El año 2018, en la Universidad Católica de Valparaíso se denunció reiteradamente al profesor y ex director de carrera de Trabajo Social, Dagoberto Salinas Avilés, por abuso y acoso sexual de sus alumnas.

Sin embargo, a pesar de que las denunciantes siguieron los procesos correspondientes realizados por la universidad, se dictaminó otorgar medidas mínimas de cuidado y protección que se redujeron al ofrecimiento de un acompañamiento psicológico, resolución insuficiente para proteger a las víctimas de acoso.

El viernes, durante la titulación de las egresadas de Trabajo social, las estudiantes decidieron funar tanto al docente como a la institución por su comportamiento negligente, tras haber determinado que los hechos que ellas denunciaron son "afirmaciones totalmente inofensivas, más cercanas a un alago que alguna consideración de tipo negativa, toda vez que no tienen, por sí solos, el mérito de transgredir el espacio vital de las estudiantes, afectar su indemnidad".

Finalmente, un año después Dagoberto Salinas fue sobreseído por la Comisión y el Consejo Superior por insuficiencia de pruebas.

Las cinco estudiantes que se atrevieron a denunciar el abuso por parte del -en ese momento- Director de carrera, estuvieron un año en el proceso, abordado a través del recientemente instaurado Protocolo contra el Abuso, Acoso, Hostigamiento y Discriminación Arbitraria.

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Tras la funa, Valentina Arias, una de las denunciantes, fue interpelada por María Teresa Blanco, Decana de la Facultad de ciencias económicas y administrativas, quien comenzó a gritar que la denuncia no era verdad, para luego confrontarla en las afueras del edificio.

Las mujeres denuncian que, además de dictaminar el sobreseimiento de la causa, cuya notificación fue anunciada mediante correo electrónico el 13 de mayo de 2019, la institución fue negligente en el momento de proveer protección a las víctimas, quienes se vieron obligadas a enfrentarse a su abusador constantemente en la escuela, ya que continúa haciendo clases en el mismo edificio.

Así, agregan que "se incurrieron prácticas revictimizantes y violentas por parte de las entidades administrativas encargadas de llevar el proceso, dando cuenta de un proceso viciado, donde se presentaba un conflicto de interés, además de una carencia de habilidades respecto al  abordaje de la situación que afecta a las compañeras involucradas".