Uno de los elementos que ha estado en permanente tensión estas semanas es el relato o, en rigor, los diversos relatos que intentan articular sentidos tras el desmoronamiento del relato neoliberal desencadenado por las protestas del 2019. Otras posibilidades comenzaron a emerger entonces gracias a una imaginación política que se atrevió a proyectar nuevos escenarios: una asamblea constituyente plurinacional y paritaria, un feminismo articulador de transformaciones sustantivas y un posicionamiento de “lo común” por sobre “lo privado”.

Estos no han sido, sin embargo, los únicos relatos presentes en el Chile de las últimas semanas. Desde el mismo 18 de octubre, tras la declaración de estado de emergencia, el gobierno ha insistido una y otra vez en su propio relato: el del orden. Se trata de una estrategia discursiva que siembra el miedo y luego lo instrumentaliza para volver sinónimos “manifestantes” y “delincuentes”, “protesta” y “vandalismo”. La televisión y los diarios han sido persistentes en su amplificación de esta narrativa de desorden e inseguridad. Lo cuentan una y otra vez, majaderamente, intentando inscribir en el discurso público esa “verdad” para así desplazar a la imaginación emancipada y sus propuestas de otro futuro.

Esa “verdad”, la del relato del orden, se nutre de la incertidumbre y busca justificar medidas excepcionales incluida una reforma constitucional que permitiría militarizar las calles para la vigilancia de “infraestructura crítica”. Es una “verdad” que justificaría también la aprobación de un paquete de leyes cuyo objetivo es criminalizar y castigar la protesta. Una “verdad” que permitiría ya no solo dejar ciegos o tuertos a quienes se manifiestan, sino además sordos gracias a la adquisición de dispositivos sonoros cuyo ruido obligaría a abandonar el espacio público y replegarse a lo privado (un ruido que, vale decirlo, no distingue, transformando al propio dispositivo sonoro en una encarnación de lo que el relato del orden busca equiparar).

Las palabras preferidas de este discurso son: saqueos, violencia, delincuencia, lumpen, antisociales, barricadas, desempleo, recesión, crisis. Buena parte de las noticias televisivas son escenas de violencia y el resto análisis económicos que proyectan un descalabro provocado por “la crisis”. Y “crisis”, para los noticiarios, no es ya la crisis del neoliberalismo, no es la crisis del despojo o del abandono, tampoco la crisis del abuso generalizado, sino la crisis provocada por la propia protesta, es decir, por el “estallido social”. En el relato del gobierno, avalado por buena parte de los medios y por su ejército de economistas, el pueblo se auto-castiga en el presente y proyecta ese castigo hacia el futuro a través de una crisis auto infligida.

Se trata, claro, de una vieja estrategia y esa estrategia obtuvo esta semana un espaldarazo inaceptable en la cámara de diputados con la aprobación del proyecto anti-saqueos. Digo inaceptable porque supuso avalar un relato autoritario promovido por un presidente con el 4,6% de aprobación y porque, vale remarcarlo, no se necesitan nuevas leyes que penalicen el saqueo ni delitos equivalentes. Esos tipos penales existen, tienen castigo más que suficiente y todos los demás puntos del proyecto buscan criminalizar la protesta en sus distintas formas.

Este intento de criminalización, sin embargo, no apunta exclusivamente a la coyuntura, es decir, al actual momento político como escenario de “desorden”, sino que pretende también disuadir y castigar futuros movimientos sociales, tipificando como “desorden público” actos de desobediencia civil que tenderán a multiplicarse ante la emergencia climática que ya asola al territorio chileno. El proyecto de ley aprobado esta semana se refiere abiertamente a los servicios “de electricidad, de combustible, de agua potable”, que no han estado en el foco de las actuales protestas. La reforma constitucional, en tanto, permitiría a los militares resguardar “estructuras críticas” similares. Y dado que las leyes, por lo general, no se dictan para una vigencia cortoplacista, este paquete legislativo parece apuntar no solo al presente sino hacia un futuro donde, si no hay protesta, desobediencia y organización, la vida se volverá extremadamente difícil.

La miopía de la oposición, por lo mismo, es gravísima. Supuso ceder al “relato del orden” no solo respecto del presente y las urgentes demandas de transformación, sino también respecto del futuro y sus urgencias sociales y ecológicas. La oposición, al parecer, no tuvo un relato propio que oponer. Pero tal vez ese otro relato, el que está imaginando futuros posibles, futuros vivibles, no esté al interior del congreso.

Finalmente, hay otro punto vinculado al orden que resulta decidor. Y es que si al gobierno le preocupara el orden público, si ese fuera su foco, mucho más lógico sería que abordara la desigualdad o, al menos, el desastre de Carabineros. Una institución corrompida, sin legitimidad y que viola los derechos humanos. Pero, y aquí está la trampa discursiva, ese no parece ser el orden que verdaderamente le preocupa al gobierno y a parte de la oposición. Aunque en el discurso y en los proyectos de ley las palabras sean “saqueo”, “violencia” o “barricadas”, lo que está en discusión no es ni ha sido el orden público sino la restitución de otro orden puesto en crisis estas semanas. Lo que busca entonces el relato del gobierno, ese que insiste en la seguridad y el miedo, es arrinconar la imaginación política que irrumpió este 2019, arrinconar esos relatos de futuro mediante comisiones técnicas y agendas cortas, arrinconar mediante el secuestro de lo político por lo jurídico, arrinconar mediante cifras de desempleo y recesión, llegar a punto muerto, a la nada misma, y así desplazar a esas otras potencias para mantener a cualquier costo (repito: a cualquier costo) el orden que verdaderamente le preocupa y que es lo que hoy está en jaque: el orden neoliberal.