Este 2019 termina con una semana marcada por la muerte de Mauricio Fredes, manifestante y obrero de la construcción que el viernes pasado cayó a una fosa eléctrica cuando escapaba de la represión de Carabineros, a pocas cuadras de la denominada “Plaza de la Dignidad”. De acuerdo a la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal (SML), el hombre, de 33 años, falleció producto de una “asfixia por sumersión”, después de haber recibido el chorro del carro lanzaguas. Así también, durante el fin de semana funcionarios policiales dispersaron a manifestantes que se congregaron para conmemorar a Fredes por ser parte de la llamada “primera línea”.

El hecho ha generado gran conmoción porque sigue demostrando que, a 74 días del estallido social, el actuar de la institución uniformada no ha dado muestras de cambios. Este es uno de los motivos que ha llevado a un verdadero desplome del gobierno con cifras históricas de bajo respaldo ciudadano que demuestran el poco oxígeno político que le va quedando, aun cuando restan dos años de gestión. De acuerdo a la última encuesta Cadem, conocida este lunes, su gobierno cierra el año con un 11% de aprobación, evidenciando así las profundas críticas a la conducción que ha tenido el Presidente Sebastián Piñera desde el estallido social del 18 de octubre.

¿Qué ha provocado esta caída libre de Piñera? Posiblemente sean los pasos en falso que ha dado el mandatario los que causen mayores reproches en el mundo social y en la oposición, con anuncios que han ido de la mano de subsidios, pero sin transformaciones de fondo al modelo económico y social que ha posicionado al país como uno de los más desiguales de la región. Una muestra de esto ha sido la promesa de aumentar gradualmente en 50% de las Pensiones Básicas Solidarias (PBS), que llegarían a los $165 mil, un subsidio para incrementar el salario mínimo, además de un bono de $50 mil por carga familiar que beneficiaría a un millón 300 mil familias.

Más allá de estos anuncios, el Presidente ha recibido innumerables cuestionamientos por desafortunadas declaraciones y conceptos que ha utilizado para explicar el estallido social, como “estamos en una guerra” ante un “enemigo poderoso”, lo que afirmó en cadena nacional a dos días de iniciadas las masivas protestas, la noche del 20 de octubre. Una frase que ha repetido posteriormente en entrevistas que ha concedido a medios nacionales e internacionales, sin mostrar evidencia sobre lo aludido, y también en el mensaje grabado que entregó en la cumbre ambiental COP25, en Madrid, luego que se viera obligado a cancelarla en Santiago.

El 12 de diciembre, llamó en especial la atención una declaración que hizo en una entrevista al medio español radio Cadena SER, en la que sostuvo que el 18 de octubre “se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo”. Su falta de aclaración sembró la duda si es que se trataba de los láseres utilizados por los manifestantes, las convocatorias por redes sociales, o las ollas que comúnmente se usan para los cacerolazos masivos. Ahí mismo, el Presidente añadió que el gobierno “ha establecido los protocolos del uso de la fuerza que están con los máximos estándares internacionales”, pero semana tras semana se sigue observando que el nivel de violencia policial no desciende.

Una cruda imagen se observó hace dos viernes cuando el joven Óscar Pérez (20) fue atropellado y aplastado entre dos carros lanza gases de Carabineros en la zona cero de las movilizaciones, a pocos metros del monumento central de la “Plaza de la Dignidad”. Pese a esto, el Presidente ha respaldado en reiteradas ocasiones a Carabineros y ha esquivado las “culpas institucionales” sin pedirle la renuncia al general director, Mario Rozas, argumentando que los cambios han pasado por la salida del jefe de Fuerzas Especiales y de la Inteligencia. Con esto, ha reforzado que las responsabilidades son individuales y que está en manos de la justicia la decisión respecto a los funcionarios policiales acusados de graves violaciones a derechos humanos.

Sobre esto último, también declaró que en muchos casos los videos que mostraban violaciones a los derechos humanos “son filmados fuera de Chile”, según dijo en una entrevista en CNN, agregando que se trataría de una "campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total". Dichas declaraciones tuvo que salir a aclararlas horas más tarde, asegurando que no se había expresado de manera precisa, generando malinterpretaciones.

Mientras que en la última entrevista que concedió, publicada este domingo en La Tercera, Piñera dijo estar convencido “de que lo peor de esta crisis ya pasó”, además de remarcar que se ha optado por una hoja de ruta guiada por el consenso social y que se han “hecho cambios muy profundos”. “Ahora yo sé que para algunos nada es suficiente”, sostuvo el jefe de Estado, a la vez que insistió en que se deben mantener las AFP, el sistema previsional de capitalización individual implementado por su hermano José Piñera Echenique, en los 80´.

Un ingrediente más dentro de este abatido término de año para Piñera y su entorno fue el polémico informe de Big Data que entregó el gobierno a la Fiscalía, levantando la hipótesis, una vez más, sobre la supuesta influencia extranjera en el estallido social, incluso, mencionaba al K-Pop como uno de los "factores relacionados con la violencia". Esto, sin aclarar una serie de factores técnicos, y básicos, que muchos profesionales del área digital refutaron, como algunas características estadísticas de los datos, el autor del programa, los métodos que se utilizaron, entre otras variables con las que se elaboran este tipo de estudios.

Así, concluye un año en que el gobierno da muestras de profundo debilitamiento, en el que se presentó una acusación constitucional contra el jefe de Estado por omitir dictar medidas que frenaran las vulneraciones a los derechos humanos. Aunque esta acción no prosperó en el Congreso, sí lo hizo la que se llevó adelante contra su mano derecha y ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. De la misma manera, la oposición ya acordó interpelar a la ministra del Medioambiente por su fallido rol negociador en la COP25 y, además, se está elaborando un libelo acusatorio contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, por su estrategia de “copamiento preventivo” que, en vez de terminar con el excesivo uso de la fuerza de Carabineros, ha provocado todo lo contrario.

Sin olvidar que desde el estallido social Piñera dio una serie de conferencias de prensa sin darle espacio a los y las periodistas para plantear preguntas y tampoco se ha referido ni pública ni privadamente sobre los antecedentes revelados por El Desconcierto, respecto a millonarios traspasos de fondos a empresas de sus hijos hacia paraísos fiscales en Islas Vírgenes, negocio sobre el cual ya hay aprobada una comisión investigadora en el Congreso.

[caption id="attachment_332471" align="alignnone" width="5616"] /Agencia UNO[/caption]

“No es solo Piñera, es el régimen hiperpresidencialista”

El doctor en ciencias políticas, Marco Moreno, hace un punto sobre la situación actual del gobierno. Si bien cree que la “impericia de gobernar” tiene que ver con un diagnóstico inadecuado de los problemas del país y que “se está llegando tarde a resolver los conflictos”, cree que aparece como una dificultad mayor para el gobierno enfrentar los siguientes dos años porque se ha instalado con fuerza el término anticipado del mandato de Piñera. Esto último lo denomina una “piñerización” de la protesta social que, a su juicio, se expresará con mayor fuerza a partir de marzo próximo.

“La gente ya no visualiza que el Presidente conduzca este gobierno porque de ser el parte del problema ha llevado a ser él mismo el problema”, sostiene.

Asegura también que el mandatario ha planteado una agenda de medidas con las que busca refugiarse tácticamente en el electorado duro de la derecha, que representa cerca de 30% de los votantes. Pero más allá de eso, Moreno enfatiza que la crisis institucional también ha evidenciado el desplome del régimen hiperpresidencialista que posiblemente deba ser discutido en el proceso constitucional del año entrante.

Para la también doctora en ciencias políticas y experta en seguridad, Lucia Dammert, hay varios factores en juego que explican el escenario político actual, partiendo por el alto nivel de autonomía policial, que no se originó este 18 de octubre, y falta de acción de los políticos por limitarlo.

“El problema es estructural y no puntual, es del abandono político a los temas de seguridad”, advierte. “El sello del gobierno es que ha actuado de manera desconcertada, comunicacionalmente ha estado muy débil, ha mirado esto como algo externo (…) Estuvimos ad portas de una salida militar casi obligada que dio paso a la salida constitucional”, añade.

Finalmente, Dammert reconoce rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del Ministerio Público y del Poder Judicial, que han demostrado, a su juicio, una buena gestión durante la crisis.

[caption id="attachment_330479" align="alignnone" width="5472"] AgenciaUno.[/caption]

“Señales erráticas”

Este lunes, además, se conoció que el Presidente Piñera solicitó dos días de descanso -lunes y martes-, algo que fue calificado como una señal “errática” por parte del vocero de Unidad Social y presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien aseguró que es alarmante la “falta de sintonía” que demuestra el mandatario ante el contexto que enfrenta el país.

“Si bien es cierto que todas las personas tenemos derecho a vacaciones, incluso el Presidente, evidentemente en medio de la profunda crisis social que está viviendo nuestro país me parece una señal errática, fuera de lugar. Si a esto le agregamos las declaraciones que hace en una entrevista a un matutino (La Tercera, en la edición de este domingo) donde señala que poco menos que la crisis está resuelta en el país, me parece que está demostrando un nivel de desconexión de la realidad social que está teniendo el Presidente que es francamente muy preocupante”, manifestó.

Aguilar insistió en que la gran mayoría de los ciudadanos apoya que continúen las manifestaciones ante la falta de respuesta del gobierno, que Cadem cifró este lunes con 64% de respaldo ciudadano y que se ha demostrado durante las últimas semanas, particularmente los viernes, en las concentraciones en “Plaza de la Dignidad”, a pocas horas de una nueva convocatoria masiva para celebrar el nuevo año 2020.