El senador independiente - pero que pertenece al comité parlamentario del PPD - Pedro Araya, ofició a la Contraloría General de la República, para que inicie un procedimiento de fiscalización respecto del bullado estudio "Big Data", el cual analiza el comportamiento de redes sociales de chilenos y chilenas desde el 18 de octubre. Este informe generó incertidumbre y criticas tanto en el plano nacional como internacional, debido a sus conclusiones que fueron denominadas como "absurdas" por hacer alusión a que, por ejemplo, el K-Pop había influenciado en el movimiento social.

Este fue entregado por el Gobierno al Ministerio Público, en el marco de las indagatorias de delitos asociados al llamado estallido social, y fue utilizado como una de las supuestas fuentes que respaldarían los dichos del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien aseguró que había "influencias extranjeras" que acrecentaban la crisis social.

“Toda esta situación, esta vergonzosa situación, causó un daño enorme en la reputación del sistema de inteligencia nacional. No sólo en el ámbito local, sino que también en el internacional, donde los medios incluso festinaron con el documento de Big Data y sus contenidos”, recalcó el senador Araya.

"¿Hubo algún eventual tráfico de influencias para que el denominado informe de Big Data llegara al gobierno? ¿Se vulneró algún artículo de la Ley del Lobby? ¿Cuál es el origen real del documento?", son algunas de las preguntas que se hace el congresista, y que ahora pasarán a ser preocupación del órgano fiscalizador.

"Tenemos serias dudas respecto de cómo ese informe llegó a manos del Ejecutivo. Se ha indicado que lo recibió inicialmente la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que depende del Ministerio del Interior. Todo es extraño. Todo muy opaco. ¿Por qué aparece  en esta ecuación Quiñenco S.A. y el ex ministro Rodrigo Hinzpeter, que trabaja para ese conglomerado y que estuvo en el gabinete del primer gobierno de Sebastián Piñera? Eso es algo que, creemos, mucha gente se está preguntando", señaló Araya.

Otros antecedentes relevantes que se buscan aclarar con esto es si, efectivamente, el informe no tuvo costo para el fisco, si se ofreció en otras entidades públicas y si la empresa española que lo redactó - Alto Data Analytics - ha trabajado con otros organismos del Estado.