La ex ministra del Trabajo y Previsión Social de la Presidenta Michelle Bachelet, Alejandra Krauss, ha seguido de cerca la discusión laboral ante la crisis desatada por el COVID-19. Tal como lo han dicho otros expertos, Krauss plantea que todavía es muy pronto para comenzar a sacar cálculos sobre los impactos en las y los trabajadores, la economía y el mercado laboral.

“La pandemia no tiene límites económicos y aún se hace muy difícil evaluar los impactos reales”, dice Krauss, en conversación con El Desconcierto.

Pese a eso, asegura que hasta ahora las respuestas del gobierno han sido lentas y, sobre todo, parciales. Pone especial énfasis en el dictamen que la Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer la semana pasada, que permite suspender las relaciones laborales mientras se extienda la crisis sin obligar al empleador a pagar remuneraciones. Krauss no duda en que esto es un grave error político y jurídico.

-¿Cómo evalúa, en general, la ley de protección laboral que promulgó esta mañana el Presidente Piñera?

-Creo que era necesario buscar alguna respuesta de carácter excepcional para un momento de una crisis sanitaria como la que estamos enfrentando, para la cual aún no tenemos elementos suficientes para evaluar en profundidad. Entonces, era importante buscar una solución. Pero, eso sí, es una solución parcial. Responde solo a trabajadores con contrato y afiliados al seguro de cesantía, a la ley 19.728. Hay muchos trabajadores que no se encuentran en esta condición porque no tienen a las prestaciones del seguro de desempleo y siguen desprotegidos.

La vulnerabilidad para efectos de las políticas públicas se encuentra en los segmentos del 40 o 60% de la población más desprotegida. Esta pandemia no tiene límites económicos y nos va a afectar a todos de distinta manera. El proyecto aborda un aspecto de quiénes hoy en día se ven enfrentados a la suspensión de funcionales laborales.

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-Durante la discusión generó gran polémica que el gobierno ingresara en último momento una indicación para reducir al 50% el pago de las cotizaciones por parte del empleador. ¿Qué le pareció?

-Primero, me pareció extraña la incorporación de esta indicación porque el proyecto no venía con ella y porque todo el discurso para construir el acuerdo, suponía que suspendida la relación laboral el empleador se hacía cargo de las cotizaciones. Fue parte de un acuerdo que desconozco y que generó controversias. Tanto así, que la ministra (María José Zaldívar) se comprometió, para lograr promulgar la ley, enviar un proyecto de ley que rectifique esa indicación. Incluso más, el artículo que fue aprobado y promulgado llama a confusión porque aparece, de acuerdo a la redacción del mismo, que las cotizaciones van íntegramente a cargo del empleador. Hay debates que se están dando al nivel de distintos grupos de abogados. Entonces, lo que se aprobó sigue en discusión.

-Una frase de la ministra Zaldívar también generó bastante revuelo respecto a las condiciones de las trabajadoras de casa particular. Ella afirmó: “No tienen cotizaciones previsionales porque no quieren perder los beneficios de ser carga del marido (...) porque les entregan las municipalidades por ser carentes de recursos”. ¿Cuál es su posición?

-Me parecieron profundamente incorrectas viniendo además de una ministra de Estado, especialmente de Trabajo y Previsión Social. Toda la concepción, desde la perspectiva de derechos, descansa en el Estado que brinda protección. Además, es impensable que hoy se haga ese tipo de interpretaciones respecto a esa realidad de mujeres trabajadoras que, al igual que el gerente de la empresa o del administrativo, genera riqueza en este país. No me parecieron sus palabras. Esas mujeres, al igual que muchas como ella las califica que siguen siendo carga del marido para seguir recibiendo algún tipo de subsidio, lo hacen porque no tienen la libertad de elegir.

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-La semana pasada la DT promulgó un decreto que permite a los empleadores suspender la relación contractual y no estar obligados a pagar remuneraciones. El gobierno ha dicho que, pese a eso, no pueden ser despedidos por “fuerza mayor”. ¿Lo considera beneficioso o no para los trabajadores?

-Ese dictamen fue manifiestamente un error político y jurídico. La particularidad de las facultades que tienen la DT es que es un organismo especializado en la interpretación de la ley existente. Aquí se reguló las declaraciones de autoridad que permitían la suspensión de la relación laboral, según aparece detallado, pero en algunos de sus párrafos dice expresamente que la relación quedó suspendida y afirma que ese dictamen es la doctrina histórica del servicio. Y si uno lee todos los dictámenes por situaciones catastróficas, de excepciones muy puntuales y muy distintas a esta situación, nada se señala sobre eso. A mayor abundamiento, el Código del Trabajo, que se interpreta de manera restrictiva, solo concibe la suspensión en tres situaciones: en huelgas, licencias médicas y servicio militar obligatorio. En esas situaciones se ha aceptado y regulado la suspensión laboral. Ese dictamen cometió un error político y generó incertezas al interior de las empresas, en la relación laboral, y entre trabajadores y empleadores. No contribuyó en nada. Pero, por otro lado, la ministra, en la Comisión Mixta, se comprometió a solicitar la rectificación del mismo. Me parece que haber rectificado las declaraciones que validaban el dictamen, es correcto.

-Con todo esto, ¿cómo ha sido el manejo el gobierno en el ámbito laboral?

-Estimo que nos hemos tardado como Estado en dar una respuesta en algo que era un hecho casi cierto. En ese sentido, creo que han sido decisiones lentas. Pero también quiero señalar que en esta emergencia y en este escenario de crisis que no nos había tocado enfrentar, es más compleja la búsqueda de los equilibrios que se necesitan. Probablemente, por ser instrumentos insuficientes, vamos a tener que seguir en ese debate, por los trabajadores independientes, por los trabajadores con contratos honorarios, muchos precarizados que no son abordados hoy en estas medidas.

-Hasta ahora se han conocido varios casos de despidos invocando ‘fuerza mayor’. El escenario, entonces, se ve complejo al no tener certezas sobre la reactivación de actividades y, sobre todo, por la gran cantidad de trabajadores que ya estaban en condiciones de precariedad laboral. ¿La crisis agudiza las falencias del actual sistema laboral?

-Creo que esta pandemia nos devela la urgencia del debate constitucional que debemos dar. No solamente en el ámbito laboral, sino que, en otros muchos, como el tema de las alzas de la Isapres. Es decir, el estallido social era un llamado, un grito, de urgencia de modificación constitucional y sin duda esta crisis nos enfrentó a hacerlo más claro y nos ha afectado a muchísimos más. No es el debate solo del sistema laboral, sino que del sistema general en el país. En eso el proceso constituyente va a ser una gran herramienta para decirnos cuál es la casa común.

-Comparativamente con las medidas que se han adoptado en otros países donde el virus ha causado más estragos, y que entraron con anterioridad a la fase 4 de la pandemia. ¿Cómo ve las que se están tomando en Chile? ¿Qué factores particulares se deben considerar ante esta realidad laboral?

-Suponer que todas las respuestas de alguna u otra manera van a surgir de la propia ciudadanía (empresas, trabajadores, empleadores) para responder a esta realidad, es insuficiente. Aquí el Estado en su conjunto va a tener que asumir muchísima más responsabilidad porque, más allá de la situación macro, probablemente va a tener que profundizar medidas de carácter económico para enfrentar lo que viene. Hoy estamos enfrentando la crisis, pero al término vamos a ver las consecuencias de la misma que van a ser más complejas que las actuales.

-En todo esto, ¿cómo ha visto a la oposición?

-Entendiendo que cada conglomerado tiene distintas visiones; todos tenemos que participar de acuerdos políticos para que los trabajadores y sus familias logren subsistir ante esta situación. Durante este periodo necesitamos una oposición clara, unida y necesariamente con la búsqueda de acuerdos. En el caso concreto de estas leyes que responden a la crisis sanitaria, ha existido disposición y también el gobierno ha mostrado disponibilidad para mejorar los proyectos de ley que han ingresado al Parlamento. Este mismo de protección al empleo y prestaciones de seguros de cesantía. En ese sentido, tenemos que poner todas las urgencias.