Virginia Palma Erpel, Presidenta ONG Acción Mujer y Madre y asesora de la Concejala Irací Hassler, acusa persecución política dentro del Concejo Municipal de Santiago, hacia las ediles y asesoras de oposición.

"La administración de Alessandri está haciendo una serie de cosas que denotan que hay persecución política a las concejalías que han sido oposición dentro del Concejo", comienza relatando, tomando como ejemplo cuando le informaron que no iban a renovar su contrato.

Virginia declara que a ella le fueron a notificar que se acababa su contrato, y que no lo iban a renovar, cosa que históricamente nunca ha pasado con los asesores de concejalía, ya que la administración no debe determinar cómo los concejales manejan a sus asesores, ya que se consideran cargos de confianza.

"Jamás en la vida habían despedido ni se habían metido con renovar o no los contratos de los equipos de los concejales porque esas personas que trabajamos ahí tenemos un cargo de confianza, por lo tanto no tiene que ver ni la administración, ni recursos humanos ni el alcalde, con sacarnos o ponernos" afirma.

"A mí me quisieron terminar mi contrato justo dos días antes de que se supiera que el asesor del concejal Mena estaba relacionado, formalizado y detenido, por saquear, por participar de los saqueos en la Cisterna", denuncia, y aclara que sobre eso no se ha dicho nada. "La municipalidad está calladísima, le aceptaron la renuncia y no se hizo una investigación, no se sacó una declaración, nada".

El caso de Alejandra Araya

El pasado 24 de diciembre, la profesora Alejandra Araya, integrante del comité académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, asistió junto a Lorena Sandoval, asesora de la concejala independiente Rosario Carvajal, al Liceo 7 Teresa de Prats.

De acuerdo con Virginia Palma, ese día llegaron por una cuestión de resguardo, para "tomar ciertas protecciones, porque en el Liceo 7 de niñas fue donde el Mayor de Carabineros de la 4ta comisaría (Humberto Tapia) disparó 20 perdigones", en el contexto de una ocupación del liceo por parte de sus estudiantes.

Tras la presencia de Araya y Sandoval, quienes comenzaron a grabar los sucesos de ese día, el Liceo informó a la administración de Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, quien se querelló en contra de las funcionarias. La querella las acusa de cómplices de robo, además de daños del liceo.

La Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile denunció estos actos emitió un comunicado demostrando su negativa frente a estos actos, declarando que rechazan "este intento por criminalizar las manifestaciones de estudiantes y de quienes no hemos hecho otra cosa que garantizar la integridad de las y los jóvenes y el ejercicio de su derecho a la educación".

"Llamamos a las autoridades de la I. Municipalidad de Santiago y al Ministerio del Interior a desistir de estas acciones que en nada ayudan a restablecer la confianza en las instituciones, paso necesario para comenzar a dar soluciones a las demandas ciudadanas", finalizan.

Por su parte, Palma afirma que ya enviaron la querella a uno de sus abogados para que la revisen, y que "obviamente si tenemos que involucrarnos y ayudar para que esto se sepa lo vamos a hacer. Esto venimos soportando las únicas concejalías de oposición dentro del Concejo".