La desconfianza ciudadana hacia el acuerdo del Congreso por un proceso constituyente con plebiscito de entrada y de salida es evidente y justificada cuando dicha negociación es propiciada por los mismos actores institucionales que, por 3 décadas, han existido políticamente gracias al orden garantizado en la Constitución autoritaria de 1980. Las comparaciones con el escenario político del plebiscito de 1988 son inevitables por razones técnicas y políticas.

Del lado de las razones técnicas, la desconfianza se explica por el poder de veto que tendrían los quorum propuestos por la derecha guardiana del legado dictatorial (2/3) y por el control que pueden ejercer los partidos políticos sobre la voluntad ciudadana al usar un sistema proporcional similar al de las elecciones parlamentarias. Del lado de las razones políticas de fondo, muchos actores basan su desconfianza en que un acuerdo entre los partidos de oposición con la derecha gobernante es una traición a las demandas populares expresadas en las protestas nacionales de octubre y noviembre de 2019, las cuales han registrado 24 muertos (contando a Abel Acuña este viernes 15 de noviembre),  miles de detenidos y cientos de personas mutiladas de por vida debido a los traumas oculares provocados de manera intencional por Carabineros. En estas condiciones de represión policial y de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos no hay nada que negociar.  Por tanto, suscribir o no un acuerdo electoral que traiciona las legítimas demandas de la movilización social parece ser la misma encrucijada que tuvo la oposición a la dictadura en 1988, pero no lo es por tres razones que es preciso desarrollar.

La primera, el plebiscito de 1988 estaba contemplado en la Constitución de 1980. Pinochet controla con mano de hierro la Junta Militar y el aparato represivo. Pese a las rencillas entre organismos de seguridad, tiene al Ejército y al resto de las FF.AA alineadas con el régimen. El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 no surge de un artículo de la constitución aun cuando la requiera para materializarse. Es negociado y firmado en el Parlamento, porque no les queda otra opción ante la presión de la movilización social y después de que la estrategia de seguridad interior del gobierno de Piñera fracasara dos veces: primero, ante la respuesta del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que se declara sin atribuciones para dirimir conflictos políticos internos y luego, ante la negativa de los militares de copar las calles en un nuevo Estado de emergencia la noche del martes 12 de noviembre: no están dispuestos a pagar los costos de la represión. El mismo mensaje envía Carabineros a la prensa al filtrar el audio del General Director. Con todas sus limitaciones, hoy existe un precedente de justicia transicional contra crímenes de lesa humanidad que no teníamos en 1988 y un Instituto Nacional de Derechos Humanos con funcionarios en la calle. La composición del poder Judicial no es la misma que en 1988.  Hoy día, no hay jueces dispuestos a aceitar la máquina del aparato represivo del Estado. No habrá impunidad.

Por lo demás, hay que decir que las FF.AA, corroídas y descabezadas por su propia corrupción interna que, por cierto, es fruto del ejemplo de corrupción de toda la familia Pinochet Hiriart y de la condescendencia de los gobiernos democráticos-, están por estos días más preocupadas de los juicios por fraude al fisco que de la movilización social: con 21 generales de ejército dados de baja por corrupción en 2018,  249 oficiales (25 generales) y 43 suboficiales investigados solo por el caso “agencias de turismo” es difícil mantener el control interno de sus tropas.

La situación de Carabineros de Chile es más dramática todavía. Por malversación de fondos, en dos años, se han ido a retiro más de 35 generales, entre ellos, dos generales directores.  ¿Pueden el Ejército y Carabineros garantizar el orden sin generales y en semejante proceso de descomposición interna? El alto mando de la Marina y la Aviación tampoco cuentan una historia mejor. Recordemos el Caso Fragatas y la compra irregular de aviones Mirage (2009) que involucró ni más ni menos que al ex Comandante e in Jefe de la Fuerza Aérea. Y eso es solo lo que sabemos hasta ahora.

La segunda, tiene que ver con la correlación de fuerzas entre movilización social y partidos políticos. El sistema de partidos tal como existe ahora sobrevive gracias a la abstención electoral. Basta con repasar sus procesos de fichaje en las elecciones de 2017 para saber que, aunque quisieran, a diferencia de 1988, ningún partido político tiene hoy la capacidad real de conducir la movilización social ni de cooptarla electoralmente. Por más que los candidatos a la asamblea vayan amparados en listas de partidos políticos afines, esos mismos partidos no tienen ningún poder para disciplinar a esos miembros. Los acuerdos de la Convención Constituyente (léase Asamblea Constituyente) no podrán negociarse como lo hacen las bancadas en el Parlamento. Por tanto, de la participación electoral dependerá el triunfo de la asamblea, su composición y, desde luego, el contenido del texto constitucional.  Con este primer acuerdo, solo hemos definido el destino y el medio de viaje. No sabemos lo que va a pasar en el trayecto. ¡No es lo mismo votar un gobierno que un proceso constituyente y sus representantes! No es lo mismo un proceso electoral normal que uno acompañado de una masiva movilización social que vigilará los votos y luego las deliberaciones de la asamblea. A falta de prensa independiente, tenemos nuestros teléfonos y las redes sociales. Los acuerdos políticos de la Constituyente no surgirán del lobby de Enrique Correa con las grandes empresas como ocurrió por décadas en el Congreso y, especialmente, durante los gobiernos de la ex Concertación. Hoy tenemos toda la información y el aprendizaje político que no teníamos en 1988 ni en 1990. Como nunca antes, esta vez será la movilización social la que le marcará la pauta política a los partidos.

La tercera y la más importante de todas las razones es que, aunque varios miembros de la clase política sean los mismos que en 1988, la sociedad chilena del 2019 es muy distinta a la de entonces. Ha cambiado de manera profunda social y culturalmente: la pobreza por ingresos ha disminuido de un 40% en 1988 a 8,6% en 2017. Según fuentes del Ministerio de Educación, en 1988, la matrícula universitaria alcanzaba los 233.195 estudiantes. En 2018, alcanzó 1.262.711 estudiantes. ¡Todos nacieron y se criaron en democracia y eso se nota en las calles!. En 1988 no existía un movimiento indígena tan articulado como el que tenemos ahora. No existía el precedente de la Consulta Indígena (2015) que, a pesar de todos los conflictos entre el Estado y los pueblos originarios, cumplió con todos los protocolos del Convenio 169 de la OIT. En el último Censo (2017), el 12,8% de la población se declara perteneciente a pueblos originarios. Según el INE, actualmente en Chile viven 1.251.125 inmigrantes. En 1988, los movimientos feministas y por la diversidad sexual no tenían la masividad ni la capacidad de movilización que tienen hoy. No existía el Acuerdo de Unión Civil.

Si a todos los datos anteriores le sumamos la cantidad de profesionales con postgrado, el panorama es más alentador. Sólo entre 2012 y 2015 se graduaron en Chile y en el extranjero 1.029 nuevos doctores, quienes con todas sus dificultades de inserción académica y de financiamiento público para investigación, son una masa crítica que puede hacer un aporte decisivo en este proceso. Y aunque varios de estos profesionales puedan simpatizar con la derecha, la buena noticia es que los destinos políticos de Chile no quedarán nunca más al arbitrio de una pequeña elite partidaria con formación en el extranjero como en 1988. Hay más y mejores profesionales que Eugenio Tironi para diseñar las campañas electorales y también analistas políticos más serios.

¡Todos y todas tenemos dudas sobre el proceso Constituyente, pues nunca antes habíamos tenido la oportunidad de discutir abiertamente sobre un nuevo acuerdo social con tres elecciones vinculantes! Sin embargo, la desconfianza en el sistema político y en sus elites no puede ser mayor que la fe en nuestra propia capacidad de agencia y movilización. Vamos a redactar una hoja en blanco cuyo trazo será escrito por otra sociedad. Será un acuerdo con principios políticos sustentados en bases culturales completamente distintas a las de hace 30 años y que no podrán ser secuestradas por ninguna fuerza política.