Hostigamiento es una de las palabras que se repite en los relatos de los trabajadores de retail para hablar del estado en el que se encuentran laboralmente. Hay llamados diarios, mensajes por WhatsApp al mismo ritmo, una presión por todos los canales posibles. Que firmen, les dicen. Esa es solo una de las consecuencias que ha dejado la ola que formaron las grandes empresas (nacionales y multinacionales) que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, puesta en marcha para enfrentar la crisis por el COVID-19.

“Estamos agobiados como trabajadores, y defraudados de la clase política. La incertidumbre ni te la imaginas”, resume Ricardo Álvarez, quien preside la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios. Entre sus filas están los sindicatos (de miles de afiliados en todo Chile) de Ripley, Hites y Cencosud, entre otros.

En redes sociales han aparecido las denuncias: acusan que los empleadores los impulsan a aceptar un acuerdo, haciéndolo pasar como si fuese elaborado por ambas partes, para lograr la suspensión de los contratos y así acogerse a la nueva normativa. Es más: si no firman, no se les pagará el sueldo, ni la quincena, según los testimonios de los sindicalizados.

En la misma línea, los trabajadores ven un vacío en la fiscalización para que las empresas puedan acogerse al beneficio, al ser la Dirección del Trabajo la encargada de fiscalizar la reducción del 20% de las ventas y no el Servicio de Impuestos Internos. Suspicacia que crece al no existir certeza respecto al análisis de las ventas en línea.

La ecuación es compleja, pero para entender cómo se tensionó el escenario laboral producto de la pandemia, hay que identificar a los actores, ver los espacios que sirvieron (y sirven) de subterfugios, y las consecuencias que esto ha tenido.

Génesis

Álvarez apunta a la Cámara Alta como el origen del estado actual del sector. No teme dar nombres: “Los actores más relevantes de esta controversia son, a mi parecer, Juan Pablo Letelier (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD). Ellos, que conforman la comisión de Trabajo, recibieron el proyecto y lo fueron a defender a la comisión mixta, siendo de oposición”, dispara. Aclara, además, que ellos no fueron consultados para la misma discusión. Y lo que faltó, en sencillo, según cree, fue haber precisado en la definición de los alcances de la ley respecto a qué empresas podían acogerse a ella (micro, pequeñas y medianas empresas).

“Sabemos que esta ley la hicieron apurados en estos días de crisis, pero dejó abierto muchos espacios: entre ellos, que es el de conocimiento público, que es que los grandes empresarios van a seguir abusando de la clase obrera”, acota Valeska Reinoso, dirigente sindical del Holding Hites. Desde su perspectiva, la crisis identifica al gobierno, a la dirección del trabajo, a los empresarios y a los dirigentes sindicales como principales responsables de este escenario.
“La Dirección del Trabajo no está funcionando al 100 por ciento, en regiones y en comunas, las dependencias están cerradas y las páginas webs caídas. Quedamos desprotegidos, a merced del empleador”, lamenta la dirigente.

El caso particular de Hites podría graficar el conflicto: a fines de marzo la empresa decidió enviar a sus trabajadores a la casa. Uno de los tres sindicatos quiso conocer si los empleadores se acogerían a la nueva ley. Recibieron la respuesta: lo harían por la modalidad de firma de mutuo acuerdo. “Hoy en día estamos en nuestras casas. La empresa nos amenazó con el no pago de sueldos, ni de quincena, si no firmas el pacto”, cuenta Reinoso. Y agrega que, al menos Hites, si bien tienen sus locales cerrados a nivel nacional, siguen trabajando como centro financiero: “Se establecieron turnos éticos para trabajadores que si o si tenían que trabajar en el centro financiero, como ejecutivos de crédito, de cobranza y cajeros, pero también se seleccionó a cajeros, vendedores y promotores de las mismas tiendas para que trabajaran”.

Desde el sindicato de Ripley (tres mil trabajadores afiliados), Leandro Cortes, presidente del grupo, marca la línea de partida “desde el momento en que anuncia (el gobierno) la protección al empleo es que vemos que no tiene protección, sino todo lo contrario, y ahí empieza la incertidumbre”. Ve entre los participantes a la misma Dirección del Trabajo y los dictámenes previos a la nueva ley, y a las autoridades que dieron forma a la ley.

Para el caso de Cortés, ellos se reunieron con la empresa para evaluar propuestas, como que no ocurrieran despidos y que los préstamos internos no se descontaran en un plazo determinado. Pero nada fue aceptado. Así, quienes ve involucrados, en este punto muerto donde no hay diálogo, es a las empresas y a los parlamentarios.

“El llamado es a que las empresas hagan un compromiso y ejerzan la responsabilidad social que dicen tener, que no es hacer la filantropía de la Teletón, sino que hacerla con los trabajadores. La caridad empieza por casa. A los parlamentarios se les pide que hagan leyes justas y que reviertan lo que ocurre hoy en día”, dice Cortés.

La ley

Una de las condiciones para acogerse a la Ley de Protección al Empleo es que la empresa funcione en un sector que se encuentre en cuarentena y que no se pueda abrir al público. Otra alternativa es que sea decretada por un acto de autoridad o que se genere vía mutuo acuerdo entre las partes.

Según cuenta Álvarez, la fiscalización de estas medidas debe ser realizada por la Dirección del Trabajo. “Eso es lo relevante, quién revisa a las empresas: no debería ser la Dirección, sino el Servicio de Impuestos Internos, porque las empresas siguen vendiendo por internet”, detalla.

Valeska Reinoso admite que el retail no es una empresa de venta de artículos de primera necesidad. “Pero sigue funcionando, como lo hacen los bancos, como centros financieros, prestando dinero, recibiendo pago de cuotas y también camuflan las ventas, porque las hacen online”, pormenoriza respecto a Hites. Agrega también que hay trabajo también en los centros de distribución de la empresa.

El escenario se cruza con el aumento en un 70% de las empresas del país de las ventas por internet, de acuerdo a un estudio hecho por la empresa Mercer citado por el diario La Tercera.

Consecuencias

La dirección del sindicato de Hites ha recibido reportes de tiendas sin alcohol gel ni sanitización de espacios, tampoco guantes para funcionarios nocturnos, ni desinfectantes, ni mascarillas. En el Centro de Distribución, en tanto, encontraron una persona con COVID-19 positivo, pero cuenta Valeska Reinoso que “los trabajadores reportan baños insalubres, sin llaves de agua funcionando, menos decir jabón”.

Dice la dirigente que los trabajadores están en sus casas con la amenaza hecha por la empresa de no pagarles el sueldo ni la quincena si no firman el pacto de acuerdo mutuo. “La empresa tiene a los trabajadores en sus casas por acto voluntario, pero sigue operando a nivel nacional, incluso en algunos malls. Ahora les dice que no les van a pagar los sueldos porque se acogió a la ley, pero el único lugar donde se podría desligar es donde están decretadas las cuarentenas, por un acto de autoridad, pero no en todo el territorio nacional”, dice. Como efecto ha visto el deterioro de la salud psicológica de los trabajadores, contraviniendo el resguardo de la integridad de las personas.

En Ripley las cosas no varían mucho: hubo un bono de $150 mil, pero “la gente está entre la espada y la pared: necesitan las lucas, alimentar a su familia, pero vemos el bono a cambio de firmar el acuerdo como un chantaje. Al firmar, finalmente, los próximos meses estarían pagándose solo con el seguro de cesantía, que más encima disminuye cada vez”, cuenta Leandro Cortés.

En Paris cortaron las conversaciones con el empleador. Las preguntas que surgen de todo solo nublan el porvenir: “¿Quién va a fiscalizar que efectivamente tiene 20% menos de venta como para acogerse a la ley? La inspección no puede hacerlo. ¿Qué va a pasar con los contratos colectivos a los que la empresa llegó, si es que se firma el acuerdo mutuo que solo beneficia individualmente? Allí el acuerdo colectivo prima por sobre el individual y no sabemos qué va a pasar. Las empresas siguen vendiendo por internet, no hay que olvidarse de eso”, resume Álvarez.