En un ejercicio de diagnóstico general de la coalición de gobierno, y sin escatimar en balas para el bando amigo, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, conversó con el diario El Mercurio sobre el estado actual de Chile Vamos.

Sobre los roces internos del grupo en las últimas semanas, explicó que "los últimos meses han sido muy exigentes para la coalición, con muchas tensiones", además que "ha habido situaciones que son difíciles, que nos duelen y que están más cercanas a las ventajas políticas que a la idea de contribuir para salir de este problema. En general, creo que Chile Vamos no ha estado a la altura de los desafíos, hemos tenido una serie de peleas y críticas que no contribuyen ha nada".

Con todo, no puso en duda la gobernabilidad del país con la actual administración: "A pesar de todas las dificultades de la violencia, los efectos económicos y sociales que ha vivido el país, Chile está funcionando, las instituciones están funcionando y tenemos Estado de Derecho", señaló.

En la misma línea, sus premoniciones respecto al propio Chile Vamos fue desesperanzadora: sobre un posible quiebre del grupo, señaló que "la situación de Chile Vamos es frágil, pero la responsabilidad que tenemos es muy superior". Considerando lo anterior, al ser consultado respecto a un cambio significativo de gabinete, indicó: "Creo que un cambio de gabinete puede ayudar a reforzar el equipo y mejorar la presencia de los distintos partidos de Chile Vamos".

Factor Blumel

Con la amenaza de una acusación constitucional soplándole la nuca contra el militante de su partido y ministro del Interior, Gonzalo Blumel, Larraín Matte señaló que la medida sería "irresponsable y abusiva": "Hay que decirlo con todas sus letras: Gonzalo Blumel ha hecho su pega. La acusación es absolutamente infundada (...) Se han revisado los protocolos, se invitó a Human Rights Watch, a la Corte Interamericana de DD.HH., y a la ONU, para poder tener toda la información, corregir las situaciones y poner toda la información en los tribunales para que haya sanciones". Esto último, pese a que la propia ONU no ha visto cambios respecto a DD.HH. tras la emisión de su informe.