Hablemos de violencia, la violencia ejercida contra el pueblo por gente del pueblo que, por diversos motivos, optó por ingresar a las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado.

Hablemos de la violencia encubierta, que incontenible discurre hasta llegar a las masas, violencia legalizada, diseñada, instruida y coordinada desde la élite, llámese esta presidente, ministro del interior, intendencia o General director de Carabineros.

Hablemos de violencia preguntándonos qué lleva a los gobiernos de turno a seguir creyendo que las “medidas disuasivas” de carabineros son efectivas para proteger a la población cuando, tras las marchas, los efectos más nocivos constatados son los de las bombas lacrimógenas, los perdigones y las lumas.

Hablemos de violencia sacando cuentas respecto a lo que gasta el Estado en premunir de armamento para esos “fines disuasivos”, mientras Bomberos trabaja por amor al arte y no hay suficientes ambulancias en las urgencias de los hospitales públicos.

Hablemos también de la violencia atribuida al capucha y al lumpen, blancos fáciles y certeros que hasta antes de este último estallido social no habían sido dignos de atención y análisis. Como si nadie supiese que estaban allí, a nuestro lado, incubando la rabia por toda suerte de abandonos de parte del Estado, abandonos en sí mismos violentos. Es curioso lo fácil que resulta atacar a estos grupos anónimos, antes que cuestionar toda una estructura organizada desde el gobierno. Las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado no son sinónimo de orden y seguridad para la población, sino marco de contención para sostener el poder del gobierno de turno. Así ha quedado demostrado en estos 30 años de democracia.

Por último, hablemos de violencia cuando nuestro país amaneció ayer liderando la cifra mundial de personas que han perdido un ojo en manifestaciones, cuando vimos imágenes de gente atropellada por carabineros que no recibió auxilio de su parte, o cuando centenares de grabaciones nos mostraron acciones pacíficas diezmadas por el descontrol policial. En paralelo, escuchamos con horror al Director General de Carabineros Mario Rozas, catalogando el actuar de su institución dentro de un rango bastante aceptable, mientras el gobierno insistía -e insiste- en declarar que en Chile no se violan los derechos humanos.

No han sido suficientes las muertes en extrañas circunstancias, las 160 personas que a la fecha presentan heridas oculares, las más de 100 querellas por torturas y los testimonios y querellas por violencia sexual y de género. Tampoco parecieran ser suficientes las denuncias de la defensoría de la niñez respecto a los 43 niños, niñas y adolescentes que han sido heridos a bala o perdigones, o sufrido maltrato físico por parte de personal policial y militar.

La policía debió entrar ayer disparando al Liceo 7 y dejar heridas a dos estudiantes para que el General Rozas reconociera la vulneración de protocolos en el actuar de carabineros.

Corresponde entonces hablar de responsabilidades, las que compete al Estado de Chile. Es este, a través de sus instituciones quien debe garantizar una sólida formación en materia de derechos humanos. Cabe preguntar a los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado cómo se asegura la educación en derechos humanos de su contingente al tiempo que se les enseña a disparar antes que a resguardar. Cómo integrar en la conciencia de Carabineros la Ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, cuando han sido entrenados para el combate; se les envía a las calles con municiones, como carne de cañón y, a la vista de los sucesos, bajo su propia responsabilidad.

No olvidemos estas palabras: “La adrenalina, el celo policial me hizo ir más allá de lo necesario, no sé por qué le disparé, no sé explicar qué pasó en ese momento …”, decía en su declaración el ex Sargento de Carabineros Carlos Alarcón, identificado como autor del disparo que mató a Camilo Catrillanca. En tanto el ex Ministro Chadwick informaba frente al caso que no podía asegurar que aquello no se volviera a repetir. No está de más considerar que según la prensa, la formación del señor Alarcón había incluido una pasantía en Estados Unidos donde además de combate y rescate de rehenes aprendió sobre ataques químicos y radiológicos; además sabía usar pistolas, revólver, subametralladora Uzi, fusil HK MP5 calibre 9 mm y 5.56, fusil STEYR y Carabina Colt modelo M4.   

Se nos quiere convencer del compromiso irrestricto del Estado con la promoción y defensa de los derechos humanos cuando organismos de la sociedad civil y el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), han sido testigo de las dificultades para conseguir implementar procesos de educación en derechos humanos en las instituciones del Estado de nuestro país.

Ese compromiso se queda sólo en las formas y en buenas intenciones si consideramos por ejemplo que en el año 2009 Chile aprobó el Protocolo Facultativo contra la Tortura, de la Convención de las Naciones Unidas. Este instrumento exigía su entrada en vigor a través de un mecanismo legal a más tardar en un año, sin embargo, debió pasar una década para que, bajo la Ley 21.154, se designara al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Apenas un año antes y siempre en concordancia con su misión, el mismo INDH conseguía firmar un Convenio de Cooperación MARCO para la prevención de la tortura, con la Fiscalía, Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Defensoría, Subsecretaría de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal y Servicio Nacional de Menores. A pesar de este esfuerzo, las víctimas de abusos de las últimas semanas han sufrido en carne propia los diez años de retraso de este compromiso de Estado.

También es momento de recordar la responsabilidad asumida por nuestro país a través de su Plan Nacional de Derechos Humanos, proyectado a cuatro años. A poco tiempo de cumplirse la mitad de este plazo, no se ha brindado a la ciudadanía nueva información sobre sus avances y contribuciones en las acciones proyectadas para temas como la educación en derechos humanos en Chile.

Es evidente que no basta con suscribir y ratificar convenciones y normas de derechos humanos, si quienes ostentan los Poderes del Estado, en particular el ejecutivo y legislativo, no han seguido ellos mismos una formación en la materia que les facilite comprender y poner en práctica esos instrumentos.

Durante veinte días consecutivos hemos sido testigos de un modelo sistemático de violencia por parte las Fuerzas de Carabineros para disipar manifestaciones. Lo cierto es que, tras siglos de experiencia en levantamientos y demandas populares en el planeta, ¿alguien podría afirmar que la represión ejercida desde el Estado ha conseguido detener la voluntad de salir a las calles? Ya va siendo hora de modificar las prácticas de orden y seguridad internas, es tiempo de más y mejor educación y menos violencia.