Fue el 19 de marzo cuando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó un paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19. La que acaparó la atención y las consultas de la prensa fue el proyecto de protección a los ingresos laborales. Briones explicó que no todas las empresas tenían la posibilidad de mantener el sueldo a sus trabajadores y tendrían que optar al Fondo de Cesantía. Así los ingresos para sortear la crisis saldrían de sus propios bolsillos.

La ley entró en vigencia el 6 de abril y hasta ahora van más de 66 mil empresas que se han acogido a la norma: más de 500 mil trabajadores han sido suspendidos, mayoritariamente de las microempresas. Este fin de mes fue la primera prueba que debió sortear la cuestionada ley: filas enormes de trabajadores cobrando sus seguros tras suspensiones que se podrían extender hasta por cinco meses. El mecanismo se permite en tres situaciones: si se suspende el contrato por acto de autoridad (cuarentena); si se acuerda un pacto de suspensión del contrato de trabajo; o en último caso, un acuerdo por pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.

Pero los cuestionamientos han sido múltiples y las posiciones dispares. En la trastienda de su tramitación exprés, las omisiones, los aspectos que fueron desestimados y los sindicatos fueron quedando aislados del documento final que requirió de una ley corta complementaria para corregir sus falencias. Lo que ha concitado mayor debate es la incorporación de las grandes empresas que reportan multimillonarias utilidades.

Los sindicatos presentaron la inquietud durante la tramitación, pero no hubo voluntad para hacer distinciones entre empresas, reconoce la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans. Esto bien lo sabe Ricardo Álvarez, presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, quien estuvo presente en una de las sesiones virtuales, junto a los sindicatos de HyM y de Walmart.

Aquí reiteraron que nunca debía ser para grandes empresas y plantearon una serie de dudas: ¿Qué pasará con los trabajadores si al regresar al trabajo son desvinculados y ahí sí requieren usar sus fondos de cesantía para los fines que fueron dispuestos? ¿Quién paga los nuevos costos operacionales que tendrá las Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC)? A mediados de abril ellos le enviaron una carta a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y a sus asesores exponiendo los primeros efectos de esta ley: cientos de trabajadores suspendidos con sueldos que se reducirían a un 70% el primero mes, después a la mitad, y así sucesivamente, y muchos de ellos que no llegaban al mínimo. Nunca les respondieron.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), identifica el argumento que terminó por acoger el Congreso: “La lógica fue: como las empresas no pueden sostener el salario, generemos una ley que subsidie a las compañías y con eso aseguramos que el empleador no despida. Aunque este último punto tampoco quedó muy afirme porque puedes hacer uso de la ley de protección de empleo, suspender temporalmente el contrato y no es impedimento para que en un futuro si la empresa lo estima pueda igual despedir a trabajadores”, explica. No es posible, recalca, que las empresas echen manos a las rentas de los trabajadores al tener problemas de liquidez.

Y con esto asegura que es una norma tramposa: “Si, eventualmente, posterior a la crisis los despiden, pueden hacer uso de este seguro mediante el fondo solidario que tiene un tope solo hasta los $600.000". Además, son alrededor de 3 millones de trabajadores que podrían hacer uso del seguro de cesantía, sin considerar que dentro de la norma los que tienen acceso son los contratados después del 2002 y si lo tienen antes de eso y no se ha hecho el acuerdo de cotizante, tampoco pueden acceder. Y a esto se suma el 30% de trabajadores informales. Es decir, una reducida proporción de trabajadores beneficiados con la ley del gobierno.

¿A qué le deja la puerta abierta?  

Las situaciones que podrían desprenderse de esta ley se ha instalado como una de las interrogantes dentro del debate. Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, plantea que esta norma podría actuar como un detonante para que las grandes empresas aprovechen de reconfigurarse con procesos de automatización. “Se había hablado de procesos de distribución de las plantas fijas, que podría ser por medio de la externalización o de la automatización, y esto podría acelerarse tras la suspensión que podrían terminar en despidos”, explica. Estas podrían haber sido decisiones tomadas, pero que no habían concretado por restricciones organizativas, legales o sindicales que hoy precisamente se han relajado. “Los sindicatos han perdido fuerza y las leyes aprobadas han relajado los marcos protectores”, acota Kremerman.

Otro de los aspectos que ha abierto dudas son los gastos operacionales extras que reportaría para la AFC. El abogado constitucionalista Mauricio Daza abrió esta arista enfocándose en los beneficios para la sociedad administradora, porque la ley establece una retribución adicional por los gastos adicionales, aunque no aclara cómo se van a calcular. “Pagarle extra a una empresa que ha ganado 10 mil millones de pesos durante los últimos dos años simplemente por administrar un fondo que se integra a partir de aportes obligatorios de los afiliados, no parece muy razonable”, sostuvo. Asegura que con este proyecto se le dice abiertamente a los trabajadores que son ellos quienes deben hacerse cargo del costo de esta crisis.

Sobre esto mismo, han quedado otros puntos aun sin resolver. Hugo Cifuentes, presidente de la comisión de Usuarios de Seguro de Cesantía y profesor de la Universidad Católica, advierte sobre el tope de estos fondos, cuánto va a dar el fondo solidario para solventar estas prestaciones y por cuánto tiempo. “¿Con cuánto nos vamos a quedar en el fondo para enfrentar los despidos que vienen? Los estudios que se han hecho es que hay un colchón para enfrentar esta situación, pero igual hay que estar muy atentos porque podemos poner en riesgo la estabilidad del próximo período”, sostiene.

En todo caso, que se usaran instrumentos que representan el esfuerzo de los trabajadores parece aberrante para la economista e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Claudia Sanhueza. “Esto no tiene sentido porque no son recursos del Estado, distinto serían si fueran recursos públicos. No es un derecho como en los países desarrollados”, agrega.

[caption id="attachment_333531" align="alignnone" width="1280"] Presidente Sebastián Piñera junto a ministros de Hacienda y del Trabajo[/caption]

Mea culpa

La tramitación de la ley corta fue despachada este miércoles por la comisión mixta, algo que fue visto por algunos parlamentarios como una oportunidad de dejar en mejor pie a los trabajadores. Se aprobó una indicación para establecer la obligación para las sociedades anónimas que quieran acceder al seguro de cesantía, para que no puedan sacar ni repartir las utilidades entre sus accionistas durante todo el año tributario. Así también se prohibió suspender el contrato a trabajadoras que cuenten con fuero maternal, como el caso de Starbucks.

También se abordó el pago de las pensiones alimenticias por parte del empleador que se excluyó y la situación de los pensionados que trabajan, pero que no tienen derecho a estas prestaciones del seguro de cesantía.

Aún así, las cuentas no son alegres y en la oposición hacen un mea culpa de esta ley madre que salió del Congreso. Como integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Gabriel Silber cree que se vio la imposibilidad de los distintos partidos de tener una propuesta común para enfrentar al gobierno. "Esto generó una brecha de oportunidad que el gobierno y la derecha utilizaron", sostiene.

Gael Yeomans, por su parte, dice que sus primeras críticas apuntaban a que esta ley sería un salvavidas para que multinacionales que sí tienen los recursos para pagar a sus trabajadores, puedan renunciar amparadas por el Estado al deber de pagarles sus sueldos. "Con el historial que tiene el Gobierno en iniciativas pro empresa, no tuve dudas en que un escenario como el que tenemos hoy, con Ripley o Starbucks acogiéndose, iba a producirse", reconoce.

Desde el Senado, en tanto, Juan Pablo Letelier (PS) dice que no era partidario de utilizar las cuentas individuales antes que las colectivas y que el gobierno debió optar por una renta básica garantizada. Para él siempre fue un proyecto exprés que tenía “poco músculo”.  Reconoce que esta ley madre dio pie para abusos durante las primeras semanas, acosos, ofertas por abajo, bastantes conflictos con los sindicatos. “En la comisión mixta se fijó un parámetro sobre la afectación para la empresa, se fijó un camino más explícito para que se hagan las denuncias y se establecieron consecuencias para las empresas que se acogen a esta ley”, concluye Letelier.