Hizo una potente intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Ecuador, en medio del estallido social, acusando que los representantes del Ministerio del Interior omitieron referirse a las víctimas de violencia policial. “Lo que el Estado ha dicho no es la verdad”, expresó Patricia Muñoz frente a ellos, generando de inmediato reacciones de apoyo a través de redes sociales, de organizaciones sociales y de parlamentarios de oposición. Habló sobre los desnudamientos forzados, de las querellas por torturas y de las personas que han sufrido traumas oculares severos.

Sus críticas en esa línea se han mantenido. Incluso, hace unos días se refirió a una reunión que había sostenido el año pasado con el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, algo que ahora se volvió a repetir con Mario Rozas. Así también, lo mismo pasó con las autoridades del Ministerio del Interior. Se le exhibieron los abusos policiales de Carabineros contra los niños, niñas y adolescentes; se pidieron cambios, dijo la defensora. Pero, finalmente, no hicieron nada. “¿Ahora nos piden fiscalizar lo que no hicieron? Con cuántas víctimas que no debieron sufrir”, publicó en su Twitter.

Ahora, indica a El Desconcierto que, este y los gobiernos anteriores, han subsidiado el mal funcionamiento de la institución policial.

-El gobierno ha reconocido vulneración a los Derechos Humanos, pero sigue negando que sean de manera sistemática. ¿Usted lo cree así?

-Lo que nosotros sostuvimos ante la CIDH es que efectivamente acá se han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos que están constituidas por actos generalizados y sistemáticos de abusos, particularmente propiciados por Carabineros de Chile, que son quienes representan la mayor cantidad de denuncias de las victimas que nosotros hemos conocido de manera directa; al día 27 de noviembre alcanzan, para nosotros, 374 casos. Por lo tanto, esto no constituye actos excepcionales ni accidentales y que, en ningún caso, podrían llamarse como errores, sino que ciertamente es un actuar persistente y sistemático de parte del policía uniformado destinado a generar acciones que violan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (NNA) y también de personas adultas.

-Al inicio de su gobierno, el presidente Piñera enfatizó en que “los niños son primero”. Pero teniendo en cuenta las graves denuncias que se han hecho contra agentes del Estado, ¿cree que fue una frase solamente para el eslogan?

-Bueno, desde que iniciamos nuestras funciones hemos sostenido que ese eslogan es comunicacionalmente muy potente, pero que no ha tenido un correlato en la realidad que haya permitido impactar efectivamente en las vidas de los NNA, y particularmente de aquellos más vulnerables. Lo más evidente es la situación de los que siguen viviendo bajo tutela del Estado, los que están en las residencias, ya sea de administración directa u los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), o la situación que enfrentan los adolescentes que están privados de libertad. También, los NNA en situación de calle o en situación de discapacidad, los que pertenecen al pueblo mapuche.

-Muchas denuncias evidencian el incumplimiento de los protocolos de Carabineros. Sin embargo, esto no es reciente. ¿Qué medidas se deberían tomar respecto de esta institución?

-Este tema lo hemos venido planteando desde que nacimos como institución. Hemos formulado de manera persistente los cuestionamientos profundos que tenemos a los protocolos de intervención donde los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, en relación a NNA, no habían sido lo suficientemente integrados. Entonces, tenemos, por una parte, el problema de que estos protocolos no están debidamente ajustados a esos requerimientos. Pero como problema adicional, además de ser ineficientes, es que ni siquiera han sido cumplidos. Lo que agudiza el problema de manera clara. Desde esa perspectiva, somos muy claros en decir que Carabineros necesita un cambio rotundo y estructural que desaloje las concepciones de la policía estructurada, situaciones de normalización y de justificación de hechos que constituyen violaciones a los Derechos Humanos, particularmente, con el grupo que nosotros tenemos que proteger.

Lo que ha pasado es que el poder civil, y no solo en este gobierno, sino que también en gobierno anteriores, ha sido incapaz de hacer las modificaciones estructurales que permita hacer que la policía cumpla con los estándares que exige un Estado democrático como el nuestro.

-¿Qué ha demostrado esa incapacidad de hacer modificaciones que vayan en esa línea?

-Lo que ha hecho el poder civil, de alguna manera, es subsidiar la ineficacia de este organismo policial. Y, ese subsidio ha sido seguir adornando con modificaciones laterales mínimas que tienen que ver con aspectos como "modernizar" o “realizar ajustes”. Pero nunca se abordan en la profundidad que requiere una situación estructural. Acá desde hace mucho tiempo se debió haber asumido que Carabineros no estaba dando el ancho en las exigencias que tiene en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, yo prefiero ponerme colorado de una vez y asumir que hay que cambiar algo a seguir dando permanentemente explicaciones que, además, involucra violaciones graves a los Derechos Humanos. Cuando tú tienes a una policía que no sabe qué municiones está disparando contra la población, eso es una manifestación grosera e inadmisible del control que se ejerce desde el alto mando. Pero también, el poder civil, lo que hace, es desentenderse de su rol de control preciso y especifico respecto del actual policial en relación a la ciudadanía.

-¿Estamos frente a una policía ilegítima?

-El problema de las situaciones que involucran la infracción flagrante y manifiesta a protocolos de normativa nacional e internacional al respeto de los Derechos Humanos, es que hace que la ciudadanía pierda el respeto de la policía. Eso tiene una consecuencia muy grave porque en un estado democrático de derecho, la policía tiene que tener la legitimidad suficiente frente al ciudadano para que efectivamente su presencia permita la confianza en que él va actuar conforme a los parámetros que establece nuestra normativa y que, por lo tanto, no va a abusar. También, debe ejercer por esa vía de legitimidad el control y prevención del delito. Pero cuanto observas de manera persistente, generalizada y sistemática un comportamiento policial abusivo, lo que genera es una falta de legitimidad por parte de las personas a la institución y eso gatilla que se incremente la sensación de que podamos hacer lo que queremos porque no respetamos a quien tiene el rol de policía.

-¿Cree que en los discursos del gobierno se le ha dado más espacio a la condena a los “encapuchados” y “saqueadores”, que a las víctimas de la violencia policial?

-Desafortunadamente, sí. Creo que eso es una manifestación de la falta de comprensión que todavía tenemos en nuestro país de la gravedad que involucra las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado. Esto no es un eslogan discursivo en términos de que "me comprometo" y "los respeto". Es en situaciones como estas donde verdaderamente vemos quienes creen y comprenden la integridad y la dimensión que involucra el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Se ha tratado de plantear esta lógica de escisión, que se nos pone en una disyuntiva de si “elijo el orden público” o “los Derechos Humanos” y esa es una falacia. El orden público no es incompatible con los Derechos Humanos. Muy por el contrario. Yo representé eso en la CIDH en tanto los representantes del gobierno y lo planteé ahí porque, de manera muy lamentable, ellos no hicieron ninguna referencia a alguna de las víctimas.

-En la CIDH, aseguró que la información que entregó el representante del estado chileno no era tal (Mijail Bonito, asesor jurídico del Ministerio del Interior). ¿Cree que se busca dar una imagen tergiversada de lo que pasa en Chile hacia el exterior?

Sin duda, por eso yo me permití sostenerlo en la audiencia. Lo que hicieron los representantes del gobierno chileno, en una situación que a mí me apenó muchísimo, fue faltar a la verdad ante la realidad que están viviendo las víctimas. El representante del Ministerio del Interior incluso se permitió decir que la policía chilena no disparaba nada que no fuera de goma, lo que quedó claramente en evidencia con los informes que no solo han hecho entidades académicas —como la Universidad de Chile y de Valparaíso—, sino que también por la propia policía uniformada. Yo tengo la plena tranquilidad que lo que sostuvimos ante la CIDH fue de manera muy responsable y que ha sido reforzado claramente por instituciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. No me cabe duda que, desafortunadamente, esto va a ser ratificado por el informe que haga tanto el Alto Comisionado como la CIDH.

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-¿Le parece que deben ser aprobadas las acusaciones constitucionales que hoy avanzan en el Congreso contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y el Presidente?

-Yo, al menos, participé de la sesión de la comisión que está viendo la acusación del ex ministro Chadwick y fui muy clara en decir que lo que entregamos son los elementos de hecho, objetivos, concretos, con víctimas reales que hemos procurado apoyar y que dan cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Pero, obviamente, de aprobar acusaciones constitucionales no corresponde que sean pronunciadas por una institución autónoma porque ese es un rol exclusivamente político. Nos interesa que acá exista verdad, justicia y reparación y hemos solicitado expresamente la creación de una comisión que aborde estas materias. Hemos pedido al Ministerio de Salud que inicie la entrega de atención psicológica gratuita a quienes han sido víctimas. Pero aún no tenemos respuesta.

Esperamos que se adopten las medidas donde el estado se comprometa, a través de sus autoridades políticas, no solo en enfrentar cualquier atisbo de impunidad, sino que también asegurar la reparación de esas vulneraciones, para que situaciones de esta naturaleza no se repitan. Lo que hasta ahora no se ha cumplido.

[caption id="attachment_237515" align="alignnone" width="4695"] / Agencia Uno[/caption]

Niñez en la agenda

-¿Es discriminatorio que en el plebiscito, que acordaron los partidos oficialistas y la mayoría de la oposición, puedan votar personas desde los 21 años?

-Totalmente. Hemos dicho que no es solo a raíz de esta situación; también porque había un proyecto en el Senado que tenía que ver con el derecho a voto, particularmente de los adolescentes. Nosotros entregamos a esa comisión del Senado elementos de juicio que tenían que ver con los estándares en materia de participación y derecho. También ilustramos con ejemplos de países donde existe el voto desde los 16 años y hemos dado cuenta de la necesidad de que los jóvenes tengan espacios para la manifestación de su desarrollo. Más allá del sufragio, hemos dichos que es imprescindible que todo lo que se haga en esta nueva Constitución y pacto social no puede seguir excluyendo a los niños y niñas adolescentes independiente de su edad.

-La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció un proyecto contra el “adoctrinamiento en las escuelas”. ¿Qué le parece?

-Hemos planteado de manera muy clara que, obviamente, cualquier utilización política de un niño es una situación muy grave que vulnera sus derechos, que se debe investigar y sancionar. Esto lo digo en particular sobre videos que hemos conocido donde se ven a niños y niñas muy pequeños que no tienen por qué estar siendo invadidos por concepciones políticas que no son capaces de desarrollar ellos autónomamente, en virtud de su grado de madurez. Otra cosa son los adolescentes que por su autonomía progresiva pueden tener un pensamiento crítico que les permitan tomar decisiones propias en ese ámbito. De todas maneras, es necesario tener el texto porque entendemos que al hablar de “adoctrinamiento” estamos hablando de una situación que involucra una persistencia en una acción para trasmitir una convicción específica.

-Hace algunos días sugirió que se dejaran de convocar huelgas generales. ¿Por qué?

-Más que la sugerencia, lo que yo planteaba es que es un hecho evidente, y lo hemos visto a diario desafortundamente en las noticias, cómo sujetos que cometen delitos y violencia desmedida se aprovechan de cualquier tipo de manifestación pública, precisamente para ejercer sus acciones delictuales. Y esas acciones están teniendo un impacto nefasto en el desarrollo y las posibilidades reales para muchos NNA de nuestro país. Por ejemplo, tienen que ver con cómo sus papás han perdido sus trabajos, lo que impacta en la situación económica; o que en vez de demorarse dos horas ahora se demoran cuatro, esto impacta en privarlos de ver a sus hijos; o en cómo están siendo expuestos a observar situaciones tan graves como delincuencia, incendios, saqueos. Tiene también que tener la capacidad de ver y evaluar qué es lo que puede propender a salir de esta situación de crisis y cómo colaborar para hacerlo. En ningún caso significa desconocer las legítimas demandas y el derecho a la manifestación pacífica, que es un derecho humano.