El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Púbica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe  -conocido popularmente como Acuerdo de Escazú- es el primer acuerdo internacional de la región en materia medio ambiental. Busca, entre otras cosas, garantizar el acceso a la información pública y a la justicia, además de proteger a los defensores de derechos humanos en materia ambiental.

La no firma del acuerdo por parte del gobierno de Chile había generado resquemores en el país entre activistas y organizaciones ambientales. Pero ahora también lo hace a nivel internacional.

“Esto debilita su credibilidad como actor internacional confiable”, decía una circular que se repartió esta mañana en Bonn, que llevaba el título de “liderar con el ejemplo, no con palabras”. Al newsletter creado por ONGs asistentes se sumó una conferencia de prensa. “Este no es solo un acuerdo de temas ambientales. Escazú contribuye y refuerza el Acuerdo de París, especialmente el tema de la transparencia. Es muy importante que, para la COP25, la presidencia chilena firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, que entrega mayor protección a las comunidades vulnerables”, afirmó Enrique Maurtua, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Chile asumió hoy oficialmente la Presidencia de la COP25 de parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt firmó el traspaso con Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención.

Acuerdo inédito en el mundo

En noviembre de 2018, 16 países suscribieron al Acuerdo de Escazú. Chile se negó a firmarlo, pese a ser el líder del proceso desde su inicio, en junio de 2012, durante el primero gobierno de Sebastián Piñera. Recientemente ingresado a la OCDE, la intención era destacar a nivel internacional con sus políticas de protección al medio ambiente. Pero ad portas de la resolución de La Haya por la salida al mar con Bolivia, el segundo gobierno de Piñera se negó a ser parte argumentado que afectaba a la soberanía.

El Acuerdo de Escazú representa varias innovaciones en temas de derecho ambiental e internacional. Por ejemplo, obliga a que los Estados adapten su legislación a mecanismos que permitan el acceso a la justicia en temas ambientales, como la creación de organismos estatales competentes, definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales.

Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental, en una región conocida por sus conflictos socioambientales y la muerte y persecución de defensores de la tierra.

Según un análisis del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, el Acuerdo establece una serie de principios ambientales que “crean mejores garantías para los derechos humanos y envía una señal a los Estados sobre su comportamiento futuro”.

Una de los novedades de Escazú es que garantiza el acceso a la justicia por denegación de información o por imposibilidad de participar en proceso de toma de decisiones, así como por “cualquier decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar negativamente al medio ambiente o contravenir las normas jurídicas ambientales”.

El acuerdo también tuvo una inusual participación activa del público, ya que fueron abiertas, a diferencia de lo que ocurre en las negociaciones climáticas, por ejemplo. Esto permitió, según el análisis del IDSR, aumentar la ambición y añadir dimensiones claves, como la obligación de una crear una lista de zonas contaminadas por tipo de contaminantes y ubicación y mecanismos que faciliten el acceso a la justicia.

Para que el acuerdo entre en vigencia, 11 países deben ratificarlo a través de distintas disposiciones internas. Hasta ahora, solo Guyana lo ha hecho. Bolivia finalizó los trámites legislativos hace unas semanas y se dispone a ser el segundo país.

Hace unas semanas, la Cepal llamó a que los países firmen y ratifiquen el Acuerdo, ante los “graves episodios de contaminación atmosférica que ha conocido América Latina y el Caribe”. El organismo regional con sede en Santiago aseguró que en la región existe “carencia de información, regulación y gestión ambiental, que impiden el adecuado desarrollo de nuestras sociedades y, particularmente, de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad”. Esta falta de conocimiento, aseguran, atenta contra el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

“La contaminación del aire se verá agravada en la región por el cambio climático, lo que constituirá una carga económica adicional para los sistemas de salud de los países”, agregaron, llamando directamente a que los estados enfrenten el problema a nivel local, nacional, regional e internacional. El Acuerdo de Escazú, dice la Cepal, es un instrumento fundamental para abordar la problemática de la contaminación del aire al proporcionar la participación informada en la toma de decisiones