Las evasiones del metro de Santiago que comienzan a producirse el 14 de octubre, junto con expresar el malestar por el alza del pasaje, dan cuenta que las razones del descontento social son mucho más profundas, estructurales, cuyos antecedentes los encontramos en la Constitución de 1980 y que han sido profundizados por los gobiernos durante la transición.

En este estallido social, los jóvenes menores de 18 años han jugado un papel decisivo en el despertar de Chile. La posibilidad de cambiar la Constitución de 1980, cuya elaboración espuria a cargo de la Comisión Ortúzar significó para Chile perder parte importante de sus derechos económicos  y sociales, responde principalmente al rol que juegan las y los estudiantes en las primeras manifestaciones, que pronto derivaron en propuestas que se dirigen al cambio del modelo neoliberal.

Pero la firma del “Acuerdo por la paz social y una nueva constitución”, no incorporó la posibilidad de ampliar la participación en el plebiscito de abril a quienes son los responsables de que estemos discutiendo una Nueva Constitución y Asamblea Constituyente, lo cual no hace más que desconocer la importancia que tiene la juventud en el proceso que se inicia. La historia nos muestra que la participación en estos procesos de cambios siempre ha sido determinante. Un ejemplo de ello fue el plebiscito de 1988, cuando el padrón electoral aumenta extraordinariamente, producto de la masiva inscripción de jóvenes que entendían la necesidad de sacar del gobierno al dictador y retornar a la democracia.

Las opiniones a favor de incluir a los jóvenes en el plebiscito son avaladas por los partidos de izquierda y el propio SERVEL. Su director ha establecido que desde el punto de vista técnico, no existen inconvenientes para solicitar al Registro Civil adecuar el padrón electoral e incluir a los menores de 18 años en la votación. De esta forma, están dadas las condiciones para que este sector de la población pueda participar en todo el proceso constituyente; plebiscito de entrada, ser miembros de la convención constituyente y en el plebiscito ratificatorio de la Nueva Constitución.

El oficialismo por su parte, se opone a la posibilidad de ampliar la participación, argumentando que “nunca estuvo dentro del Acuerdo entre los partidos políticos”. Este tipo de actitudes continúan dando la espalda al movimiento social, al limitar la posibilidad de que los jóvenes sean actores del cambio constitucional. La lógica de la “cocina” se mantiene como política de la toma de decisiones para el gobierno, lo cual no hace más que negar que la ciudadanía en general, y los jóvenes en particular, sean quienes construyan, en democracia, la carta constitucional que garantice derechos y permita avanzar hacia un Estado más presente sobre la realidad de las y los chilenos.

La juventud en Chile ha demostrado responsabilidad y madurez para ser parte de los cambios que operarán para los próximos años. La sociedad ha reconocido esta capacidad y la necesidad de que sean parte, no como sujetos imputables de delitos (idea defendida por la derecha a través de la rebaja de la edad de imputabilidad), sino como representantes de un segmento de la sociedad, capaces de informarse y discutir sobre que la educación, la salud y la previsión social sean derechos consagrados en el texto final.