Este martes, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de indulto conmutativo, el cual permitirá a 1.400 reos aproximadamente, quedar bajo arresto domiciliario, como una medida para prevenir el contagio y resguardar a la población carcelaria más vulnerable, en el contexto la emergencia sanitaria por coronavirus.

Esta iniciativa nace de un proyecto presentado por la diputada Natalia Castillo (RD)  para otorgar prisión domiciliara a las mujeres que estaban en la cárcel con sus hijos - y que no estuvieran condenadas por delitos graves - que se unió  con la propuesta de Sebastián Piñera enviada al Congreso, quien había anunciado este beneficio también para las personas de la tercera edad, sobre 75 años, que son los que tienen mayor riesgo de contagio del Covid-19.

Sin embargo, la sala rechazó, por falta de quórum, el informe elaborado por la Comisión Mixta que permitía a Gendarmería controlar el correcto cumplimiento de los arrestos domiciliarios, por lo que quienes infrinjan esta medida quedarían sin sanción.

Esto, según la parlamentaria Castillo, se debió a que los diputados y diputados del bloque oficialista se mostraron reacios a aprobar este informe, porque la medida en general no beneficiaba a los reclusos de Punta Peuco.

"Parte de la derecha desde un principio se opuso a esta medida porque no incluía a los criminales de lesa humanidad. Y fue tanto así, que estuvieron dispuestos a rechazar el informe de la comisión mixta y hacer que esta ley sea impracticable", anulándola indirectamente, según la diputada del Frente Amplio.

"Esto es muy grave. Estamos frente a una pandemia que ha acrecentado las deficiencias de nuestro sistema carcelario", dijo Castillo, recordando el reciente caso de un motín en la Cárcel de Puente Alto, y los problemas e incertidumbre por los contagios que se han evidenciado en la Cárcel de San Miguel y en Santiago 1 también.

"Cuando creíamos que la derecha había llegado a un consenso de que los derechos humanos se defienden, nos encontramos con esta sorpresa. Ponen en riesgo una ley que puede beneficiar a mujeres gestantes y a los adultos mayores, por defender a los violadores de Derechos Humanos", acusa la parlamentaria de izquierda.