La pandemia del Covid-19 ha frenado el andar de la economía mundial en los últimos meses a causa de las medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos para disminuir el riesgo de contagio. Las economías, desde entonces, han comenzado a contraerse, con el consiguiente desfonde en materia de desempleo y crecimiento, en el preludio de lo que se espera sea una crisis aún mayor. Chile, como se sabe, no está ajeno a dicho escenario. En una economía que venía experimentando, incluso desde antes del estallido social de Octubre de 2019, un agotamiento de su modelo económico primario-exportador y financiero -producto del estancamiento de las tasas de productividad y de crecimiento desde hace por lo menos una década- se ha visto rápidamente una caída en la actividad económica (IMACEC de -3,5% en marzo), así como un incremento en el desempleo, subempleo e informalidad, y cortes en las cadenas de pagos afectando principalmente a las MIPYMES.

En vista de esta situación, desde marzo el Gobierno ha venido impulsando una serie de iniciativas para resguardar tanto la operación de las empresas como la protección de los empleos. Entre ellas, la más llamativa resulta ser la “Ley de Protección del Empleo”. Llamativa, porque, pese a lo que podría indicar su nombre, su puesta en marcha permite a las empresas que se acojan a ella el congelamiento de los contratos de sus empleados, mientras a estos últimos se les asigna un ingreso mensual –menor a sus salarios– que es solventado primordialmente con los ahorros individuales del fondo del seguro de cesantía, en una especie de "préstamo" del trabajo al capital sin fecha de devolución, y que ha sido justificado como vía para evitar despidos, sobre todo en el caso de empresas de menor tamaño incapaces de resistir la falta de liquidez durante el lock-down forzado.

Considerando tales antecedentes, resulta entendible el rechazo que ha suscitado en la opinión pública la determinación de varias empresas grandes de acogerse a esta ley de emergencia, incluso en rubros que han seguido operando vía canales digitales como el retail y pese al respaldo financiero con que cuentan por pertenecer, generalmente, a grandes holdings económicos. En este marco pueden situarse los casos de Latam o Cencosud, cuyos ejecutivos, además, han decidido repartir dividendos entre sus accionistas, incluso -como ocurre con las empresas de Horst Paulmann- por sobre lo que obliga la Ley de Sociedades Anónimas. Con todo, más allá de las repercusiones que ha provocado este oportunismo empresarial, el ejemplo de estas compañías abre la interrogante respecto al rumbo que habrá de tomar, en medio de la pandemia y ya en el día después de ella, una de las válvulas fundamentales del capitalismo neoliberal chileno: la del estrecho vínculo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el gran empresariado.

En principio, porque justamente en medio del hundimiento sin precedentes de los fondos de pensiones durante el primer trimestre, producto de la volatilidad financiera surgida del miedo bursátil a una recesión como la del año 2008, no ha sido sometido a discusión si resulta sensato sostener un sistema de ahorros previsionales tan vulnerable a los vaivenes de la economía mundial (además de incapaz en su tarea de ofrecer pensiones suficientes). Aún más, la denominada “Ley de Protección al Empleo” resguarda que, pese a la suspensión de los pagos salariales con cargo al empleador, éstos mantengan la obligación de devengar los aportes previsionales al sistema de AFP. Un dato que, en el cuadro dibujado, resulta importante pues uno de los más importantes accionistas de las grandes empresas mencionadas (Cencosud, Latam) son, de hecho, las propias administradoras[1].

El problema fundamental, entonces, es que el principal cordón sanitario de esta crisis parece estar dirigido a proteger la estabilidad del sistema privado de pensiones (pese a su consabida deslegitimidad social y política). Algo que podría inicialmente pensarse como beneficioso para los afiliados de las AFP, en tanto se sostendría la capacidad de ahorro previsional del país. Pero que, en los hechos, más bien se erige en un optimismo desmesurado sobre el futuro si se tiene en cuenta que, como hemos venido señalando desde Fundación Nodo XXI, sólo una fracción menor de los recursos captados por el sistema de AFP van a parar al pago de pensiones[2], mientras la mayoría de esos aportes se canalizan hacia intereses empresariales.

Siempre es útil recordar que, pese a sus objetivos sociales declarados, la operación de las AFP ha servido fundamentalmente para consolidar un mercado financiero en Chile, débil o inexistente hasta la creación de estas entidades a comienzos de los años ochenta. El papel de ellas como financistas de las grandes riquezas locales ha sido esencial para la modernización financiera del país, siendo las administradoras privadas aliados indispensables para las operaciones de tales patrimonios. A este efecto, para los actores empresariales que juegan su capital en la Bolsa y a la vez resultan financiados vía inversiones previsionales, la viabilidad de las AFP importa –en una dinámica especulativa de corto plazo– para mantener la sostenibilidad del sistema financiero nacional, antes que para cautelar los intereses de las y los trabajadores (asegurar ingresos, sea mediante salarios o pensiones)[3].

Por cierto, así como legítimamente puede creerse que concurre un bien general en el blindaje que se haga de los ingresos de las AFP, también podría argüirse que para el país –y para los fondos de pensiones– resulta provechosa la buena salud del mercado financiero. Por ejemplo, a propósito del alza que en la segunda mitad de abril, siguiendo una tendencia mundial, mostraran los indicadores bursátiles chilenos. Pues bien, frente a dicha afirmación habría que señalar que ello tampoco implica necesariamente mayores recursos para enfrentar la pandemia y la crisis venidera (y menos aún, para las pensiones a pagarse en el corto y largo plazo), dada la volatilidad y transnacionalidad de la inversión bursátil cuyo repunte relativo, como ha señalado el economista Paul Krugman, constituye una mejora desconectada de la economía real, que es la que sí da empleo y produce bienes y servicios.

Así pues, en medio de la crisis sanitaria, se consolida una política económica cuyo riesgo es profundizar el salto al vacío que viene experimentando la economía chilena durante las últimas décadas, y que ha golpeado y golpeará con fuerza sobre las condiciones de vida de los trabajadores chilenos. Ignorando los indicadores de alarma (bajo crecimiento, decrecimiento de la productividad), el empresariado y sus aliados políticos sólo atinan a dar un salto hacia adelante, sacrificando a su propia base de sustento (sus empleados), mientras aseguran su posición rentista. En realidad, es el Gobierno el que lo facilita, pese a sus condenas morales ulteriores, con sus políticas de emergencia que tienden a proteger las ganancias de los empresarios antes que las operaciones de las empresas y de sus entornos relacionados.

Ahora bien, quienes sí pueden mirar con optimismo hacia el futuro son las grandes riquezas, que contarán con la espalda financiera de las AFP cuando, tras la sacudida que provoque la crisis económica en ciernes, se abran oportunidades de inversión –de compra y fusión– en Chile y América Latina, que con seguridad robustecerán su ya prominente ascendencia regional. Resguardadas por el cordón sanitario al mercado financiero que hoy traslucen las iniciativas estatales en juego para paliar la crisis sanitaria, las AFP, incluso con una pesada carga de deslegitimidad a cuestas, parecen estar navegando en una dirección que las fortalecerá, al menos en su dimensión de agente económico y socio financista de la élite económica criolla.

[1] Tal como lo ha señalado la Fundación Sol en un estudio reciente, al indicar que el 22,2% del total de activos de los fondos de pensiones son invertidos en sólo 30 grupos económicos nacionales, entre los cuales las empresas mencionadas ocupan los primeros lugares captando fondos previsionales.

[2] Según cifras actualizadas periódicamente por CENDA, sólo un cuarto del gasto previsional total es asumido por las administradoras privadas.

[3] Esto se explica en la medida en que la cuestión previsional se resuelve (de forma insuficiente, como es sabido) mediante el actuar del Estado, a través de esa “bicicleta” a gran escala que es el denominado “pilar solidario”, que hoy paga tres cuartas partes de las pensiones en Chile y que configura un mecanismo de subsidio para la acumulación privada.