Al finalizar el gobierno de Augusto Pinochet pocos imaginaron que los máximos jefes de los servicios secretos del régimen serían encarcelados (fueron los casos de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, autores intelectuales del crimen de Orlando Letelier, cometido en Washington).

Fue, a decir de Ascanio Cavallo, uno de los momentos más complejos y tensos del período. La sola presencia de Augusto Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército nos lleva a intuir la enorme presión desde allí emanada cuando Contreras y Espinoza no solo son procesados, también son condenados y finalmente encarcelados en Punta Peuco. Fue la segunda vez que Manuel Contreras y Pedro Espinoza, máximos jerarcas de la DINA, enfrentaron a la justicia.

El año 1978, por solicitud de Estados Unidos, fueron sometidos a un proceso de extradición en que el máximo tribunal chileno, la Corte Suprema —como es sabido, por entonces funcional a la dictadura— dijo no. El fallo estuvo viciado de comienzo a fin e impidió que los dos oficiales fueran procesados, probablemente condenados y, quizás, encarcelados. En dicha ocasión, ante la evidencia y presión de Estados Unidos, Pinochet no tuvo otra opción que aceptar someter a sus compañeros de armas a un juicio de extradición.

Intervino directamente, según se sabe, para negar dicha petición y, más aún, intercedió ante el presidente de la Corte Suprema para que el fallo no dejara ninguna puerta abierta hacia el futuro, cosa que no consiguió. La persistencia de la familia de Orlando Letelier logró que, una vez recuperada la democracia, se reabriera el proceso por el asesinato ocurrido en Washington el año 1976.

A quienes participamos de este episodio nos llamó la atención, desde el primer momento, la disposición por parte de algunos oficiales a pensar como un escenario posible la eventual condena de Contreras y Espinoza. Por lo mismo, en pleno proceso judicial se empezó a considerar y analizar, en conjunto con representantes del Ejército, a qué cárcel irían en caso de ser condenados.

No se trató de una negociación propiamente tal, pues desde el comienzo las conversaciones se hicieron sobre la base de que el recinto sería de Gendarmería, lo que provocaba una gran incomodidad dentro del Ejército, cuyo equipo, para estos efectos, fue liderado por el general Ballerino.

De acuerdo con sus estrategias de visualizar diversos escenarios, el Ejército consideró que la cárcel era uno de ellos. Por cierto, no el único. Prueba de ello es que la reapertura del proceso tensionó las relaciones cívico-militares. De manera pública, algunos; soterrada, otros, los distintos actores empezaron a tomar posición: la familia Letelier y sus abogados mostraron la firme decisión de llegar hasta el final en la persecución penal de los autores del crimen; el mundo militar, a través de diversos voceros en servicio activo correspondientes a altos grados, transmitió de manera pública que estos oficiales nunca serían condenados o, en el peor de los casos, jamás ingresarían a una cárcel.

El Gobierno, aunque tomó cierta distancia del proceso judicial, empezó a explorar escenarios en el caso de que estos dos exoficiales fueran condenados. Por último, las organizaciones de derechos humanos observaban con atención. En este contexto surge, luego del llamado «boinazo», la decisión de construir una cárcel segregada para recluir a violadores de derechos humanos como Contreras y Espinoza.

El viernes 28 de mayo de 1993, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, comandos del Ejército de Chile, por orden de Augusto Pinochet, se reunieron en las cercanías del Palacio de la Moneda, armados y con vestiduras militares de combate. El evento se denominó «boinazo» por las boinas negras de los soldados allí reunidos. La motivación directa fue el pago irregular de comisiones al hijo de Augusto Pinochet, tres días antes que este entregara el poder.

Para poner fin al conflicto, el general Ballerino, su principal asesor, se reunió en su casa con los ministros Krauss, Boeninger y Correa. Durante la reunión hizo consideraciones de carácter gremial y por primera vez planteó el tema de una cárcel especial para los militares condenados por delitos de derechos humanos. Le preocupaba especialmente el destino penitenciario de Contreras y Espinoza. ¿Qué significaba ello? Construir una cárcel para que estos condenados no tuvieran contacto con presos comunes. Lo que para unos era un tema de seguridad, para otros se trataba de estatus militar.

El proceso culminó con la construcción de la cárcel de Punta Peuco y con el encarcelamiento, en tiempos diferidos, de los ex jefes de la DINA, estando Pinochet en la Comandancia en Jefe. Entre actores e instituciones involucradas se encuentra Gendarmería de Chile, pues, de acuerdo con la ley chilena, es la única institución que puede recluir a condenados por la justicia.

De ser un actor de reparto en el proceso de transición, pasé a ser uno de sus protagonistas puesto que, por entonces, ejercía el cargo de director nacional de Gendarmería de Chile. Ofrezco entonces un relato, mi relato personal y por tanto no exento de interpretaciones, de lo que vivimos. Se titula Punta peuco: la historia desconocida.

No tengo otro objetivo que aportar, desde mi vivencia, a la formación de la memoria histórica. Me parece un imperativo central, para quienes fuimos actores de dicho proceso, compartir nuestras vivencias. La construcción de este penal ha estado desde el comienzo sujeto a controversias y diversas interpretaciones, que parecen estar lejos de extinguirse. Sigue siendo, por tanto un elemento vivo de la transición, que merece ser examinado desde todas las perspectivas.