La noticia llegó en 23 de diciembre, durante la víspera de navidad: la empresa coreana Hyundai anunciaba la paralización de la construcción del Puente Chacao, infraestructura que uniría a la isla de Chiloé con el continente.

En concreto, los asiáticos anunciaron que los costos para la construcción serían mayores que los precisados en el diseño del proyecto, dadas las exigencias y modificaciones hechas por el Estado. En un principio, se proyectaba el gasto de unos US$700 millones; en tanto que con el aumento, la asuma ascendería unos US$300 millones más.

El diseño definitivo del proyecto se aprobó en diciembre de 2018. Las condiciones de la construcción (vía contratación directa), que es una segunda etapa en el mismo proyecto, implicaban que la empresa asumiera los costos con "suma alzada". Es decir, que las variaciones de los precios de los materiales, por ejemplo, corrieran por cuenta del gigante asiático. En lo que no hay claridad es sobre la influencia de los cambios hechos por el Estado. Pese a todo, la empresa ya puso más de 30 pilotes en el canal, a modo de inicio de obra.

A principios de este mes, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio por finalizadas las reuniones técnicas, sentenciando que los sobrecostos no se iban a pagar con parte del erario fiscal y que se iban a apegar al acuerdo original. Fue luego que llegó el mensaje de Hyundai: "El incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del MOP, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el perjuicio injusto que de ello se deriva y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron a Consorcio Puente Chacao a la conclusión que es imposible, en estas condiciones, continuar con las obras", señaló la empresa en un comunicado.

El mismo 24 de diciembre, desde el MOP señalaron que "existen diversas peticiones de CPC (Consorcio Puente Chacao) en que solicita el reconocimiento de trabajos adicionales al contrato. En ello hemos estado trabajando con CPC y estamos disponibles para seguir haciéndolo y acercarnos a un acuerdo. De no producirse, el contrato establece claramente a los tribunales chilenos como mecanismo para dirimir cualquier diferencia".

Comunicados más, comunicados menos, existen dos aristas en medio del conflicto (que aún no llega a tribunales, sino que se mantiene en conversaciones entre las partes, según señalaron desde el MOP): Loreto Silva Rojas, ex ministra de Obras Públicas en la anterior administración de Sebastián Piñera (cuando se firmó el contrato con la empresa surcoreana) y socia en Bofill, Escobar y Silva, firma de abogados que tiene hoy en día entre sus clientes a Hyundai; y Jorge Bofill García, asesor del ministro Moreno e hijo de Jorge Bofill Genzsch, también socio de la firma que representa a la ejecutora del Puente.

[caption id="attachment_190704" align="alignnone" width="640"] Fuente: Agencia Uno (archivo).[/caption]

Una acción imprudente

Silva ha desarrollado su carrera profesional "en mercados regulados, construcción y en el desarrollo de proyectos de ingraestructura de alta complejidad", según se lee en su descripción en la página del buffet. En esa línea, se mencionan experiencias laborales en la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Concesionarias de Obras Públicas y finalmente, por designio del Presidente Piñera, como presidenta del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

Jorge Bofill García, en tanto, acumula experiencia en el estudio de su padre y en la cartera de Obras Públicas, donde llegó en abril de 2018 al puesto de asesor jurídico. Su función es "prestar asesoría directa al ministro de Obras Públicas mediante la supervisión, coordinación, evaluación e implementación que demanda la adecuada gestión operativa de las direcciones y unidades del MOP, con el objeto que las autoridades superiores puedan disponer las medidas de supervisión y evaluación del eficaz cumplimiento de los programas y objetivos institucionales".

Lorteo Silva está al tanto del ruido que su posición provoca, luego que una serie de post del periodista de investigación Juan Pablo Sallaberry en Twitter, dieran cuenta de un eventual conflicto de interés de ella y Bofill hijo.

Todos los sombreros de Loreto Silva:
Fue ministra q adjudicó Puente Chacao a Hyundai.
Ahora su bufete representa a Hyundai contra el Estado.
Es presidenta del directorio de la estatal ENAP.
Pero también directora de Aguas Andinas y la minera Barrick con litigios con el Estado.

— JP. Sallaberry (@jotapez) December 27, 2019

Al menos así lo señaló Loreto Silva (y parafraseó) la periodista Andrea Vial durante el espacio radial RatPack, de radio T13, en 27 de diciembre pasado: "Ayer yo hablé con Loreto Silva sobre el tema y ella me afirmó que si bien es una socia activa del estudio de abogados, se abstuvo y se abstiene de participar con el cliente Hyundai. Y que los abogados que representan a este estudio y que están a la cabeza de la negociación son Jorge Bofill y Vanesa Facuse", indicó la comunicadora.

Al ser contactada por El Desconcierto, Loreto Silva dijo: "Yo he tomado la decisión de mantenerme al margen de este tema por razones afectivas".

El experto en transparencia, Marcelo Drago, señaló al vespertino La Segunda, respecto al caso de Silva, que "se tiene que estudiar con mayor acuciosidad, porque ella sí maneja información relevante y debería inhibirse de todo conocimiento de la causa separando su función como ex ministra del ejercicio privado de su profesión". Para lo de Bofill padre e hijo, en tanto, agregó: "legalmente el conflicto de interés podría existir y lo que (Bofill García) debe hacer es abstenerse de participar en cualquier decisión relevante respecto a ese contrato. Eso en lo estrictamente legal. Pero en el contexto actual, y dado que no podemos saber si él intervino o no antes en este tema, es imprudente que exista esta situación".

El presidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, Eduardo Engel, también hizo análisis sobre el mismo escenario.

Al ser cosultado por El Desconcierto, el también académico de la Universidad de Chile y director de la Fundación Espacio Público, indicó que "la decisión del estudio Bofill, Escobar y Silva de representar a Hyundai me parece imprudente, aunque no es ilegal".

"En Chile tenemos pendiente legislar respecto de la puerta giratoria, incluyendo periodos de enfriamiento donde quienes fueron autoridad no pueden hacer ciertas cosas en calidad de privados. Pero aun en las legislaciones más exigentes, estos periodos no llegan a 5 años", agregó Engel. "Otro tema es si una directora de una empresa pública puede o debiera llevar casos contra el Estado; o que Bofill padre lleve casos contra el ministerio donde trabajan sus hijos. Me parece imprudente, pero no es ilegal".