Chile tendrá una nueva Constitución, que por primera vez en su historia será elaborada con participación y no por grupos específicos de poder económico o político. Ese es el gran y relevante avance que a la fecha se ha logrado con este inmenso movimiento popular que por cerca de un mes se ha levantado contra la pobreza, la desigualdad y sobre todo el abuso de las élites. Una primera conclusión es que este es un logro producto de la movilización social, del sentir y el actuar del pueblo que, a contrapelo y acorralando la institucionalidad vigente, ha podido correr un importante cerco que hasta el 17 de octubre era impensado.

No obstante, es necesario reparar en las implicancias del acuerdo logrado la madrugada de este 15 de noviembre. En primer lugar, la salida pactada rememora las peores pesadillas del pacto transicional. El sistema político -en su gran mayoría presente-, aparece generando un gran acuerdo producto de negociaciones contra el tiempo, con un gobierno extremadamente débil, en peligro, y cuya característica es que se realiza sin la presencia del movimiento social que lo propició. Puede que sea su pecado de origen, traición al movimiento para muchos, si bien pudiera también repararse en la medida que los partidos realicen un trabajo que asegure un proceso participativo y desde la base social, desafío que será extensivo para todos los actores, sociales y políticos. Es decir, en la medida que este aprendizaje lleve a una nueva forma de hacer política.

Los tiempos de negociación sin duda los fijó la derecha. Independiente de la ausencia de liderazgo presidencial y de lo errático de éste, el gobierno actuó de forma irresponsable y esperando que el miedo actuara como freno del movimiento durante casi 4 semanas, atrincherado en la defensa del modelo neoliberal por medio de su usual estrategia de criminalización de la protesta social. Una vez se vio vencido, fue la propia derecha que fijó el plazo de salida; “Solo tenemos 24 horas” indicó Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, antes de que esto pudiese transformarse en un caos con una salida que amenazara incluso la propia democracia. Este escenario condicionó un diálogo forzado, sin el espacio propicio para el intercambio. Muchos ni siquiera fueron invitados en un comienzo.

Respecto al contenido del Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, debe destacarse la habilidad de la derecha para sentar las bases sobre la cual pueda escribir su versión de la historia. El Acuerdo aparece para ellos como la respuesta del país al llamado a la unidad realizado dos noches antes por Piñera, en lo que a todas luces fue un intento discursivo vacío de contenido, criticado incluso por su propio sector político por la falta de medidas y liderazgo que daba cuenta de la incomprensión de lo que sucedía. Hugo Herrera, uno de los nuevos intelectuales de dicho sector, se refería con crudeza a la falta de herramientas conceptuales de la derecha económica y su ortoxia neoliberal, -representada para él en Libertad y Desarrollo y la herencia de los Chicago Boys- para comprender la complejidad del estallido social desde una dimensión política y no meramente economicista.

Este cuadro encendió las alarmas del oficialismo, que cedió a la presión popular y buscó sellar de forma rápida una salida institucional, después de 25 días de obstrucción a las demandas y de represión a la movilización. Así, de forma hábil y rápida logró equiparar el combate a la violencia al mismo nivel de la necesidad del cambio constitucional, dejando asimismo en un segundo plano la desigualdad que genera el modelo neoliberal y los abusos que provocaron su estallido.

En relación al contenido del Acuerdo, como decíamos, éste establece el itinerario para arribar a una nueva constitución, partiendo de una hoja en blanco no explicitada en el documento, lo que de cumplirse aseguraría un gran logro, que es poner término a la constitución pinochetista.

No obstante este avance, se ha generado mucho escepticismo y crítica respecto a importantes aspectos del Acuerdo. Nos centraremos en tres puntos que nos parece grafican de buena forma las dudas de quienes sostienen que la derecha logró amarrar un espacio de poder que, al igual que como regía el sistema binominal le permite, aun siendo minoría, tener el poder de veto y lograr consensos para asegurar la primacía de sus intereses esenciales en la redacción de la nueva carta magna.

Nos referimos en primer término, al supra quórum que consagra el Acuerdo. Los 2/3 convenidos aparecen para la mayoría del movimiento como un mal recuerdo del pacto transicional, que obligó a permanentes consensos que imposibilitaron cambios de fondo del modelo y afectó la calidad de la democracia. Ello, si bien acomodó a muchos, para otros tanto fue un tope para reformas democratizadoras, cuestión que evidentemente constituye un riesgo para el trabajo que tendrán quienes sean parte de la denominada Convención Constituyente. La tarea será que la Asamblea, una vez constituida, y en tanto poder constituyente original pueda revisar este punto.

Un segundo aspecto es la ausencia de un compromiso claro por condenar la violencia de estado, que se traduzca en la generación de acciones reparatorias para las víctimas civiles y asegure justicia y sanción de forma que no quede impune ninguna violación de derechos humanos. Este es un deber moral que no queda explicitado en el documento, lo que da garantías al sector más duro de la derecha, pero resta valor ético político al documento.

Un tercer aspecto es el punto 10 del Acuerdo. Este indica que los partidos firmantes designarán una Comisión Técnica que se encargará de la “implementación de todo el proceso”. Este punto pone en cuestión el sentido mismo del proceso constituyente. Un proceso ciudadano y popular que termina en una designación por parte de partidos deslegitimados y que son vistos en buena medida como parte del problema. Además, excluye a los partidos que no participan de la firma del acuerdo. En síntesis, lo más parecido a la “cocina” que tanto se critica como espacio de resolución política. A la vez, compromete paridad entre oficialismo y oposición, asegurando a la derecha control del proceso y excluyendo a quienes puedan ser más críticos al acuerdo sostenido, prescindiendo del movimiento social.

En este punto, la remembranza de la democracia restringida y cupular que acompañó la transición pos dictatorial se asoma como una amenaza al proceso. Por ello sostenemos que este punto del acuerdo en particular debe ser remirado para asegurar pluralidad y legitimidad de todo el itinerario constituyente.

En conclusión, se debe valorar el acuerdo en tanto abre un camino para el término de la constitución de 1980. No obstante, éste tiene sus propias “leyes de amarre” que generan un desafío al sistema de partidos como al movimiento y actores sociales. Superar el pecado de origen de no incluir al movimiento social, asegurar la pluralidad y amplitud de la participación, la territorialización del proceso y los mecanismos deliberativos en las etapas de delineamiento como en la misma Asamblea Constituyente, será un espacio en disputa para el período que viene. Será una prueba para el ejercicio democrático en nuestro país.

Junto a ello, es importante mirar con optimismo el rol de control social y político que pueda ejercer la sociedad civil y el movimiento social, así como los propios partidos comprometidos con el movimiento y los cambios en curso. Estas 4 semanas de lucha y organización han demostrado que existe una sociedad re-politizada, en desarrollo, y que tiene la preocupación tanto como el interés político de no ser espectadores en una nueva transición, de forma de no hipotecar la calidad de nuestra democracia por los próximos 30 años. En este devenir la superación del neoliberalismo y la profundización democrática requerirá de la permanente movilización social de la ciudadanía y el pueblo organizado, la que debe ser una constante de esta etapa que se inicia. Seguir movilizados, hasta que la dignidad se haga costumbre.