Hace justo un año ingresamos el proyecto denominado “Ley Adriana” junto a diversas organizaciones vinculadas a la defensa y protección de la maternidad y derechos sexuales y reproductivos, agrupaciones y activistas contra la violencia gineco-obstétrica, organizaciones feministas, agrupaciones de la salud, médicos y médicas, profesionales del área y parlamentarias de diferentes sectores reunidas en la Mesa de Violencia Obstétrica y Parto Respetado el proyecto de ley “Adriana”, para hacernos cargo y poner límite a este tipo de violencia contra la mujer.

Fueron siete meses de trabajo en los que pudimos tomar conciencia de la magnitud del problema, de la gran cantidad de casos que se presentan a lo largo del país y que aún no hay respuestas a las mujeres que han sufrido estos hechos. Es que además vimos que hay intereses de terceros que trataban de impedir la labor de esta mesa.

Presiones que también sufrieron los proyectos trabajados por las diputadas Hernando y Carvajal, ingresados en 2015, y que aún se encuentran a la espera de que sea puesto en tabla. Misma suerte que corrió el proyecto preparado por el ex diputado Daniel Melo.

Con el ingreso de este proyecto de ley nos hacemos cargo de un punto del Programa de Muchos y Muchas del Frente Amplio, un compromiso por la dignificación del parto en el país, ajustarse a las normativas internacionales, por el respeto de las creencias de cada una de las mujeres, por renovar la educación de las y los futuros profesionales y, fundamentalmente, la formación de una cultura del nacer bien, profundamente ligado con el respeto hacia las mujeres.

Desde el 2 de octubre de 2018 hemos llevado adelante una serie de encuentros con autoridades y parlamentarios con el fin de que se le de la urgencia que requiere este proyecto. Según el estudio realizado el año pasado por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física al interior de los hospitales, en tanto que un 56,4% de las mujeres encuestadas expresa que fueron criticadas o reprimidas al expresar dolor y emociones al momento del parto. A esto se suma que el 47,1% de los nacimientos en nuestro país se realizan vía cesárea,  donde el 70% corresponde al sector privado. Los datos son elocuentes, la respuesta, en cambio, ha sido muy lenta.

A pesar de estos preocupantes antecedentes, el proyecto que hemos presentado no ha sido puesto en tabla en la comisión de Salud. A pesar de las conversaciones con los diputados que han presidido esta instancia durante este período, no se han comprometido verdaderamente.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo no ha mostrado hasta ahora interés real por darle la urgencia debida a este tema, a pesar de habernos reunido con la ministra Isabel Plá, donde ella se comprometió a evaluar el patrocinio del proyecto ingresado. Aún no hemos tenido respuesta pese a la serie de casos de los que hemos tomado conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación del país. Es lamentable que este tipo de violencia no sea considerada por la autoridad, que no se entienda como fundamental que la mujer se encuentre en condiciones físicas, mentales y emocionales adecuadas para vivir de manera plena su proceso de gestación y del parto.

Es lamentable que dos poderes del Estado sigan naturalizando e invisibilizando la violencia gineco-obstétrica, afectando hace décadas a miles de mujeres que se encuentran en etapas de gestación y parto. Casi como excepción, cabe mencionar que la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sin considerar en ella la violencia gineco-obstétrica. Actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado donde se incorporó la indicación que agrega la violencia gineco-obstetra como un tipo más de violencia contra la mujer.

Es momento de que en Chile nos alineemos con la postura establecida por Naciones Unidas en esta materia: debemos considerar un parto sin ningún tipo de violencia como un Derecho Humano, cosa que hoy no es una realidad. Debemos dejar el sopor legislativo para defender a las mujeres de esta violencia que nos afecta, dando el primer paso para hacernos cargo como sociedad de una realidad que afecta a las mujeres de nuestro país.