La aprobación del gobierno de Sebastián Piñera es del 25%, la cifra más baja desde que se inició este mandato en marzo de 2018. Es claro que para el gobierno de los “tiempos mejores” y de un “Chile en marcha”, el nivel de cumplimiento en empleo, seguridad, inversión y desarrollo, está incluso por debajo de las propias expectativas de su propio sector. Su gestión no ha convencido ni a los más abanderados.

El 2018 comenzó con un gobierno que evadía la cancha legislativa para instalar por vía administrativa y una fuerte gestión de prensa, los pilares de su visión restrictiva del estado. Evidentemente ante la desventaja en ambas cámaras, el Ejecutivo no perdió el tiempo e inició el diálogo vía negociación con fuerzas políticas desintegradas al interior de la oposición, lo que le ha permitido, a la fecha, avanzar en proyectos emblemáticos, pero han generado el costo de evidenciar la posición dubitativa del ejecutivo que hoy es percibido como poco confiable (cifra que según la CEP crece de un 50 a un 66%) y débil frente a las presiones (68%). Por otro lado, la gestión del gobierno se ha caracterizado por una evidente incoherencia política y discursiva insostenible en el tiempo: mientras hablan de Admisión Justa, segregan; mientras ponen a “los niños primero”, excluyen a los menos favorecidos; mientras se refieren a la clase media, legislan para los súper ricos; mientras prometen empleo, baja la productividad.

La reciente Cuenta Pública no fue más que un discurso de promesas que terminó de asentar la posición de la ciudadanía sobre la administración de Sebastián Piñera: un 61% de las personas piensa que Chile está estancado y el gobierno no está pasando de curso en agendas como crecimiento económico, seguridad o empleo.

Frente a este escenario, uno esperaría autocrítica, humildad, y firmeza para liderar un cambio de timón que permita inaugurar un segundo tiempo. Lamentablemente, para el gobierno y para Chile, el cambio de gabinete vino muy por contrario, a reafirmar la incapacidad del gobierno de asumir el liderazgo de su propio sector y hacerse responsable de las condiciones en que el país se encuentra. ¿Hasta cuándo piensa el Presidente que puede echarle la culpa al empedrado? ¿Hasta cuándo le parece sostenible endosar la culpa de su fracaso a la oposición y los actores económicos internacionales? Lo que necesitamos es un gobierno capaz de gobernar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Hoy tenemos una tremenda responsabilidad como Frente Amplio. Con un gobierno sin liderazgo, fuerzas desarticuladas en la oposición, y nuestro sector con liderazgos valorados por la ciudadanía, somos nosotros quienes debemos asumir la tarea de ofrecer mejoras concretas a la vida de las personas y conducir la agenda política del país. Fuimos capaces de transformar el sentido común de la educación o la vejez y, de seguro, podemos volver a convencer a Chile de que la competencia, el miedo y la desconfianza no son la receta del buen vivir o del desarrollo.

Nacimos para eso. Para hablarle también al 80% de las personas que como nosotros, está en Fonasa y no en Isapre. Nacimos para ofrecer, frente a la incertidumbre del modelo, la seguridad de la vejez digna, de la educación como derecho, del trabajo no precarizado, de la salud sin bingo. Nacimos para acabar con la corrupción de quienes nos quitan las instituciones para ponerlas al servicio de los privilegiados y no de nuestra gente.

Este gobierno ya perdió la oportunidad de instalar grandes reformas y está a un paso de pasar del fracaso a la irrelevancia en la historia de nuestro país. Esas no son buenas noticias para Chile. Frente a esto, y mientras nos preparamos para gobernar, Revolución Democrática y el Frente Amplio debe asumir con más fuerza la responsabilidad de seguir construyendo mayorías transformadoras y propositivas, capaces de conducir los procesos políticos necesarios para la realización de las reformas estructurales que aseguren soluciones en seguridad, empleo, desarrollo y derechos.