La organización internacional de defensa de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), hizo un llamado urgente durante este jueves a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que reduzcan el "hacinamiento" de sus cárceles y centros de detención juveniles para prevenir posibles brotes de COVID-19.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, explicó que "si hay un brote de coronavirus en una de estas prisiones de América Latina, es un desastre en materia de salud previsible y que está debidamente anunciado". 

Esto porque las condiciones de "insalubridad y sobrepoblación" de los centros penales en la mayoría de países de América Latina y el Caribe generan las "condiciones perfectas" para que se produzcan brotes.

Vivanco sostuvo además que se deben tomar ahora mismo las medidas para evitar consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población. "Lo urgente es descongestionar, bajar la sobrepoblación, buscar maneras legales, realistas; no se trata de darles libertad y vacaciones, sino que buscar categorías de reclusos que podrían estar en un sistema distinto de casa por cárcel", añadió.

En ese sentido, la organización recordó que durante las últimas semanas han ocurridos distintos episodios de "amotinamientos" de los reclusos debido a la falta de medidas de protección e "intentos de confinarlos".

[Te puede interesar: “Pretenden impunidad de asesinos aprovechándose del coronavirus”: Oposición rechaza anuncio del Gobierno para acelerar “Ley Humanitaria”]

En esa línea, Vivanco agregó que en estos amotinamientos "cientos lograron fugarse, hubo decenas de heridos y al menos 40 reclusos murieron en esas revueltas en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, y Brasil", por lo que llamó a las autoridades a que "investiguen las circunstancias de todas estas muertes, incluida la posibilidad del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad".

Cabe mencionar, que en Chile la problemática está siendo abordada desde dos frentes. El primero, bajo la denominada Ley de indulto conmutativo, que pretende que unos 1.300 presos por delitos de baja peligrosidad y que se encuentren en los grupos de riesgo puedan conmutar sus penas en sus hogares, y el segundo, bajo el proyecto de "Ley Humanitaria", que pretende derechamente liberar a quienes cumplan con el requisito de edad (+75), haber cumplido la mitad de su pena, y tener una condición de invalidez o una causa inminente de muerte.

A este último proyecto, el Presidente Sebastián Piñera le puso discusión inmediata este jueves. Sin embargo, dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso, y ha sido duramente criticado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ya que significaría la liberación de violadores de Derechos Humanos, como los del penal Punta Peuco.