Este 17 de mayo se conmemora internacionalmente el día contra la homofobia, transfobia y bifobia, fecha que llega en un contexto de alza de crímenes de odio en nuestro país. Sólo este 2019 los casos de violencia física contra la comunidad LGBTIQ+ han aumentado en un 44% en comparación a los años anteriores: cada seis días se produce, al menos, una agresión. Paradójicamente, hace sólo unos meses, se aprobó finalmente la ley de identidad de género.

Mas, nuestro aprendizaje es histórico. En este día tan importante cómo no recordar una de las primeras protestas públicas, la que además se dio en medio de la Unidad Popular. Su impacto se refleja en los titulares de la época: “Los raros quieren casarse”, sentenciaba la revista Vea. El periódico El Clarín fue mucho más incendiario: “Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas”. Hitos como estos nos dejan un legado para el presente; el horizonte de derechos para toda la sociedad jamás estará completo sin nosotres, sin nuestras reivindicaciones.

En marzo de 2012 el país se remeció con el asesinato de Daniel Zamudio. Tras su fallecimiento, el esfuerzo de su familia y de organizaciones sociales por hacer justicia decantó en la creación de la Ley Antidiscriminación, pero esta claramente ha sido una respuesta insuficiente, pues nos siguen atacando y asesinando en las calles. En junio de 2016, asesinaron a Nicole Saavedra, quien fue encontrada con claros signos de tortura en su cuerpo, después de haber sido secuestrada en el camino a su casa, sólo por ser lesbiana. Este 14 de febrero en Pudahuel vimos nuevamente como la lesbofobia actuó, a través de la brutal golpiza que dejó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Posta Central a Carolina Torres, de 24 años, quien se encontraba junto a su novia, Estefanía, celebrando el día de San Valentín. Carolina quedó con una fractura de cráneo y hemorragia interna. El escenario mediático fue distinto para Daniel, Nicole y Carolina, sin embargo, hay un hilo que les une: el odio contra las disidencias sexuales. Para la sociedad ser parte de la comunidad LGBTIQ+ es un crimen, que es castigado con golpizas y brutales ataques.

Pero la violencia no sólo se refleja en ataques físicos. Hace un par de años vimos cómo la derecha organizada junto la iglesia evangélica paseaban por Santiago y algunas ciudades del país el “bus de la libertad”, en un evidente ataque a la población trans, naturalizando el odio que vivimos cotidianamente. En Chile no ser parte del binarismo de género nos deja en una situación de desprotección, donde nuestras vidas importan menos por el solo hecho de no apegarse a la obligatoriedad de la heteronorma. La existencia de este movimiento, liderado por Marcela Aranda, no sólo atentaba directamente contra la población LGBTIQ+ del país, sino que además, bajo la consigna “con mis hijos no te metas", le negaba la posibilidad a niñes de recibir una educación sexual integral, que entregue información para enfrentar el alza alarmante de cifras de VIH, sífilis y otras ITS en Chile, así como también que sea una respuesta para enfrentar el embarazo adolescente, el acoso y el abuso sexual.

Todos estos crímenes de odio y avance del conservadurismo son las razones por las cuales necesitamos con urgencia un cambio estructural en nuestra educación. El año pasado, por estas fechas, nos encontrábamos en movilizaciones por una educación no sexista, dada la producción y reproducción de las lógicas violentas y discriminatorias que se generan dentro y fuera de nuestras salas de clases. No obstante, la respuesta del gobierno fue la presentación de reformas que no apuntaban a una transformación sustancial al modelo educativo, reduciendo nuestras demandas a medidas sancionatorias y superficiales, las que nuevamente llegan tarde para quienes sufrimos estas problemáticas. Hace un par de días el Ministerio de Educación presentó un Plan de Educación Sexual, pero este sólo amplía las orientaciones existentes a quinto básico y sigue dejando en manos de privados, bajo “sus convicciones y creencias”, la implementación de una educación que debiese ser un derecho para todas y todos.

Es necesario que avancemos como país, en diálogo con estudiantes y docentes, a planes y programas que se hagan cargo tanto de la prevención y concientización respecto a ITS y anticoncepción, como de la integración de las disidencias sexuales y construcción de formas de relacionarnos libres de violencia. Así, utilizamos la educación como una herramienta de transformación social y avanzamos a un país más democrático, donde el conservadurismo y la Iglesia no gobiernen nuestras vidas.