El informe de la ONU le dio un nuevo giro a la acusación interrumpida contra el Presidente Piñera. Es un documento que aporta pruebas contundentes a la iniciativa de acusación constitucional pues hay elementos fehacientes, investigados por un organismo de alta competencia, de que los derechos humanos han sido violados de manera sistemática en Chile. Es imposible ignorarlo. Hacer lo contrario, es caer en un estado de ilegitimidad y banalizar el hecho que el Estado chileno no respeta la esencia del derecho: el derecho a la vida. Y deja así de ser un Estado de derecho.  

Desde sus orígenes históricos, en occidente el funcionamiento y los procedimientos de una institución parlamentaria, en una democracia digna de ese nombre, es el de representar el sentir ciudadano cuando se legisla, y también servir de contrapeso a los otros poderes del Estado. 

Si una democracia se define por el respeto de los derechos humanos, es decir, fundamentalmente del derecho a la vida y la preservación de la integridad física en un contexto de libertad, toda violación a estos derechos es imprescriptible. No se borra, permanece y su posibilidad de ser cosa sometida a juicio pende como una espada de Damocles sobre los responsables del quebrantamiento del derecho y de la convivencia ciudadana. Es decir, sobre quienes mandan en las instituciones que deciden sobre el cómo actuar, los límites del accionar y sus consecuencias políticas y penales. 

Y si por razones políticas y de relaciones de fuerzas u otros factores más prosaicos, como el uso del dinero para interferir en la votación parlamentaria, la acusación debe retomarse en el momento oportuno en que aparecen nuevos elementos. Es pura lógica democrática. No soy leguleyo. 

Ante un hecho nuevo, una acusación que fue desestimada debe volver a ser revisada a la luz de los nuevos hechos aportados e información de valor jurídico que permitiría instar la acusación nuevamente. 

La razón democrática aconseja retomar la acusación constitucional contra Piñera no por razones temporales, sino de lógica democrática. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera conocido el informe antes de la cuestión previa que fue aceptada por 79 a favor y 73 en contra? Pensando de buena fe: se hubiera sometido a un juicio político a Piñera y se habría demostrado al mundo que las instituciones funcionan. Los valores democráticos fortalecidos.

Por supuesto que hay que ver lo de la admisibilidad formal. Pero la votación puede variar si pensamos de buena fe y creemos que los que votaron para impedir que Piñera fuera juzgado fue porque no tenían pruebas y no porque se contentaron con la cantinela del desorden y el caos. La democracia sólo se cuida defendiendo lo esencial: Los DD.HH. Es la prueba de fuego de toda democracia.

Si los parlamentarios no asumen su rol de fiscalizadores, habrá otra razón demás para mostrar que la transición misma fue un tongo pactado para preservar el modelo neoliberal y, huelga decirlo, que el Estado de derecho ha perdido toda legitimidad.