A ocho meses del asesinato de Camilo Catrillanca, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, presentó una acción criminal ante el Juzgado de Garantía de Temuco contra ocho ex funcionarios, y en particular en contra de aquellos que presuntamente cometieron delitos en contra del menor M.P.C. de 15 años. 

Según publicó La Tercera, en particular lo ocurrido hoy fue que el Juzgado acusó recibo del documento, que plantea varios de los hechos de forma distinta al Ministerio Público y eleva las penas para algunos de los acusados.

Para dos de los involucrados la Defenoría pide penas más altas:

Para el ex sargento Carlos Alarcón, el presunto autor del disparo que le provocó la muerte a Catrillanca, la Defensoría de la Niñez pidió 15 años como autor del delito frustrado de homicidio calificado en contra de M.P.C., asumiendo el hecho de que los disparos pudieron haber causado además la muerte del adolescente. 

Para el ex miembro del GOPE, Raúl Ávila, quien tras la muerte de Catrillanca detuvo al adolescente, la Defensoría solicitó a la justicia una pena de 20 años de presidio efectivo. Esta se dividiría en 10 años de cárcel por el delito de “disparo injustificado” y otros 10 años como autor del delito de torturas cometido en contra de un adolescente.

Los hechos

De acuerdo al documento en el que la Defensoría hizo su denuncia, tras la muerte de Camilo Catrillanca, cuando el adolescente es detenido, se habrían producido la tortura y el maltrato. “A raíz del disparo recibido en su cabeza por Camilo Catrillanca Marín, el tractor se desplazó unos metros y se detuvo a un costado del camino, luego que el adolescente M.A.P.C. cortara el contacto, momento en el que éste desciende del tractor, permaneciendo frente a los acusados de pie, desarmado y con las manos levantadas.”, dice el documento. 

Tras esto, “sin que existiera ningún tipo de resistencia al proceder policial, por parte de M.A.P.C., el acusado Ávila Morales se abalanzó sobre el joven, lo lanza al suelo y lo golpeó en diversas partes del cuerpo, obligándolo a permanecer boca abajo en el barro, para después inmovilizarlo atando sus manos con excesiva e injustificada presión, poniendo una de sus piernas sobre su espalda, causándole lesiones físicas consistentes en contusiones costales en el lado izquierdo, cicatriz rosada de 1,55 cm en cara dorsal de la muñeca izquierda y cicatriz costrosa de 3 cm en la cara lateral de la muñeca izquierda”.

En tanto, para el resto de los funcionarios policiales, potencialmente involucrados como encubridores del homicidio calificado y tortura,  la Defensoría pidió penas que van entre los 5 y 3 años.