El gerente general de Metro, calificó  los recientes actos colectivos de evasión del pasaje como violentos y vandálicos, palabras replicadas por el presidente Piñera, amenazando con aplicar todo el peso de la ley a las personas implicadas. El clamor popular en la calle- lo digo como transeúnte y usuario del transporte público- y en redes sociales parecen disentir de tal calificativo, donde las expresiones de apoyo y celebración compiten con los juicios desaprobatorios de la acción. Independiente de las diferentes reacciones, preguntarse por el estatuto del acto de evadir colectivamente el pasaje parece tener validez.

Entonces, ¿es un acto vandálico la evasión colectiva del metro por parte de la ciudadanía organizada? Desde una óptica exclusivamente legal, la respuesta puede ser afirmativa aunque con la justicia nunca se puede tener certeza- ya lo saben otro tipo de evasiones-. Sin embargo, al cambiar el lente y situar el acto en el espacio social y político, otra lectura es posible.  Evadir colectivamente el pasaje del metro como forma de acción colectiva concertada y coordinada es un acto de desobediencia civil que cuenta con cierta legitimidad para parte de la ciudadanía.

La desobediencia civil, para el filósofo liberal J. Rawls, es un acto público, concertado, no violento y de alcance político, donde la ciudadanía se opone a aquello definido como legal por considerarlo injusto. Por lo tanto, la puesta en escena del acto de desobediencia captura la atención del gobierno y las autoridades. En tal definición no basta con centrarse en la desobediencia pues “lo civil”- que remite a cierta base moral y de justicia compartida por un grueso de la ciudadanía, es básica para constituir algo así como una sociedad- no puede omitirse.

Justamente la convocatoria de evadir el pasaje del metro de manera masiva, cumple con los requisitos de la desobediencia civil. Por lo tanto, siguiendo lo anterior, evadir el pasaje de manera colectiva puede entenderse como un desafío a la autoridad política y a la legalidad del Estado, que introduce la dimensión de la ilegitimidad en el alza del pasaje del transporte público. El acto de evadir como desobediencia civil invita a ir más allá de la legalidad actual, para situar en medio del debate público la cuestión de la legitimidad social y los criterios de justicia aplicados a determinadas decisiones, al tiempo que teje lazos de solidaridad entre las personas.

El fundamento de tal acto de desobediencia, radica en proponer otros criterios de justicia alternativos a los de mercado. Desde la óptica ciudadana, particularmente la menos favorecida, y aplicando la lógica de la economía de escala, resulta tanto o más violento el alza en los pasajes que el acto de evadir. También resulta tanto o más violento las palabras del ministro Fontaine al invitar a madrugar a la ciudadanía para pagar menos y tener menos gasto.  La ciudadanía cuenta con una economía moral que tiene como pilares básicos su seguridad frente al abandono del Estado en relación a sus servicios básicos, pero también su dignidad frente a las representaciones sociales de una política elitista, con nula sensibilidad social. Así la economía moral de la ciudadanía descansa en los pilares de la dignidad y la seguridad, fuentes de su legitimidad, que son diametralmente opuestos a la legitimidad tecnocrática que prima en la economía.

Tres alcances podemos derivar del acto de desobediencia civil al no pagar el pasaje y de la economía moral que lo fundamenta.

Al implementar un acto de desobediencia colectiva, los tradicionales “usuarios” pasivos del metro abandonan tal posición para ejercer el derecho de su ciudadanía de expresar el daño que les ha provocado una medida que definen como injusta e ilegítima. Ello implica dejar de definirles como meros consumidores disconformes, para situarlos como “constructores” de democracia, que utilizan la desobediencia civil como mecanismo para ampliar, profundizar y actualizar los fundamentos de legitimidad que toda sociedad requiere para definirse como tal, propiciando la constitución de arenas públicas de debate y controversias.

En segundo lugar, el llamado de atención a los partidos políticos y a las fuerzas políticas organizadas, en particular a las preocupadas por la igualdad social, por la baja sintonía y la nula vinculación con los fundamentos de la economía moral de la ciudadanía. Este distanciamiento debe ser motivo de preocupación, reflexión e intervención en las fuerzas políticas progresistas, para articular posiciones con las personas desobedientes, para dotar de mayor fortaleza la inscripción de los criterios de justicia popular en lo público.

Tercero, la respuesta del gobierno es desproporcionada a la situación en cuestión. Al igual que en otros casos, se responde rápidamente bajo el principio de respeto a la ley y al orden, recurriendo por un lado a la represión de los actos y por el otro a la criminalización de los actores, mediante la definición de pánicos morales anclados en la juventud. El gobierno con su principio de ley y orden, junto a su lógica tecnocrática, no aportan al desarrollo de una democracia deliberativa, menos a la democratización de la misma.

La economía moral de la ciudadanía, a partir del uso de la desobediencia civil, nos invita a ejercer la democracia más allá de un método de selección de la elite gobernante y no reducirla a una forma de gobierno que debe velar por el funcionamiento del modelo y el respeto a su ley. La democracia desde este reclamo ciudadano, así como de otros, puede definirse como una forma de vida colectiva que implica considerar la legitimidad y la solidaridad como elementos constitutivos de ella. Es importante que el mundo político comience a tenerlo en cuenta.