabemos que será inútil. Gran parte de estos recursos terminarán como transferencias a privados que lucran con esta inutilidad. Tanto hoy, como hace años, debemos seguir insistiendo con un Alto al SIMCE.