El día jueves 11 de julio, presenciamos nuevamente los síntomas de una gran enfermedad que aqueja a nuestro país. El síntoma, 1.100 litros de petróleo son derramados al interior de los estanques de potabilización de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL) producto de negligencias, contaminando la producción de agua potable y causando un episodio catastrófico para más de 180.000 habitantes de Osorno, afectando también al río Rahue. Esta falla en la red sanitaria deja a los habitantes de Osorno sin suministro de agua de cañerías, viviendo por más de 5 días la cruda realidad que sufren a diario más de 1.400.000 personas a nivel nacional, principalmente en contextos rurales y de pobreza. Quienes dependen de bidones y estanques, de la llegada del camión aljibe y de tener que racionar el agua a diario (no siempre potable y de dudosa calidad), viviendo con 50 litros al día. Esta situación constituye una violación al derecho humano esencial de acceso al agua, tal como lo establece la resolución de Naciones Unidas (2010), a la cual Chile suscribió, sin todavía integrar dicha disposición a su legislación interna.

La enfermedad, la mercantilización de un derecho básico como el agua, a través de la ausencia de prioridad de uso del agua, en particular para los contextos urbanos, la privatización de las empresas sanitarias, planificada en dictadura y consumada durante los gobiernos de transición, en el gobierno de Eduardo Frei en 1998 (Ley 19.549) y su profundización con Ricardo Lagos.

Pero este síntoma no es el primero que presenciamos a lo largo del territorio. En el año 2017 la Municipalidad de Puerto Varas interpuso una demanda a ESSAL por la supuesta responsabilidad de la empresa en la contaminación con aguas servidas del lago Llanquihue, hecho que provocó el colapso de la red sanitaria de dicha comuna y que a la fecha está a la espera del fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. En junio de 2018, ESSAL fue multada por la SISS por $400 millones de pesos, por reiteradas descargas de aguas servidas sin tratamiento al Lago Llanquihue durante 2017, mismo hecho que impulsó la demanda ambiental de Puerto Varas. En 2018 dos ejecutivos -gerente general Hernán Köning y la jefa de operaciones de la PTAS, Paula Hormazabal- fueron formalizados tras acusaciones que indican a la compañía como responsable de contaminación en el Río Clavito en la localidad de Los Muermos. El Ministerio Público expuso que desde el año 2014 la planta de tratamiento no cumple con la normativa y arrojó aguas servidas al caudal del río, lo que provocó la muerte de peces y de animales, además de exterminar a toda la fauna del lugar.

Los síntomas son transversales a nivel país. La lógica privatizadora es simple, sacar máximas rentas con mínima inversión, lo que se ve reflejado en los constantes aumentos de las tarifas, lo que no se condicen con las inversiones en infraestructura. Los reiterados escándalos de ESSAL se añaden a una lista de graves conflictos en relación al agua. Por ejemplo, Aguas Chañar: presencia hidrocarburos en Freirina (2017), Aguas del Valle: norovirus en Ovalle (2013), Cortes masivos 2016 y 2017 en Santiago por Aguas Andinas, son sólo algunos de los casos donde la ciudadanía ha sido perjudicada.

¿Cómo el acceso a un elemento vital ha sido mercantilizado a este nivel, descuidando la misma sostenibilidad del servicio?. Recordar que al año 2018, el Estado de Chile mantiene una participación mínima en ESSAL (del orden de 5%). En el año 2008, Aguas Andinas, la empresa sanitaria más grande del país toma el control de ESSAL, a través de una Oferta Pública de Acciones (OPA) al comprar el 53,6% de Iberdrola Energía de Chile y accionistas minoritarios.

Siendo la historia de Chile la historia del conflicto de interés y del incesto entre la casta política y el gran empresariado, el actual presidente del directorio de ESSAL, Guillermo Pickering (DC), fue subsecretario de Obras Públicas justamente en el período de la elaboración y promulgación de la ley que en 1998 modificó el régimen jurídico que regulaba a las sanitarias. Pickering se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) –organismo privado que reúne a las empresas del sector– y en consejero de la Fundación AGBAR, creada por la matriz de Aguas Andinas.

Además de las negligencias relatadas, se suman dos elementos que demuestran el carácter ideológico de la privatización de las empresas sanitarias. El primero corresponde a la falsa necesidad de inversión extranjera o de privados, dado que como se observa en la figura, el estado invirtió en cobertura de distribución y saneamiento antes de comenzar la enajenación de las empresas sanitarias. Segundo, el abandono de las redes de distribución y la falta de inversión en su reposición es incongruente en un sector que reporta utilidades del orden de $ 312.811 millones de pesos al año 2017 y más aún con un esquema de empresa modelo con rentabilidad garantizada. Lo anterior se puede fundamentar con indicadores como el agua no facturada.

Figura N° 1. Cobertura urbana de servicios sanitarios en el tiempo.

Las respuestas de las autoridades no sorprenden, ya que son consistentes con los lineamientos ideológicos del gobierno de turno. Por su parte el ministro Fontaine (actual ministro de economía, hace unos meses atrás ministro de obras públicas) recordó que la ley es clara en cuanto a que la empresa ESSAL “no puede cobrar en absoluto durante el período de interrupción del servicio y establece que el corte injustificado debe dar lugar a un descuento automático de la cuenta del período siguiente, equivalente a diez veces la facturación diaria por cada día de interrupción del servicio”, siendo su preocupación principal la compensación económica y las multas, por sobre la emergencia sanitaria y asegurar la calidad del agua una vez restaurado el servicio. Mientras que el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, señaló que “la empresa sanitaria es la responsable de entregar agua potable a la población y también es responsable de informar oportunamente a la población cuando eso se interrumpe, cuando hay una situación de emergencia, lo cual no hizo de forma oportuna, en forma clara como corresponde”, demostrando que el estado no es garante del acceso al agua y saneamiento, por tanto, la declaración del derecho humano al agua, no es más que eso en Chile, una declaración en donde el estado es mero espectador.

Los antecedentes presentados muestran que los privados son ineficientes en la administración de las empresas sanitarias, además su modelo de negocios no busca el bien común, ni el beneficio de los usuarios. Tampoco se concibe el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sino que trata el acceso al agua y saneamiento como un servicio cualquiera comparable al acceso a internet. El estado de Chile no es garante y sus autoridades asumen actitudes clientelares y no toman medidas de fondo para que este tipo de situaciones, que son recurrentes, no vuelvan a repetirse; se lavan las manos y como simples espectadores dejan la emergencia sanitaria en manos de los privados.

Esta nueva negligencia de una empresa sanitaria, lo que no es un hecho aislado ni en el tiempo, ni en un territorio específico, obliga a pensar en cómo debemos enfrentar a futuro el modelo sanitario. La privatización disfrazada de eficiencia ha demostrado ser una mentira, por lo que desprivatizar su gestión se hace una necesidad prioritaria. La gestión de los servicios sanitarios, sean estos rurales o urbanos, deben ser vistos como herramientas para alcanzar la equidad social que sostiene la paz social. Como solución de mediano y largo plazo se hace urgente la priorización del agua para el consumo humano y la revisión urgente y popular respecto al proceso de fijación de tarifas (DFL 70/88), que a casi 3 décadas de su implementación, permite que las tarifas sean negociadas de manera secreta entre la Empresa y el Gobierno. Es imperativo que la ciudadanía tenga representación en los futuros procesos tarifarios.

Para el corto plazo y resarcir la situación que ocurre en Osorno es necesario la implementación de Estudios y Diagnósticos que permitan descartar trazas de hidrocarburo, con prioridad en las redes de agua potable. Esto es fundamental, ya que en las siguientes jornadas cuando se reinicie el suministro, existe la duda razonable de que, dado la naturaleza de la contaminación por hidrocarburos, este agente contaminante persista dentro de la infraestructura sanitaria contaminando el agua potable que potencialmente utilizarán las y los vecinos de Osorno y alrededores. Como hemos visto, la actitud de las empresas sanitarias en contextos de emergencia deja mucho que desear por tanto instamos a los clientes de ESSAL ser desconfiados de las declaraciones de la empresa que postulan la inocuidad de las redes posterior a la vuelta del suministro.

Lo hemos manifestado cada vez hemos tenido la oportunidad, ¿Para qué esperar más escenarios caóticos para reaccionar ante las consecuencias de la privatización y mercantilización del derecho humano al acceso al agua y saneamiento?. Lo privado no es sinónimo de lo público, lo privado busca el interés bursátil, no el bien común.