El Estado de Chile ingresó el 3 de enero su respuesta oficial a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la ex presidenta Michelle Bachelet, luego de que el organismo solicitara un informe tras su visita en noviembre. La respuesta asegura que los perdigones utilizados por la fuerza policial son de goma.

Según indica Bíobío, el documento de 54 páginas se refiere a la actuación de las autoridades y a las medidas tomadas desde el estallido social de octubre del año pasado, especialmente aquellas dirigidas a evitar la violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, al referirse a las municiones no letales de Carabineros, el escrito no menciona estudios o antecedentes que ponen en duda la composición de los proyectiles.

Así, no fueron incluidas las conclusiones de la investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile que indican que la composición de los perdigones corresponden solo en un 20% de goma y un 80% de plomo, silicio y sulfato de bario. Tampoco fueron incluidas las declaraciones del General Director de Carabineros, Mario Rozas,  admitiendo que la propia institución llevó a cabo estudios que indican que la composición no estaba acorde a los protocolos, el pasado 19 de noviembre.

Otra omisión es la de un estudio encargado por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la propia institución policial, que en 2012 informó de los peligros de disparar estas municiones a una distancia menor a 30 metros, pudiendo generar lesiones graves, estallidos oculares e incluso la muerte.

Cabe destacar que según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, emitido el 30 de diciembre, indica que son 1.615 personas con lesiones por perdigones, 359 personas con heridas oculares, de las cuales 24 corresponden a pérdidas del globo ocular.

De esta forma, el informe se limita a afirmar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio público en la persecución y sanción de los delitos. También destaca al Ministerio de la Mujer y las medidas que habría tomado desde que se inició la crisis social, asegurando que se han tomado una serie de actos para resguardar la "integridad de las mujeres". Sin embargo, las medidas habrían comenzado recién en noviembre y la ministra de la cartera, Isabel Plá, ha recibido duras críticas por no visitar a las víctimas de violencia policial.