Con el proyecto de ley que tipifica como delito la “alteración de la paz pública” y agrava las penas, el poder político institucional vuelve a intentar darle solución a conflictos sociales respondiendo de la misma forma en que lo han hecho en el último tiempo: la cárcel.

Sorprende y decepciona que quienes se han definido como parte de la movilización le atribuyan esta respuesta a un supuesto “error político”, demostrando una irresponsabilidad política única, que no solo criminaliza la legítima protesta social, sino que además importa la aprobación de medidas punitivas redundantes, a la luz de lo que ya existe en nuestro Código Penal. La irresponsabilidad política no puede tener como costo la vida de personas, porque esto es lo que hace la cárcel: la quita[1].

Como ONG LEASUR, insistentemente hemos señalado que la cárcel no soluciona problemáticas de seguridad ciudadana ni menos es una respuesta ante conflictos sociales, al contrario, es un mundo en el que se concentra en su expresión más marginal todas las demandas que se han desplegado en las calles. En nuestras cárceles, la violencia institucional y las violaciones a los Derechos Humanos que tanto nos impactan y horrorizan, pasan a diario. Mientras en las calles se reivindica el acceso a educación de calidad, adentro un 98% de internos/as no ha completado la educación obligatoria que es considerada mínima para optar a empleos formales. Si hablamos de la lucha feminista, no podemos olvidar que en las cárceles la mayoría de las mujeres encerradas lo están, principalmente, por la búsqueda de un sustento económico para mantener solas a sus familias. Y para qué hablar del trato y condiciones denigrantes de otros grupos importantes, como la población LGBTI+, los pueblos indígenas y los migrantes.

Si pretendemos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, no podemos olvidar que en Chile la cárcel es sólo para pobres. Por eso, si verdaderamente queremos avanzar hacia una vida digna y una mayor justicia social, debemos entender de una vez por todas, que el uso de la cárcel es sólo retroceder.

[1] De acuerdo al estudio mundial de la ONUDD de junio de 2019, entre 2010 y 2016 el promedio de homicidios al interior de nuestros recintos penitenciarios alcanzó los 90 por cada 100 mil reos, pese a que la media nacional de homicidios es 3.5 por cada 100 mil personas.