Debido a las medidas de distanciamiento social, la pandemia se ha vuelto un gran laboratorio para ensayar políticas y prácticas de organización del trabajo que dependen fuertemente del uso y análisis de datos digitales. Una tendencia que por cierto no es nueva, pero que ahora acelera dramáticamente su curso y pone a prueba el alcance regulatorio de nuestras relaciones laborales.

Mientras en todo el mundo se discuten fórmulas para enfrentar la crisis de desempleo, el empobrecimiento de los hogares, y la quiebra de empresas pequeñas resultado de la crisis sanitaria, hay ciertas compañías que crecen a pasos agigantados. Es el caso de las acciones de Amazon, Walmart y Zoom Video Communications, que se ubican en los primeros puestos del mercado de valores. También el de compañías de software especializados en gestión de información y el de servicios de plataformas dedicadas al delivery. Aunque pueden parecer organizaciones que tienen funciones muy diferentes, a la base de todas ellas se encuentra la pujante industria de datos.

Estas empresas no solo sortean con éxito la coyuntura, sino que han encontrado el nicho para su desarrollo, dado que proveen servicios inmateriales que se han vuelto vitales para los mercados de distintas áreas. Por ejemplo, la realización de compras por internet para el retail (y el crecimiento asociado de subcontratistas para el suministro), reuniones de trabajo y clases virtuales en distintas empresas e instituciones educativas, asignación adecuada de recursos humanos y materiales en el sistema de salud, o el uso de plataformas para el abastecimiento de insumos básicos (comida o fármacos).

Estos cambios no resultan ajenos a la realidad local. De hecho, Chile es el país de América Latina donde más se compra por internet, los trabajadores de delivery pululan por todas las calles de la ciudad, y el teletrabajo se ha convertido en alternativa para un sinfín de industrias. Así, la explotación de los datos se pone cada vez más al centro de la producción contemporánea. Los potenciales beneficios de estas herramientas, muchos de ellos descubiertos por algunas empresas recién ahora, favorecerán su adopción en buena parte del mundo del trabajo en los años venideros. Sin embargo, también comportan nuevos riesgos y amenazas, particularmente para los trabajadores, y que pueden exacerbar las asimetrías de poder ya existentes.

Es un hecho que las relaciones laborales en Chile se caracterizan por una gran discrecionalidad de los empleadores en la toma de decisiones. Cuando el control de los datos entra en esta ecuación, el desbalance en la relación laboral puede ser aún mayor y seguir minando el poder de negociación de los trabajadores y sindicatos sobre sus condiciones laborales. Nuestro draconiano código del trabajo resulta definitivamente insuficiente para proteger de todas las nuevas posibles situaciones de abuso.

Algunos especialistas ya han advertido que la virtualidad puede aumentar el tiempo dedicado al trabajo, afectar las relaciones familiares y sociales, y desincentivar la acción sindical. Para los trabajadores de plataforma, falsos independientes que están altamente expuestos a riesgos sin protección social alguna, las posibilidades de organizarse para luchar por mejores condiciones son muy restringidas. Lo mismo le ocurre a los subcontratistas del reparto de ventas por internet, trabajadores precarios que están muchas veces sujetos a una demanda estacional. ¿Cuándo y dónde abordar estos problemas urgentes? ¿qué nuevos caminos de organización sindical pueden encontrar los trabajadores en este contexto?

El proceso de reforma constitucional abierto en Chile, donde varios de los aspectos más sensibles del debate apelan al acusado agotamiento de nuestro modelo de desarrollo económico, es una oportunidad excepcional para hacernos cargo de estas materias. Más particularmente, es un momento para que sindicatos y trabajadores elaboren directrices regulatorias para lidiar con la virtualidad y el impacto de la industria de datos sobre las relaciones laborales. Este es uno de los pocos espacios donde se puede sostener un debate democrático, en el que las mayorías participen activamente de las definiciones que exige el presente. Ciertamente, las iniciativas recientes en materia laboral que impulsa el gobierno como la ley de teletrabajo van exactamente en la dirección contraria, ya que sacan provecho del medio generalizado de la población y avanzan sin contrapesos efectivos. No podemos permitir que ese tipo de acciones clausuren una discusión de dimensiones históricas.