Mientras desde La Moneda afirman que el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas sin flexibilidad laboral –impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola–, provocará estragos en la economía, el doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, Nicolás Grau, asegura que va en la línea correcta.

Aunque el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y militante de Convergencia Social estima razonable la gradualidad para proteger a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sí cree que el gobierno se ha movido en una discusión estrecha y sobre la base de una idea errada:

“Tratan de tomar esto como si la gente fuera floja y utilizan el discurso de ´cómo se atreven a pedir trabajar menos si en Chile estamos tan mal´, cuando en realidad los que están diciendo eso no están tan mal. Hay mucho de una visión provinciana y patronal. La gente que tiene bajos ingresos y que trabaja muchas horas, concuerda con este proyecto porque sabe que va a pasar más tiempo con su familia, que va a tener tiempo libre y, así, mejorar su calidad de vida. Es de sentido común”, sostiene.

Sobre los efectos que tendría esta política, el economista plantea ciertos escenarios, entre ellos, uno relacionado con la eventual disminución del ausentismo laboral.

“La gente no se ausenta porque le da la gana, sino que por enfermedades laborales, agobio, lo que tiene relación con la cantidad de horas que trabajan. Pero tiendo a pensar que con la reducción de la jornada puede redundar en que la gente trabaje menos y que eso se traduzca en menor ausentismo laboral si lo hace de manera distribuida”, expone.

A su vez, señala Grau, si las personas no aumentan su productividad -aspecto que descarta- y la empresa tiene que contratar a la misma cantidad de personas, va a tener que pagar horas extras y eso evidentemente provocaría un costo mayor.

“Hay que ponderar esos riesgos, pero también hay que tener en cuenta que otros países ya han ido en esta dirección y se movieron a jornadas laborales más reducidas cuando tenían el mismo PIB que tiene actualmente Chile. Entonces, yo no veo ningún problema para que lo podamos hacer”, opina, destacando que Chile muestra un evidente retraso en muchas dimensiones relacionadas con la calidad de vida de las personas, sobre todo, en materias laborales.

Mejorar la productividad, a su juicio, pasa por la estrategia de inversión de la empresa, en desarrollo e innovación, más que en componentes individuales de los trabajadores.

“Somos un país con bajos salarios para nuestro PIB, en el que se trabajan muchas horas, con bajos alcances en la negociación colectiva y con baja productivad. Pero esto no tiene que ver con un tema personal, y aunque sí con el sistema educacional, no es solo eso. Aquí las empresas deben invertir mucho más en mejores maquinarias, en mejores procesos, en organizar mejor la producción. Eso, a la postre, implica que aumente la productividad”, señala.

Trabajo femenino

Respecto a la perspectiva del trabajo femenino, el también investigador adjunto en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) enfatiza en las labores no remuneradas que desempeñan las mujeres.

“Lo que muestran los datos es que las mujeres trabajan mucho en labores no remuneradas, más allá del trabajo que hacen remunerado; en labores de cuidado. De hecho, la encuesta que hay del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es que cuando se suman los dos tipos de trabajos, las mujeres trabajan más por día que los hombres, por lo tanto, una disminución de la jornada remunerada podría significar un aumento en el trabajo no remunerado”.

Y, desde ahí, advierte que, si bien este proyecto va en la dirección correcta, no resuelve todos los problemas. “Las desigualdades de género y cómo esas desigualdades de poder hacer que una cosa que sea positiva para todos, lo sea más para los hombres que para las mujeres, es un tema que hay que resolver”, dice, dejando claro que esa preocupación no sería una razón para no apoyar este proyecto.

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Aumentar los sueldos

El economista también apunta la relevancia de evaluar una política que aumente los sueldos de los trabajadores porque, de lo contrario, reducir la jornada provocaría eventualmente que aumente la informalidad laboral al mediano plazo.

Sobre esto, plantea cifras para poner la discusión en contexto: “En Chile, el 1% de personas con mayores recursos concentra entre el 20 y el 30% de los ingresos del país, lo que es muy alto comparativamente con otros países, que son dueños de las grandes de empresas. Y esas ganancias desproporcionadas son el reflejo de que no se pagan los salarios que se deberían pagar. Entonces, el ingreso de capital es muy alto, no así el ingreso laboral”, detalla.

En ese análisis, marcado por la heterogeneidad productiva, ese tipo de empresas contarían con las condiciones para que se reduzca la jornada y para que, a la vez, se paguen mejores sueldos. Por otro lado, están las pymes que estarían en una situación de menor holgura, donde es relevante la gradualidad.

“Puede ser que con eso las ganancias sean más altas de lo que esperábamos y el costo no sea tan alto, o puede ser que nos demos cuenta de que eso no es cierto. En cualquier caso, para ese tipo de cosas vale la pena conversar con esas pequeñas empresas, pero en la praxis”, concluye.

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