Desde su llegada al parlamento, en marzo de 2018, la diputada por el distrito 10, Natalia Castillo, rápidamente se hizo parte de la discusión de proyectos asociados a la infancia. De esta forma fue que durante su primer año parlamentario -integrando la Comisión de Familia de la Cámara- la legisladora de Revolución Democrática (RD) se involucró de lleno en la tramitación de la Ley de Identidad de Género (LIG) y otras demandas LGBTI.

La mencionada iniciativa finalmente fue promulgada el 28 de noviembre de 2018, constituyéndose como un día histórico para el país. Sin embargo, la diputada es enfática en que "no basta con las leyes que existen actualmente" y que "aún falta mucho por avanzar". "Tratamos de buscar aquellas materias que puedan contribuir a que la lesbofobia, transfobia y homofobia vayan retrocediendo y que vayan aumentando los derechos y la igualdad", asegura.

Avanzar en derechos y dignidad es precisamente lo que persigue el proyecto "Nada que corregir", que fue presentado este miércoles en el Congreso por Castillo y su par frenteamplista del Partido Humanista, Pamela Jiles.

—A fines de abril lanzaron la campaña "Nada que corregir" y ahora presentaron un proyecto de ley en la misma línea. ¿Qué pretende en concreto esta iniciativa?
—Con Pamela Jiles asumimos esta agenda como prioritaria y venimos trabajando hace un tiempo el proyecto #NadaQueCorregir, que fue presentado en la Cámara, con el apoyo transversal de distintos diputados y diputadas. La idea de este proyecto es que se considere como un tipo de maltrato intrafamiliar cuando los padres o quienes tienen a los niños bajo su cuidado, mediante acciones intenten corregir la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de un niño, niña o adolescente. ¿Y por qué? Porque los daños que puede generar este intento de corregir esos aspectos genera un daño tan profundo, que incluso los expertos lo asimilan a los daños que provoca la tortura. Entonces, después tenemos adultos que están durante mucho tiempo tratando de recuperarse de aquel daño que les hicieron cuando niños. Por eso creemos que es tan importante que esto sea considerado como una hipótesis de maltrato intrafamiliar.

Igualdad para adoptar

Este 8 de mayo en la Cámara de Diputados fue aprobado con 101 votos a favor el proyecto de adopción homoparental y lesbomaternal. Sin embargo, antes de que la iniciativa sea oficial y beneficie a numerosas parejas LGBTI, su tramitación aún debe completar otros pasos en el parlamento.

—¿Cuáles son las proyecciones respecto de la reforma a la ley de adopciones?
—Esto ya ingresó al Senado, tiene que ingresar prontamente a la Comisión de Infancia del Senado y esto debería tener una tramitación prioritaria. Nosotros hemos pedido al gobierno que le ponga la urgencia necesaria para que el proyecto pueda tramitarse. Además, en esa misma comisión se está tramitando el proyecto de derechos filiativos y sería muy importante que salieran juntos, porque son complementarios para asegurar los derechos de los niños y las niñas. Por un lado está el derecho a la adopción y también la posibilidad de que esa adopción la puedan realizar las personas sin discriminar por orientación sexual o identidad de género; y por otro, está el proyecto de derechos filiativos que es el que le da los derechos a los niños que ya son hijos de parejas homoparentales o lesbomaternales, mediante mecanismos como la fertilización asistida, en el caso de las mujeres.

—Parte de las comunidades LGBTI han reclamado por la presentación del proyecto del diputado Pepe Auth –que recibió tu apoyo-, porque pasaría por encima del debate sobre la adopción que lleva más de cinco años en tramitación. ¿Por qué se produjo este tope entre los proyectos?
—Yo me sumé a ese proyecto porque creemos que más allá de que efectivamente tiene que ser mejorado, la señal importante que tiene la iniciativa es su transversalidad y yo creo que eso es muy potente: en Chile ya exista un consenso de que las personas no pueden seguir siendo discriminadas y que los niños no pueden perder derechos por el solo hecho de ser hijos de una pareja homosexual. El proyecto tiene deficiencias y eso se va abordar de acuerdo a su tramitación. Ahora, yo coincido con las organizaciones en que el proyecto que aborda los derechos filiativos de manera mucho más completa es el proyecto del Senado. Sin embargo, ese proyecto llevaba varios meses durmiendo en el Congreso y de alguna manera haber presentado este proyecto favoreció a que el Senado lo pusiera en tabla y se tramite prontamente y por eso esperamos que tanto el proyecto de adopciones y el de derechos filiativos puedan salir juntos del Congreso.

—El Ejecutivo logró introducir un polémico artículo en la reforma a la ley de adopciones que indica que: “Si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente”, ¿cómo ves esto?
—La verdad es que el gobierno ocupó una técnica que es bastante cuestionable desde mi perspectiva. El gobierno perdió todas las indicaciones relacionadas con adopción homoparental en la Comisión de Familia y luego en la sala las repuso todas. Nosotros estuvimos votando cerca de dos horas y medias porque tuvimos que votar artículo por artículo todas las cosas en que el gobierno insistió. En la mayoría no lograron imponer su voluntad. Sin embargo, quedó un artículo que hay que eliminar. Ya he estado conversando con algunos senadores y senadoras que van a poner indicaciones para que ese artículo se saque definitivamente del proyecto, porque puede ser un mecanismo de presión al preguntarle a un niño qué prefiere, porque si es por eso le podemos preguntar si quiere padres rubios o morenos, padres que vivan en Las Condes o en La Granja y la verdad es que una de las gracias que tiene el proceso de adopción es que es ciego, así como cuando una tiene un hijo de la formal tradicional. Una no puede elegir al hijo que está esperando, por eso creemos que es importante mantener esa virtud que tiene el proceso de adopción y que no se presione a los niños de ninguna manera por una opción u otra.

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"Esperamos que el gobierno respete los acuerdos"

—Entiendo que aún queda la creación del "Protocolo de trato y registro para personas trans" para que esté operativa la Ley de Identidad de Género. ¿De qué actores depende que eso se concrete?
—La Ley de Identidad de Género quedó con plazos para efectos de generar el reglamento, y también para que ese reglamento entre en vigencia. El Ejecutivo tiene seis meses a partir de la promulgación de la ley para dictar los distintos reglamentos y luego el Registro Civil tiene cuatro meses para poder implementarlo. Nosotros estamos en permanente conversación con la Secretaría de Derechos Humanos, que es quien está a cargo de este proceso. Ya se nos adelantó que esto estaba pronto a salir. Así que estamos muy atentas y también las organizaciones están encima de esto, aportando insumos. Esperamos que este reglamento ya vea la luz y definitivamente las personas puedan acceder al cambio de nombre y sexo registral.

—¿Hay riesgos en que sea un ministerio de un gobierno de derecha el que lidere ese proceso?
—Sin duda que hay aprensiones, pero, en general, nosotras creemos y confiamos en que el gobierno va a cumplir su compromiso, en que este no va a ser un reglamento que intente torcer la ley que ya fue aprobada, porque es una ley que tuvo mayoría en el Congreso y que, además, es parte de un proceso de años donde pasó por todas las instancias legislativas posibles. Estuvo en la Cámara, en el Senado, en Comisión Mixta casi seis meses y se lograron acuerdos importantes. Entonces, esperamos que el gobierno pueda respetar esos acuerdos. Y si no, ahí va a estar nuestro rol fiscalizador muy presente.

—El gobierno anunció a inicios de este año una reforma a la Ley Zamudio. ¿Cómo se debería llevar ese proceso?
—Creemos que siempre cuando se está promoviendo una ley, tenemos que mirar a quiénes está favoreciendo y quiénes son los principales afectados por las vulneraciones de derechos. En eso, las organizaciones tienen una voz que es absolutamente indispensable a la hora de generar estas políticas públicas. Lo mejor sería que el gobierno abra esa conversación con las organizaciones de la diversidad, que son muchísimas, y que han logrado un nivel de estudio y especificación en cada materia que es un insumo muy rico para no considerarlo. Ahora, si el gobierno no quiere abrir esa discusión, nosotros de todas manera vamos a hacer ese trabajo con las organizaciones desde la diputación, y en caso de que el gobierno no incorpore la visión de las organizaciones, vamos a hacer todo lo posible para incorporarla mediante las indicaciones y que también ellos puedan ir personalmente al Congreso a entregar su visión sobre la reforma.

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—¿Qué otras demandas de la comunidad LGBTI te gustaría encaminar?
—Hay cosas urgentes aún pendientes, como los derechos filiativos, o cómo seguir evitando el maltrato. Pero, en general, todas aquellas iniciativas que vayan promoviendo el cambio cultura que tanto necesitamos: las que van en la línea de dejar de reproducir estereotipos de genero y las formas de discriminación en las escuelas, espacios más privados y, en general, en las instituciones, porque hay un importante número de personas LGBTI, especialmente trans, que están teniendo problemas en acceder a un trabajo.